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Presidente de trabajadores municipales: “Yo creo que aquí es la Contraloría la llamada a pronunciarse por la operación”

Por La Prensa Austral miércoles 16 de mayo del 2018

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El presidente de la Asociación de Trabajadores de la Municipalidad de Punta Arenas (Astramupa), Jorge González Gallardo, exteriorizó su preocupación por la operación leaseback promovida por el alcalde Claudio Radonich, con miras a pagar las imposiciones adeudadas a los trabajadores de la Corporación Municipal, por 3.800 millones de pesos. Con esto se supone que el dueño de determinados bienes, en este caso el municipio, los vende a una sociedad de leasing (institución bancaria o financiera), quien los compra para darlos en arrendamiento con opción de compra al vendedor (municipalidad).

“Queremos manifestar que esta operación de leaseback no ha sido informada a los gremios de la Municipalidad de Punta Arenas, de lo que nos hemos enterado ha sido a través de los medios de comunicación o por medio de algún concejal que ha opinado respecto de este tema. Los trabajadores no hemos sido tomados en cuenta para emitir nuestra opinión en la materia”, remarcó.

Frente a lo anterior, el dirigente expresó su preocupación por el hecho que el municipio deba rebajar o sacrificar parte de su patrimonio, dos o tres edificios, para cancelar deudas de la Cormupa, cuando esta institución tiene personalidad jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, cuya finalidad es administrar los servicios traspasados del área educación, salud y atención al menor, que por lo cual, “nos estamos haciendo cargo de un gasto que no nos corresponde”.

Añadió que el leaseback es un instrumento creado para financiar proyectos nuevos que van en directo beneficio de la comunidad, por ejemplo, la compra de un terreno para la construcción de un edificio consistorial. En virtud de diversos dictámenes de Contraloría, se precisa que las corporaciones no son integrantes de la administración del Estado.

González Gallardo afirmó que con esta propuesta el alcalde pretendía que la municipalidad tenga que pagar un arriendo por sus propios edificios con opción de compra. Luego añadió que lo complejo de esta situación es que si no se cancela una cuota, la propiedad pasa inmediatamente al banco o a la institución financiera que se gane la propuesta pública. Por otro lado, acotó, se aprobó la Ley 20.922, donde se crea las plantas municipales, después de 20 años y eso hay que financiarlo. “Nosotros creemos que aquí todos los entes, tanto concejales, como las organizaciones gremiales sean municipales, incluso de educación, debieron haber debatido el tema y buscado todas las alternativas”, complementó.

Finalmente, sostuvo que la Corporación Municipal está en vías de declararse en quiebra y que mayor análisis no se puede hacer, pues el tema de fondo es que es el gobierno quien se tiene que hacer cargo hoy día de esta situación. “Hasta este minuto no hemos escuchado de una municipalidad que haya quebrado, pero si ocurre eso, ¿el gobierno va a dejar en la calle a los trabajadores, a los profesores o a los asistentes de la educación? Creo que no, el tema de fondo aquí es la fuerza política. Lo que hace el gobierno es el famoso ahorro fiscal o sea tratar que el fisco no gaste nada y le endose toda la responsabilidad a las municipalidades y eso no debe ser así porque la educación es pública”.