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Denuncian que política de Trump separó a más de 6.000 familias en la frontera

Por Agencias viernes 12 de octubre del 2018
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El número de familias separadas en la frontera por el gobierno de Donald Trump en el marco de su política de “tolerancia cero” es mucho mayor del admitido: según un informe publicado este jueves por Amnistía Internacional, asciende a más de 6.000 en cuatro meses.

La cifra, más del doble de la que se había dado, la ha obtenido Amnistía Internacional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Esas separaciones de más de 6.000 unidades familiares tuvieron lugar desde el 19 de abril hasta el 15 de agosto.

De ese número, además, están aún excluidas separaciones no registradas, como las de abuelos y otros miembros de la familia no inmediata, cuyas relaciones califican las autoridades de “fraudulentas”. La cifra de familias separadas por la administración Trump llega a 8.000 desde 2017.

“Estas escandalosas nuevas cifras indican que las autoridades estadounidenses informaron mal a la opinión pública del número de familias a las que había separado o bien que continuaron con esta práctica ilegal a pesar de sus propias declaraciones y de las órdenes judiciales para poner fin a las separaciones familiares”, manifestó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El documento revela además que la CPB aplicó desde la llegada de Trump a la Casa Blanca una política de facto de devolver a miles de personas que buscaban asilo en puntos de entrada oficiales a lo largo de toda la frontera con México.

Política de detención

Amnistía Internacional denuncia también que desde 2017, las autoridades aplican una política de detención obligatoria e indefinida de solicitantes de asilo, a menudo sin libertad condicional, durante la tramitación de sus solicitudes, lo que supone una detención arbitraria y viola la legislación estadounidense y el derecho internacional.

“La administración Trump está llevando a cabo una campaña deliberada de violaciones generalizadas de derechos humanos para castigar a las personas que buscan seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México, y disuadirlas”, concluyó Guevara Rosas.

Amnistía Internacional pide la implicación del Congreso estadounidense para poner fin a las prácticas que denuncia en su informe.