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Empresarios retoman problemática y se suma Austro Chile

Piden a gobierno que ley de calderas no rija en pequeños hostales y hospedajes de Magallanes 

Por La Prensa Austral lunes 16 de abril del 2018

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En materia de costo, esto significa un gasto aproximado de $500.000 por cada caldera, además de otros $47.000 correspondientes al derecho a inspección, en suma a otros $27.000 para concurrir a examen de operador de caldera (3 turnos) y el pago de $350.000 para que un profesional designado por el Servicio de Salud revise el funcionamiento adecuado de la estructura y cumpla con las normas establecidas.

Ayer en la edición de El Magallanes, dimos a conocer la gran preocupación que existe por parte de la Agrupación de Hostales y Residenciales de Punta Arenas frente a la proliferación de establecimientos informales de alojamiento en la región, los que además de no someterse al marco regulatorio actual que rige para este tipo de prestaciones -evitando con ello tributaciones regidas por ley-, ofrecen sus servicios a un costo ostensiblemente menor que además genera competencia desleal.

Pero los anteriores son sólo algunos de los aspectos que expuso la directiva encabezada por su presidente, Jorge Alvarado Ojeda, la vicepresidenta, Paulina Alvarez Labarca y el secretario, Manuel Parada Soto. Ello porque otro de los puntos sensibles en la reclamación tiene que ver con el alto costo que deben destinar los establecimientos de hospedaje -regulados- a la implementación de calderas, algo que no realizan quienes dan alojamiento en lugares no autorizados.

Certificación

Claro está, considerando las bajas temperaturas propias de la zona en invierno -que bordean en ocasiones los 5 grados bajo cero-, la Agrupación coincide en que la instalación de calderas es una necesidad imperiosa, por lo que no pocos socios han destinado en promedio hasta $8 millones para implementar calefacción central en sus establecimientos.
Sin embargo, en esta temática los ‘formales’ se enfrentan a la adversa instancia de que para que sus calderas puedan funcionar, deben contar con una certificación especial del Servicio de Salud. Ello significa un gasto aproximado de $500.000 por cada caldera, además de otros $47.000 correspondientes al derecho a inspección, en suma a otros $27.000 para concurrir a examen de operador de caldera (3 turnos) y el pago de $350.000 para que un profesional designado por el Servicio de Salud revise el funcionamiento adecuado de la estructura y cumpla con las normas establecidas.

La directiva remarcó en referencia a dicha situación, que los valores involucrados constituyen un costo monopolizado y abusivo. “Esos gastos no están al alcance de nuestros socios y menos aún, considerando que hemos tenido una temporada mala, debido a que nos hemos visto gravemente afectados por la competencia de establecimientos ilegales. Por lo tanto, pedimos que se revise esta normativa a fin de que se ajusten los costos a nuestra realidad, considerando que es de primera necesidad y no podemos prescindir de este servicio. Nos adherimos a la petición de Austro Chile del 21 de marzo de 2017, que se refiere a la solicitud de excepción a la normativa para Magallanes”, finalizaron.

Gremio turístico

Para el presidente de la Asociación Magallánica de Empresas de Turismo Austro Chile, Eduardo Camelio, lo indicado por la Agrupación tiene plena validez. “Hay que tener en cuenta que esta normativa se crea enfocada a las calderas a vapor y autoclaves -recipiente de presión metálico- que hay por ejemplo, en los hoteles, pero esa legislación se extendió para las calderas de agua caliente de cualquier medio a pequeño, obligándose a éstos someterse a la normativa y estar certificados, además de tener que contar con dos personas capacitadas para operarlas. Esto no tiene sentido, porque en el caso del uso domiciliario, estas exigencias no aplican. Supongamos que en mi casa tengo dos piezas que están publicadas en Air BnB. Ahí nadie me pregunta si la caldera está inscrita y ya ahí vemos que hay una asimetría. La ley tiene que ser pareja para todos y por eso, la regulación debería aplicarse sólo a las grandes calderas”, dijo junto señalar que esta problemática está en conocimiento del intendente Christian Matheson. “El, a diferencia del gobierno anterior que hizo oídos sordos, tomó nota y entiende que esta normativa es un exceso para la gente que está instalada formalmente”, indicó Camelio.