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52 presos muertos en un motín en una cárcel en el norte de México

Por La Prensa Austral viernes 12 de febrero del 2016

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El horror ha vuelto a México. Un salvaje motín en la cárcel estatal de Topo Chico, en Monterrey, ha golpeado en la frente a un país que vivía días de miel y rosas ante la llegada este viernes del Papa. 52 muertos, 12 heridos y la evidencia, otra vez, de que el sistema penitenciario mexicano está en manos del crimen han disipado las brumas y abierto una nueva crisis de seguridad. La revuelta, la mayor en décadas, tuvo como detonante el asesinato de un líder carcelario a manos de sus adversarios.

Su muerte derivó en un bárbaro ajuste de cuentas, en la que no hicieron falta los tiros. Bastaron las cuchilladas.

La prisión de Topo Chico, de 3.800 reclusos, fue en la madrugada de ayer jueves lo más parecido al infierno. Durante al menos dos horas, los internos tomaron el control del presidio y se enzarzaron entre sí como bestias. Los detalles de la matanza tardarán meses en aclararse. Las primeras versiones apuntan a que el enfrentamiento arrancó entre Los Zetas y el cartel del Golfo, las dos organizaciones criminales que controlan el presidio.

El detonante fue el intento de fuga de Jorge Hernández Cantú, “El Comandante Credo”, miembro del cartel del Golfo y uno de los cabecillas de la penitenciaría. Este narco intentaba supuestamente huir esa noche de la cárcel, pero en su fuga, siempre según versiones no oficiales, fue sorprendido y asesinado por sus adversarios, dirigidos por Juan Pedro Zaldívar Arias, alias “Z-27”, un conocido secuestrador que recientemente había sido trasladado a la cárcel.

La sangre llamó a la sangre. Un vendaval de venganza se apoderó del penal. Ante la absoluta inoperancia de las fuerzas estatales, la reyerta devino en una matanza. Los internos, según la versión oficial, prendieron fuego a la bodega de víveres y se enfrentaron cuerpo a cuerpo. No hubo tiros. Bastaron las cuchilladas. La cárcel, al menos en dos áreas, quedó en manos de los amotinados.

Ante el caos, las autoridades pidieron la intervención del Ejército, la Marina y las fuerzas federales. Los militares irrumpieron en las dependencias penitenciarias y, supuestamente, lograron sofocar la revuelta. Ninguna autoridad dio explicación de qué métodos emplearon para hacerlo ni si su intervención fue la causante de la mortandad. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, en su primera comparecencia por los hechos se limitó a señalar que la “tragedia” fue fruto de “la situación tan difícil en que se encuentran los centros penitenciarios”. A lo largo de la mañana, el gobierno estatal fue facilitando los nombres de los fallecidos, pero sin detallar las causas. Los informes forenses deberán determinar si hubo o no disparos.

El terrible desenlace del enfrentamiento convocó a cientos de familiares ante la puerta de Topo Chico. La incapacidad de las autoridades para darles una explicación mínima de lo sucedido prendió otro incendio.

El motín de Topo Chico, el mayor del que se tiene registro, vuelve a poner a México ante el espejo de sus cárceles. Con una población reclusa de cerca de 250.000 internos, el hacinamiento y la violencia son moneda común. Pero el mayor problema procede del despiadado dominio que ejercen los carteles, hasta el punto de que muchas penitenciarías se rigen a voluntad de las organizaciones criminales. Controlan las visitas, las drogas y los alimentos. Prestan el dinero y en caso de que no haya retorno, ejercen la violencia sin contemplaciones. Un ejemplo de ello fue la cárcel de Ciudad Juárez, que el Papa visitará este miércoles. Allí, las bandas llegaron a organizar hace pocos años carreras de caballos, ante el silencio cómplice de las autoridades.

Los intentos presidenciales para recuperar el control han sido tan constantes como infructuosos. La fuga de Joaquín  “El Chapo” Guzmán, por un increíble túnel de 1.500 metros, demostró este mismo año la enorme debilidad del sistema penitenciario.

Agencias