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  • Juan Fermín Purralef Montalva

Iglesia Católica suma más de mil denuncias por abusos sexuales en Latinoamérica

Por Agencias jueves 21 de noviembre del 2019
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La Iglesia Católica de Latinoamérica ya es la protagonista de la “tercera ola” de casos de abusos de menores, tras la primera que se desató en 2002 en Estados Unidos, y la que siguió en Europa y Oceanía. Esa es la conclusión de la ONG británica Child Rights International Network (Crin), de referencia en la defensa de los derechos de los niños, en un informe de 70 páginas que publicó este miércoles en su página web (www.crin.org).

Es el primer estudio global del fenómeno en los 18 países de habla hispana del continente, más Brasil, que radiografía la situación en número de casos, legislación y respuesta de las instituciones. “El resultado más evidente es establecer la realidad de la escasez de datos, crear un punto de partida para que la Iglesia y los gobiernos empiecen a investigarlo. Sigue siendo un tabú, ha habido menos cobertura de los medios y falta una conversación pública sobre el tema”, resume Víctor Sande-Aneiros, uno de los investigadores.

Cuatro países son la punta de lanza en la ruptura del silencio: México (al menos 550 denuncias), Chile (243), Argentina (129) y Colombia (137). Entre los cuatro suman más de un millar de denuncias. Por el contrario, hay otros donde el problema oficialmente aún no existe, como Cuba, Ecuador, Honduras, y el más llamativo, Brasil, el mayor país católico de la región. En este caso concreto, no obstante, existe una referencia en la que nunca se ha profundizado: según recuerda el estudio, un informe interno del Vaticano en 2005 calculaba que uno de cada diez sacerdotes brasileños estaba implicado en casos de abusos, es decir, 1.700 curas. El informe explica que en estos países los medios no han emprendido aún trabajos serios de investigación, que suele ser el primer paso para que los abusos salgan a la luz.

“La lección que hemos aprendido de los países de todo el mundo es que un largo silencio puede presagiar los mayores escándalos de abusos. La ola de revelaciones en América Latina sigue creciendo y se espera que los grupos de sobrevivientes en países como Argentina y Chile inspiren a los de otros países de la región para alzar la voz”, explica el estudio.

La ecuatoriana Sara Oviedo, ex vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de la Onu y relatora de la Santa Sede en enero del 2014, opina que este informe “es un esfuerzo significativo para los activistas de toda América Latina, por su información sistematizada y por sus recomendaciones sirve para la estrategia que se está organizando para lograr que la Iglesia católica entregue a la justicia a los abusadores sexuales”.

Investigación de 2014

En 2014 Crin publicó otra investigación sobre abusos en la Iglesia a nivel mundial, y ya determinó que América Latina era una de las principales regiones a las que eran enviados los sacerdotes acusados de agresiones desde Norteamérica y Europa.

“Además, el número de denuncias era muy bajo en comparación con otros países con poblaciones católicas mucho más pequeñas, entonces quisimos centrarnos en una región donde todavía no se había producido un destape de revelaciones”, explica.

La primera constatación es el secretismo y la falta de transparencia que aún impera. Argentina, donde empezaron las denuncias en 2017, y Chile, en 2018, son los países de referencia. También, junto con México, es donde las víctimas se han organizado mejor y son más activas. En algunos casos se han incorporado a la red internacional Ending Clerical Abuse (Eca), la organización internacional de denuncia de estos abusos. Chile es el primer país de América Latina donde se ha pedido una comisión de investigación independiente, siguiendo el modelo de Australia e Irlanda.

En Argentina hay ahora mismo dos curas que están siendo juzgados, Nicola Corradi y Horacio Corbacho, acusados de abusar de casi una treintena de menores de edad sordos en el instituto Antonio Próvolo, de la provincia de Mendoza. Este caso, uno de los más graves conocidos hasta ahora, ha aumentado la visibilización del problema, pero no ha traído cambios significativos en la Iglesia católica, según la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico.

“La Iglesia Católica aparenta preocupación por las víctimas y dictaron protocolos de actuación y documentos, pero son medidas que responden al solo objetivo de seguir blindando la institución”, subraya Carlos Lombardi, abogado de la Red, que lleva 40 casos.

