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  • Sergio Aurelio Valenzuela Alarcón

Periodista fue sobreseída por la Fiscalía Militar y justicia ordinaria pide conocer de la causa

Por La Prensa Austral jueves 3 de septiembre del 2015
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En términos simples, la periodista Sandra de la Fuente Echeverría, no es militar, y si cometió algún ilícito debe ser la justicia ordinaria la que debe llevar el proceso en su contra. Así se traduce lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas que dio lugar a lo solicitado por abogado Juan José Arcos. Además, la justicia militar decretó el sobreseimiento total y temporal de los cargos de malversación de caudales públicos en contra de la profesional, lo que significó su detención, procesamiento y reclusión en el Regimiento Pudeto.

«A juicio de esta Fiscalía Militar instructora, no se permiten acreditar de manera precisa y determinada cada una de las operaciones en que tuvo participación la inculpada por lo cual no resulta completamente justificada la perpetración del delito que dio motivo a la formación de sumario”, establece la resolución dictada el pasado 19 de agosto.

A eso, se suma la resolución del Juzgado de Garantía que pidió a la Fiscalía Militar declararse incompetente respecto de la causa, y que remita los antecedentes a este Tribunal, de modo de remitir los antecedentes al Ministerio Público atendida la etapa procesal en que se encuentra la causa.

«Las resoluciones vienen a confirmar lo que siempre dijo mi representada, que era inocente, por lo que el Ejército, en particular, la fiscal militar, mantuvo detenida en una unidad policial a una mujer inocente (…) dicha situación amerita a nuestro entender sanciones administrativas e incluso penales, ya que un juez que omite sus funciones, recae en la prevaricación, y eso tiene sanciones penales», aseguró el abogado Juan José Arcos.

En la actualidad, la periodista se encuentra sometido a un proceso administrativo, toda vez que el Ejército ordenó «la baja» de la funcionaria, a lo que la mujer formuló un reclamo que se encuentra en etapa de resolución.

En todo caso, afirmó el profesional, “nadie le devolverá los 13 días que mi representada estuvo presa, si bien no en la cárcel, pero si privada de su libertad, por lo que evaluaremos eventuales acciones judiciales contra quien sea responsable”.