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Rechazan recurso de protección de ex jefa de gabinete de Boccazzi destituida por Radonich

Por La Prensa Austral sábado 13 de octubre del 2018

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El 14 de agosto, la sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas declaró admisible un recurso de protección interpuesto por Miriam Morales Castillo, quien se desempeñaba como jefa de gabinete del otrora alcalde Emilio Boccazzi Campos, y que el 17 de julio fue destituida por el actual edil Claudio Radonich, a través de un decreto firmado aquel día, alegando ella arbitrariedad e ilegalidad.

La funcionaria municipal, que trabajaba desde 2015 en un cargo de planta, del escalafón administrativo, grado 16º, el cual se adjudicó a través de un concurso público, fue objeto de un sumario administrativo, con la finalidad de determinar responsabilidades respecto de recursos públicos utilizados por trabajadoras de dicha repartición, para el traslado de familiares a Punta Arenas, desde otras zonas del país, siendo finalmente desvinculada y perdiendo su empleo.

Los hechos que motivaron la investigación interna en su contra se remontan a octubre de 2016, cuando el entonces concejal Andro Mimica, en el marco de una sesión ordinaria del Concejo Municipal, formuló una denuncia al entonces alcalde Boccazzi, siendo sindicada junto a otra trabajadora a honorarios de la Municipalidad de Punta Arenas, como autoras de un presunto delito de fraude en la obtención de subvenciones, luego de que a través de diferentes organizaciones comunitarias, habrían obtenido, en forma fraudulenta, pasajes aéreos a favor de familiares, y en perjuicio de la entidad edilicia.

La situación fue denunciada ante Ministerio Público, siendo Morales formalizada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas el 8 de febrero de este año como autora del presunto delito de fraude en la obtención de subvenciones, junto con la trabajadora Patricia Garay (a quien se le comunicaron los cargos el 19 de marzo), luego de que habrían conseguido con dinero de la entidad comunal la compra de pasajes aéreos para que sus parientes pudieran viajar desde la Región Metropolitana a Magallanes, sumando un detrimento por 612.290 pesos.

Pese a que la recurrente alegaba que la causa judicial se mantiene abierta, sin resultados, dejando absolutamente claro que de su parte no ha asumido responsabilidad alguna por el delito imputado, el pasado 30 de agosto estaba fijada una audiencia de suspensión condicional del procedimiento, donde la Fiscalía indicó que no era posible arribar a una salida alternativa en esta causa, ampliando el plazo de investigación en otros 70 días. Previamente, la Municipalidad de Punta Arenas había procedido a querellarse en su contra.

Sin embargo, este jueves 11 de octubre, en fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada magallánico integrada por los ministros Marta Jimena Pinto, Marco Kusanovic y el fiscal judicial Fabio Jordán rechazaron el recurso de protección interpuesto por la ex funcionaria municipal.

“En este caso no es posible visualizar una infracción a la garantía protegida, por cuanto se ha actuado por la autoridad administrativa dentro de sus facultades legales y la designación del fiscal instructor se encuadra dentro de lo previsto en el artículo 127 de la Ley N°18.883. Conforme a lo razonado, tampoco se verifica la presunta vulneración al derecho de propiedad que se reclama, ya que los casos en los que cesa la propiedad sobre el empleo son las causales legales que habilitan a la destitución de funcionarios, cuyo es el caso de acuerdo a lo previsto en el artículo 123 de la citada ley; de lo que deviene el rechazo de la acción cautelar incoada”, resuelve el fallo.