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Cristina Fernández acusa a Macri de persecución política

Por Agencias martes 14 de agosto del 2018
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Cristina Fernández volvió a los tribunales. A las 10 de la mañana, dejó un escrito ante el juez Claudio Bonadio, al que acusó de ser un “brazo de persecución” política en una nueva “estrategia regional para proscribir dirigentes que permitieron salir de la pobreza a millones de personas”.

Se comparó así con Lula de Silva, preso desde abril en Brasil en la víspera de una elección presidencial que lo tiene como favorito. Fernández de Kirchner se presentó por quinta vez ante Bonadio, esta vez en una causa por presunto cobro de sobornos.

El juez la acusa de ser la líder de una organización que desde el Estado montó un esquema de recaudación de dinero negro, aportado por las empresas que durante su gobierno se beneficiaron con millonarios contratos de obra pública.

La ex Presidenta llegó a media mañana a los tribunales federales de Comodoro Py, en el centro de Buenos Aires, y presentó un escrito ante Bonadio. Una hora después abandonó el edificio y volvió a su casa. No hubo militancia acompañándola porque ella lo pidió así. En abril de 2016, Fernández convirtió su primera declaración ante Bonadio, en una de las seis causas que enfrenta, en un gran mitin político. Sus seguidores montaron un escenario y desde allí habló a la multitud. Dijo entonces que era una perseguida política, los mismos argumentos que desgranó ayer por escrito. Pero esta vez puede ser diferente.

Esta nueva investigación se inició tras la difusión pública de ocho cuadernos manuscritos en los que un chofer del poder, Oscar Centeno, detalló los supuestos viajes que durante 10 años hizo con bolsos cargados de dólares producto de sobornos. Los cuadernos llegaron primero a un periodista del diario La Nación, que tras cuatro meses de investigaciones los derivó al juez Bonadio. Hace dos semanas, el juez ordenó una serie de detenciones que activaron una verdadera ola de delaciones cruzadas entre empresarios pagadores y ex altos cargos cobradores. Argentina está ahora ante una versión vernácula del Lava Jato brasileño de consecuencias políticas aún imprevisibles.

Los cuadernos de Centeno llevaron a la cárcel a ocho ex altos cargos, entre ellos el número dos del Ministerio de Planificación, a cargo de las obras de infraestructura financiadas por el Estado, y siete empresarios de la construcción acusados de pagar las coimas. Otros nueve empresarios están libres porque declararon como arrepentidos ante el juez, incluido Angelo Calcaterra, el primo del Presidente Mauricio Macri.

En un texto que publicó en sus redes sociales, Cristina consideró “ridículo hacernos creer que haya sido Néstor Kirchner quien organizó el sistema de cartelización de la obra pública a partir del 25 de mayo de 2003, en un país cuyo Presidente es Mauricio Macri”. La ex Presidenta recordó que Macri integra una familia que hizo fortuna desde los años ‘70 gracias a los negocios de sus constructoras con el Estado. El primo del Presidente, Calcaterra, ex dueño de Iecsa, reconoció ante el juez que pagó sobornos durante el kirchnerismo. Fernández de Kirchner dijo ahora que la “persecución juidicial” que padece es “sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional”, en época de dictadura militar.

Cristina Fernández puede ir presa porque sus fueros de senadora la protegen. Bonadio pidió al Congreso que se le retire esa protección, algo que no sucederá, al menos en el corto plazo. El peronismo, con mayoría de votos en la Cámara Alta, defiende la opinión de que los legisladores merecen los fueros hasta que haya una condena firme, algo que está lejos de suceder en el caso de Fernández. El impacto político, sin embargo, es enorme.

El año que viene hay elecciones presidenciales y la ex Presidenta no descartaba, al menos hasta ahora, ser candidata.