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Tras 12 días detenida en el Regimiento Pudeto recobró su libertad funcionaria civil del Ejército

Por La Prensa Austral miércoles 22 de julio del 2015
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Tras decretarse la libertad provisional de la funcionaria del Departamento Antártico del Ejército en Magallanes, Sandra Isabel de la Fuente, la fiscal militar Fabiola Silva Herrera precisó a los medios regionales que la libertad de la profesional había sido decretada el pasado martes, situación que no se habría concretado, a raíz de la tipificación delictual que pesa en contra de la periodista magallánica, quien admitió haber enviado una encomienda usando el nombre de la institución, costeando incluso la fianza por la falta cometida.

Luego de cumplir doce días detenida en el Regimiento Pudeto, la funcionaria civil fue liberada ayer, situación que -según la fiscal castrense- se debió a una resolución de la Corte Marcial.

“La semana pasada se sometió a proceso a la funcionaria civil de planta (refiriéndose a Sandra de la Fuente), a quien se le concedió la libertad, pero por el tipo delictual -que es la malversación de caudales públicos- dicha libertad tenía que ir en consulta a la Corte Marcial. Y esa instancia se pronunció hoy (ayer) reafirmando lo que esta Fiscalía ya había establecido el martes pasado, que era concederle la libertad”, afirmó Fabiola Silva, posterior a que la periodista recobrara su libertad, pasadas las 17,30 horas.

“La investigación continúa, la defensa de la señora De la Fuente presentó un recurso de apelación del auto de procesamiento, así es que la Corte Marcial va a tener que pronunciarse y después de eso continúa el sumario, puesto que hay diligencias decretadas que están enfocadas a determinar el monto real de lo malversado, porque lo que tenemos hasta el momento es sólo una pericia inicial y lo que falta es determinar el monto total de lo que fue malversado”, agregó la fiscal militar.

Consultada respecto a la sanción que pesa contra Sandra de la Fuente, la fiscal planteó que podría arriesgar una pena de 3 años y un día de reclusión, dependiendo del monto en que hubiera incurrido, que es que lo que falta precisar. “La malversación de caudales públicos superior a 4 UTM – que es lo que estamos investigando- tiene una pena superior a 3 años y un día de cárcel”.

La fiscal militar además se refirió a la competencia que le cabe a la justicia militar sobre personas civiles que se encuentran trabajando para el Ejército.

“En términos prácticos, ella es una militar sin uniforme (en alusión a la periodista procesada). Ella va a jubilar a los 20 años de trabajar para el Ejército, tiene el acceso a salud igual que nosotros. Tiene todos los beneficios de un militar. Lo que ocurre regularmente es que los empleados civiles por el rol que cumplen, normalmente no tienen acceso a disponer de fondos presupuestarios de dinero o de recursos del Ejército. Y en el caso de ella, sí tuvo acceso a determinados fondos, los que ella en su momento utilizó”, concluyó la titular de la Fiscalía en Magallanes.