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Lula da Silva seguirá en prisión tras un conflicto judicial por su liberación

Por Agencias lunes 9 de julio del 2018

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El líder del Partido de los Trabajadores se encuentra entre los favoritos para las elecciones presidenciales del próximo octubre.

Brasil vivió ayer un conflicto judicial por la liberación del ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, preso y condenado por corrupción. El juez de apelación Rogerio Favreto, del Tribunal Regional Federal-4, una corte de segunda instancia, ordenó ayer en la mañana su puesta en libertad urgente, pero su decisión no se llegó a ejecutar. El juez Sérgio Moro, responsable del caso Petrobras en primera instancia -y quien condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión-, dictó un auto en el que cuestionaba la competencia del magistrado que ordenó liberar a Lula. Un tercer juez, João Pedro Gebran Neto, responsable del caso Lula en segunda instancia, intervino y bloqueó la orden de excarcelar el ex Presidente. Pero Favreto insistió en su decisión ayer en la tarde y volvió a decretar otra vez la liberación del político. Le tocó al juez Carlos Eduardo Thompson Flores, el presidente del tribunal, solucionar el conflicto. Y Thompson finalmente decidió anoche mantener a Lula en la cárcel.

Favreto, que estaba de guardia en el Tribunal Regional Federal-4, aceptó la petición de habeas corpus presentada por diputados del Partido de los Trabajadores  para que el ex Mandatario abandonara la cárcel en la que se encuentra desde el pasado 7 de abril. El líder del Partido de los Trabajadores cumple una condena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y blanqueo de capitales por aceptar un tríplex de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora OAS por sus favores políticos.

El Tribunal Regional Federal-4, una corte de segunda instancia, inferior a la Suprema Corte, ya había negado peticiones de habeas corpus a Lula. Pero el juez Favreto -quien hasta 2010 formaba parte del Partido de los Trabajadores- argumentaba en su decisión que la pre-candidatura de Lula a las elecciones del próximo octubre (la candidatura oficial solo puede ser anunciada en agosto) es un “episodio nuevo” que afecta a su condición de preso, por lo que se debe permitir su plena libertad para que pueda cumplir la aspiración de participar de hecho en el proceso democrático. El ex Presidente encabeza todas las encuestas para las presidenciales de octubre de este año, aunque el Tribunal Superior Electoral podrá suspender la candidatura a partir de agosto debido a su condena en segunda instancia. Favreto señalaba también ilegalidades en la decisión de encarcelar al ex Presidente. En su opinión, existe una “ausencia de fundamentación”, por no haber respetado la posibilidad de presentar recursos a los que Lula aún tenía derecho antes de ser detenido.

Pugna judicial

El juez Sergio Moro, encargado de las investigaciones de la Operación Lava Jato en Brasil, sobre la trama de corrupción en la petrolera pública Petrobras, y enemigo número uno de Lula, puso en duda que el juez Favreto tenga potestad para ordenar la puesta en libertad del ex Presidente, cuando los tres jueces de ese tribunal ya habían decidido lo contrario. Y lo hizo desde Portugal, donde pasa sus vacaciones. “Es autoridad incompetente para sobreponerse a la decisión conjunta de los jueces del TRF-4 y de la corte Suprema”, escribió el titular de la Justicia Federal en Curitiba, en el Estado de Paraná, donde Lula está preso. Una fiscalía regional que actúa en la misma jurisdicción que el TRF-4 también se manifestó en contra. Tres expertos entrevistados por el diario español El País opinaron que el juez de guardia sí tenía poder para llevar adelante la decisión de excarcelar a Lula. Todo indica que este nuevo episodio va a incendiar la batalla jurídica que se estableció en Brasil desde que comenzó la investigación judicial del caso la Lava Jato en 2014.

El ex Presidente Lula ha agotado prácticamente la segunda instancia y sólo le queda acudir a los altos tribunales para revertir la condena. Sin embargo, una condena en segunda instancia ya es suficiente para impedir que una persona se presente a unas elecciones, según la legislación brasileña. Aun así, el Partido de los Trabajadores, que ha apostado en el discurso de que el ex Presidente es un preso político, insiste en su candidatura.

El País