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“Causa indignación que tengamos que llegar a estas situaciones límites para que las autoridades actúen”

Por La Prensa Austral sábado 13 de abril del 2019

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Marcelo Gómez

marcelogomez@laprensaaustral.cl

Acasi tres semanas del cierre de la biblioteca pública Nº 6 de Punta Arenas, producto de la filtración de aguas servidas, provenientes del sitio aledaño a este establecimiento, la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Anfu), emplazó a las autoridades locales a plantear soluciones definitivas, como el cambio de edificio, considerando que el espacio actual no cuenta con las condiciones necesarias para su funcionamiento.

El presidente regional de Anfu Patrimonio, Gerardo Rosales, comenzó explicando que “hoy (ayer) se cumplen 15 días hábiles desde que se cerró esta biblioteca. Este espacio que era uno de los lugares privilegiados dentro de la cultura, y que también así lo entienden los usuarios, no sabemos cuando se va a volver a abrir nuevamente”.

Manifestó que el problema de las filtraciones es sólo una de las falencias, quizá la más grave, aunque no la única que está afectando tanto al inmueble al igual que a los funcionarios que allí trabajan. “Hay que tener en cuenta que esta es una situación que se viene reportando durante mucho tiempo. Las falencias de este inmueble son serias, lamentablemente no tenemos acceso universal, no tenemos la iluminación adecuada, hay circulaciones que no son las que corresponden y eso indudablemente afecta el servicio que entregamos”, dijo.

Entre algunos de los datos que Rosales manifestó con respecto a esta biblioteca es que ésta tiene alrededor de 40.000 visitas anuales y 12.000 préstamos de libros al año, sumando a las cerca de 150 beneficiados con capacitaciones que se atienden semanalmente en la sala que está en el segundo piso.

Preocupación por
los trabajadores

Uno de los puntos centrales que Rosales manifestó es que, junto con los problemas de la infraestructura, lo que les preocupa también como gremio son las condiciones en las que trabajan los funcionarios de este espacio, quienes deben acomodarse a un espacio que no tiene las condiciones óptimas para funcionar. “Lo que más nos preocupa como asociación es que esto afecta la labor y el trabajo que desempeñan nuestros colegas en esta unidad. Nosotros no sólo entendemos que tener un espacio habilitado es vital, porque además es un trabajo que sin duda no tiene parangones con respecto a otros servicios que entrega el Estado”.

Rosales rechazó además las declaraciones de la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Katherine Ibacache, quien hace unos días manifestó a este medio que la clausura de la biblioteca se debía a algo “tangencial” y que estaba pronto a solucionarse. “Tenemos que contradecir a la seremi porque esto no es un problema tangencial. Este es un problema que se arrastra por largo tiempo frente al cual nosotros como trabajadores y también la encargada de esta unidad, que es la coordinadora regional de bibliotecas públicas, Isabel López, han tomado parte hace largo rato. Nosotros hemos hecho saber las problemáticas a las autoridades de este servicio y es por eso que hoy día nos causa indignación que tengamos que llegar a estas situaciones límites finalmente para que se comiencen a articular las voluntades para dar una solución definitiva a esta unidad”, precisó.

Emplazamiento
a las autoridades

“Lo que demandamos como trabajadores es que el director del Servicio Nacional del Patrimonio, tome prontamente las decisiones tendientes a comenzar la gestión para arrendar un nuevo inmueble para esta unidad. Necesitamos saber cuándo y bajo qué condiciones nos vamos a ubicar en un nuevo espacio”, destacó Rosales y, además, según contó el funcionario, se mantuvieron conversaciones en conjunto con la coordinadora regional de Bibliotecas Públicas, Isabel López, quien señaló que tenía la claridad respecto de que es necesario buscar otro espacio.

El dirigente emplazó a otras autoridades regionales a comprometerse a dar respuestas concretas con respecto a cuáles van a ser los pasos a seguir con el inmueble ubicado en calle Chiloé. “Quiero dirigirme a la coordinadora regional del Servicio del Patrimonio, Paola Grendi, ya que esta última ha estado absolutamente ausente de este problema, como así también la seremi de Cultura, Katherine Ibacache, que ha señalado a medios de prensa que ella no tiene nada que ver con este servicio, algo que indudablemente nos descoloca y nos deja sorprendidos, porque si bien somos un organismo autónomo, dependemos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y ella es nuestro máximo referente en la región”.

El subdirector nacional del Sistema de Bibliotecas Públicas, Gonzalo Oyarzún, planteó una solución momentánea a los problemas de infraestructura, señalando que “primero que hay que entender, es que la biblioteca pública Nº 6 es un inmueble arrendado y, por lo tanto, nosotros podemos hacer mantenimiento pero no inversión sobre una propiedad privada, entonces son varias las gestiones que estamos haciendo, por un lado trasladamos a todos lo funcionarios a la biblioteca pública Nº 47 y estamos haciendo gestiones con el propietario para recuperar las condiciones que requiere un lugar de atención a público”.

La autoridad nacional destacó que si el propietario no llegase a realizar las reparaciones y habilitaciones necesarias simultáneamente buscarán opciones alternativas. “Todo esto es en el entendido de que se trata de un edificio temporal, porque se va a comenzar a construir la Biblioteca Regional de Magallanes, que debería demorar alrededor de dos años, nosotros vamos a trabajar lo más rápido posible para buscar soluciones a la problemática actual que está ocurriendo en este establecimiento”.