Encubrimiento

En otros países, como México, Guatemala (12 curas acusados) y Uruguay (44 denuncias que implican a 40 sacerdotes) ha sido la propia Iglesia quien ha dado datos, “pero oculta sistemáticamente la identidad de los acusados y no remite los casos a las autoridades civiles”, señala el informe. En respuesta, los jueces de algunos países, como Chile, han ordenado redadas policiales en oficinas eclesiásticas para acceder a documentos que pudieran servir como pruebas en procesos judiciales.

En México, la Iglesia Católica inició el año con una sacudida al hacerse pública una nueva denuncia contra un legionario de Cristo acusado de abusar de al menos ocho niños. Esto forzó a la institución a tener algunos gestos, como revelar que 157 sacerdotes han sido suspendidos en los últimos nueve años y 101, procesados ante la justicia eclesiástica. “A la Iglesia le interesa mucho cuidar su imagen. El Episcopado saca un número, pero no se sabe nada de ellos, no son localizables”, reclama el ex sacerdote Alberto Athié, referente en la lucha contra la pederastia clerical en su país.

Otro de los gestos fue crear una comisión para investigar los abusos, pero el grupo fue compuesto por “miembros incondicionales a la Iglesia”, denuncia Athié. “Aún hay mucho por hacer”, señala tras reconocer que la visibilización del problema ha mejorado, aunque asegura que es necesario “romper el pacto” de la Iglesia con las autoridades civiles “que no quieren dañar el equilibrio entre poderes”.

“Hay que reconstruir la verdad histórica de cada uno de los casos y llevarlos a la justicia. Es una cosa increíblemente difícil en México”. El informe de Crin subraya que es necesario poner en marcha órganos de investigación independientes, y pone énfasis en recordar que precisamente en Latinoamérica ya ha habido experiencias de entidades de este tipo en comisiones de la verdad para indagar en violaciones de derechos humanos en periodos de dictadura.

Pero queda mucho trabajo por hacer. La ONG BishopAccountability.org explica en el informe que los factores que han llevado a una difusión significativa del escándalo en otras partes del mundo, como las denuncias masivas de víctimas, la investigación por parte de la Fiscalía o comisiones gubernamentales, aún no se han puesto en marcha en América Latina.

En Colombia, el periodista Juan Pablo Barrientos, autor del reciente libro “Dejad que los niños vengan a mí”, asegura que las cifras de casos de pederastia en este país son mayores que las oficiales. “El cardenal Rubén Salazar dijo el 11 de marzo de 2019 que son más de cien los casos de sacerdotes pederastas y abusadores en todo el país; la Fiscalía General dice que sólo tiene 57 denuncias, pero mi investigación, basada en decenas de denuncias a las que he tenido acceso y después de entender la figura del Archivo Secreto y las dinámicas del derecho canónico, contradice esos números”, escribe en su libro, que han intentado censurar en varias ciudades como Medellín.

Manipulación de datos

El informe de Crin enumera las principales tácticas de encubrimiento que está usando la Iglesia: trasladar al acusado, culpar a las víctimas y a sus familias, y pagos secretos por su silencio. También se recurre a la manipulación psicológica, como en un caso en la Archidiócesis de Cali, en Colombia, en el que una psicóloga nombrada por la Iglesia había entrevistado a los niños y los había amenazado para que no siguieran adelante con su denuncia, diciéndoles que era un ataque contra la Iglesia, que irían al infierno y que perderían el juicio y acabarían en la cárcel.

En cuanto a la respuesta en el plano legislativo, ha habido una reacción positiva con la derogación de la prescripción en seis países: Nicaragua, México, El Salvador, Ecuador, Perú y Chile. Sólo en unos pocos hay obligatoriedad de denuncia y, en el caso opuesto más extremo, en Cuba existe la normativa más restrictiva: únicamente puede denunciar un delito sexual la víctima, su cónyuge, progenitores, hermanos, representante legal o persona que la tenga bajo su cuidado. El caso más asombroso se da en Venezuela y algunos estados de México, donde no es posible acusar a alguien de varios delitos sexuales si contrae matrimonio con la víctima.