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Justicia argentina condena por corrupción al ex Vicepresidente de Cristina Fernández

Por Agencias miércoles 8 de agosto del 2018
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El kirchnerismo vive un verdadero calvario judicial, madurado durante años en decenas de investigaciones. Un tribunal federal firmó este martes la primera sentencia de alta relevancia política, un disparo a la línea de flotación del movimiento que durante más de una década gobernó Argentina. Amado Boudou, ex ministro de Economía entre 2009 y 2011 y Vicepresidente durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido condenado a cinco años y 10 meses de prisión por corrupción.

Los jueces lo encontraron culpable en el “caso Ciccone”, un expediente que investigó el rescate poco claro de una imprenta en quiebra que obtuvo jugosos contratos para la emisión de billetes de 100 pesos. La condena a Boudou coincide con una semana negra para el kirchnerismo, acosado en los tribunales por la difusión de ocho cuadernos manuscritos con detalles de una supuesta red de cobro de sobornos a empresas dedicadas a la obra pública.

Boudou se ha convertido en el más alto cargo del kirchernismo condenado en una causa por corrupción. Los jueces encontraron probado que en 2010, cuando era ministro de Economía, intercedió para que la oficina de impuestos (Afip) levantara un pedido de quiebra contra Ciccone, la imprenta privada más importante del país, acorralada por una deuda millonaria con el fisco. A cambio, Boudou se quedó con el 70% de la empresa, según el fallo, a través del empresario Alejandro Vandenbroele, quien operó como su testaferro. En ese esquema, Vandenbroele se limitó a “acatar las órdenes” recibidas por Boudou a través de intermediarios. Tras el rescate, Ciccone consiguió el certificado fiscal que le permitió convertirse en la principal proveedora de billetes del Estado, por encima incluso de la Casa de la Moneda.

La “causa Ciccone”

La causa Ciccone se inició en febrero de 2012 con el testimonio ante la prensa de Laura Muñoz, ex esposa de Vandenbroele. La mujer dijo que su marido era un testaferro de Boudou y que la conexión entre ellos llegó a través de José María Núñez Carmona, amigo personal del ex Vicepresidente. Vanderbroele fue una pieza clave de la investigación porque estaba vinculado al fondo de inversión The Old Fund, que se quedó con la propiedad de Ciccone tras el fin de la quiebra, al menos en los papeles. Para los jueces, el verdadero dueño de la imprenta fue Boudou, algo que el acusado negó de plano en sus últimas palabras ante los jueces.

“Jamás negocie por mí o a través de terceros el 70% del paquete de Ciccone. El supuesto de cohecho no tiene asidero porque no existió”, dijo. Y luego se declaró un perseguido político. “Hay una cuestión de revancha de clase. También de aleccionar, para que nadie se atreva a cambiar las cosas. Los políticos que deciden transformar la realidad son perseguidos, primero en forma mediática y luego en los tribunales”, dijo.

Ascenso y caída

Boudou no es un político nacido del peronismo, pero consiguió un ascenso vertiginoso en la estructura del poder kirchnerista. Inició su carrera en la Anses, la oficina que administra el dinero del sistema jubilatorio, y previo paso por un cargo menor en un municipio de Buenos Aires saltó al Ministerio de Economía. A su cargo estuvo la nacionalización del sistema de jubilación privada (AFJP) que Carlos Menem había creado en los años ‘90. En 2009 y con 47 años, se convirtió en el compañero de fórmula de Cristina Fernández para la reelección. La dupla alcanzó el 54% de los votos, el mayor caudal electoral jamás alcanzado por el kirchnerismo.

La sentencia contra el ex Vicepresidente encuentra al kirchnerismo en su peor momento judicial. La semana pasada, el juez Claudio Bonadio ordenó 17 detenciones de ex altos cargos del gobierno de Kirchner y empresarios vinculados a la obra pública. El listado salió de ocho cuadernos manuscritos por el chofer del número dos del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, involucrado, según su empleado, en una red de cobro de sobornos en efectivo por sumas que pueden ascender a los 200 millones de dólares. La investigación costó la cárcel a varios ex cargos, pero también a los empresarios que realizaron los pagos a cambio de contratos millonarios. El nombre más relevante de la investigación es Angelo Calcaterra, primo del Presidente Mauricio Macri y desde el lunes imputado arrepentido de la presunta red.

Está por verse ahora hasta dónde escalará Bonadio en la cadena de responsabilidades. El 13 de agosto escuchará a Cristina Fernández de Kirchner, a la que el juez considera la cabeza de una posible asociación ilícita para apropiarse de fondos públicos. La ex Presidenta no puede quedar presa porque sus fueros de senadora la protegen, pero las consecuencias políticas de la investigación son aún imprevisibles.