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  • María Antonieta Pérez Díaz

Graves violaciones a los derechos humanos ponen a Filipinas bajo la lupa de la Onu

Por Agencias sábado 13 de julio del 2019

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Arrestos y ejecuciones extrajudiciales son adjudicados al gobierno de Rodrigo Duterte.

Desde que Rodrigo Duterte asumió en 2016 la Presidencia del país asiático, se aprestó a cumplir su principal promesa de campaña: terminar con el narcotráfico. En su búsqueda, el miedo de la población ha crecido ante la posibilidad de convertirse en una víctima de esta guerra.

Crítica realidad es la que se vive en Filipinas: más de 20.000 asesinatos se han registrado en tres años, situación que los organismos internacionales califican como una “calamidad”. Todo esto, en una nación donde crece el miedo entre sus millones de ciudadanos bajo el mandato de un Presidente que alienta las ejecuciones para derrumbar el narcotráfico.

Lejos de las guerras y de los conflictos internacionales que afectan a otras regiones, el país y su Mandatario, Rodrigo Duterte, enfrentan una lucha interna, que ahora está bajo el escrutinio público internacional. La realidad de esta nación no es nueva y el mundo lo sabe. No por nada, el jueves, el Consejo de DD.HH. de la Onu decidió aumentar la presión hacia la región, ordenando un seguimiento profundo y la realización de un informe, algo parecido a lo que hizo recientemente con Venezuela la oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet.

No fue unánime su aprobación. Dieciocho estados votaron a favor, 15 se abstuvieron y 14 rechazaron la resolución -entre ellos Chile-, que fue reprobada desde Manila por considerarla “tan alejada de la realidad sobre el terreno”.

A fines de junio de 2016, Duterte juró como Mandatario y lo hizo con un claro objetivo: luchar contra el crimen y las drogas, una de las mayores preocupaciones de los filipinos por ese entonces. Para ello propuso, entre otras medidas, que volviera la pena de muerte a la jurisdicción de su país y además señaló que apoyaría a los efectivos policiales que mataran a narcotraficantes.

Con respecto a este último punto, las cifras son evidentes. En julio de este año, Amnistía Internacional (AI) registró más de 27.000 asesinatos en tres años, entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de mayo de 2019, de los cuales sólo 6.600 fueron reconocidos por la policía en operaciones en contra de las drogas.

Nicholas Bequelin, director regional de AI para el Sudeste Asiático, mencionó que la guerra que enfrenta Duterte “sigue como una empresa de matar gente a gran escala”. El último informe del organismo señaló que la llamada “guerra contra las drogas” se vive por toda la nación y que “miles de personas pobres, de las que se sospechaba de usar o vender drogas, fueron matadas por la policía y por otros desconocidos armados”.