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Tras las rejas quedaron cuatro profesionales por cultivo y tráfico de Cannabis sativa

Por La Prensa Austral viernes 14 de septiembre del 2018

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Carabineros decomisó 60 plantas de marihuana como resultado de un allanamiento a diferentes domicilios.

Un plazo de 90 días decretó la jueza Paula Stange para que el Ministerio Público sustente todos los antecedentes de una investigación que se inició hace seis meses por parte del OS-7 de Carabineros, la cual logró desbaratar una banda de seis profesionales que se dedicaban a cultivar y a comercializar Cannabis sativa, operativo policial que fue denominado como “Jardín de la Patagonia”.

Pasadas las 13,30 horas de ayer se llevó a cabo la audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, en la cual los imputados Pablo Andrés Vargas Saldivia, Elías Sebastián Bascur Martínez, Rodrigo Andrés Miranda Bozinovic, Mario Orlando Aguayo Peña, y Diego Esteban Cartagena Legue fueron formalizados por delitos asociados a la infracción a la Ley de Drogas.

Fueron cinco los domicilios allanados por personal policial durante la jornada del miércoles, en los cuales se encontraron alrededor de 60 plantas de Cannabis sativa, 422 gramos de marihuana a granel, dinero en efectivo y elementos propios para la comercialización y distribución de la droga, sustancia ilícita que fue avaluada en cerca de 10 millones de pesos.

Según explicó el fiscal Manuel Soto, el modo de operar de la banda estaba dividido en roles, donde dos de los imputados actuaban como financistas, arrendando distintos inmuebles en la ciudad, cambiando de domicilio de manera frecuente y reclutando a personas de su confianza, quienes se hacían cargo de los cultivos indoor, implicando aquello el tratamiento de las plantas, la fertilización, el regadío de las mismas y asimismo facilitaban el rápido cultivo para su posterior comercialización.

Asimismo, la interceptación telefónica habría sido clave para vincular a los seis involucrados, de los cuales quedó libre uno de ellos en el mismo cuartel policial. A raíz de aquello, el persecutor penal solicitó a la magistrada Paula Stange imponerle a cuatro de los cinco acusados la medida de prisión, mientras que a Diego Cartagena Legue las medidas de arresto domiciliario nocturno y arraigo regional, las cuales fueron decretadas por la jueza de garantía.