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China formaliza sus centros de reeducación para musulmanes

Por Agencias viernes 12 de octubre del 2018

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China ha oficializado sus campos de reeducación política para los sospechosos de extremismo en su provincia occidental de Xinjiang, donde habita la minoría uigur, de religión musulmana. Las enmiendas introducidas a una ley provincial contra el extremismo religioso contemplan que las autoridades locales utilicen “centros de instrucción vocacional” para “educar y cambiar a aquellas personas influidas por el extremismo”.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos acusaban a Pekín desde hace meses de retener en estos centros a centenares de miles de uigures para adoctrinarlos y “desradicalizarlos”. Según algunos cálculos, los reclusos podrían llegar a un millón, en una región de 24 millones de personas (la mitad de ellas, uigures).

Numerosos informes de esas ONG, de académicos y de periodistas, denuncian que los reclusos son detenidos arbitrariamente, sin ser acusados formalmente de ningún delito, y permanecen allí por periodos que pueden oscilar desde varios días a más de un año. Aislados de sus familias y sin acceso al exterior, son obligados, según estos informes, a declarar lealtad al Presidente Xi Jinping y a repetir canciones y lemas patrióticos o a renunciar a su fe. Algunos relatos denuncian torturas y suicidios.

En un discurso de duro tono contra la segunda potencia económica mundial, el Vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, declaraba la semana pasada que “los sobrevivientes de esos campos han descrito sus experiencias como un intento deliberado de Pekín de estrangular la cultura uigur y eliminar la fe musulmana”.

China siempre había rechazado rotundamente esas acusaciones. 

Educación ideológica

La provincia lleva a cabo “una campaña especial para eliminar las actividades terroristas de acuerdo con la ley”, insistió Hu, que no obstante reconoció que delincuentes “de poca monta” podían acabar en “centros de adiestramiento”.

La reforma de la ley precisa, en el artículo 33, que los “centros de formación y adiestramiento ocupacional y otros organismos de educación y transformación” educarán en la lengua nacional, el mandarín, “organizarán y desarrollarán educación ideológica contra la radicalización, acometerán rehabilitación psicológica y corrección del comportamiento para promover la conversión ideológica” de sus pupilos.

“El gobierno regional de Xinjiang no tiene poder, bajo la Constitución china, de legalizar detenciones en los centros de educación política”, algo para lo que sólo tiene competencias el Poder Judicial, puntualiza Maya Wang, de Human Rights Watch.

La ley enumera una serie de comportamientos sospechosos que pueden acarrear la detención. Dejar de ver la televisión o de oír la radio se considera ahora una “influencia extremista”. Se suma así a otras actitudes vetadas que ya recogía la norma, como “difundir el fanatismo religioso mediante barbas demasiado largas o la selección de nombres” para niños.

Batalla contra
la “halalización”

La norma también prohíbe los productos halal -confeccionados de acuerdo al precepto islámico- que no sean alimentos. “Generalizar el concepto de halal, expandirlo a áreas más allá de la comida y decir que algo no es halal para rechazarlo u obligar a otros a alterar su modo de vida laico” también se considerará una “influencia extremista”.

De esta prohibición contra los productos halal no alimenticios se hacía eco también la cuenta de WeChat, el WhatsApp chino, del Gobierno municipal de Urumchi, la capital de Xinjiang. Según esta cuenta, los mandos del Partido Comunista locales juraron “combatir una batalla decisiva contra la halalización”. La ciudad exigirá a sus funcionarios a partir de ahora que se expresen en mandarín -no en uigur, una lengua emparentada con el turco- en público y que crean en el marxismo-leninismo, no en ninguna religión.

China asegura que Xinjiang, que ha sido escenario de violentas tensiones étnicas en el pasado, es el objetivo de grupos separatistas radicales islámicos que buscan, mediante atentados, enfrentar al pueblo uigur con la etnia han, la mayoritaria en China. Pekín asegura que combate el terrorismo de acuerdo con el Estado de derecho y acusa a fuerzas “antichinas” de estar detrás de una campaña de desprestigio contra su política en esa región.