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Papa Francisco aumenta control sobre los obispos en casos de abusos y encubrimiento

Por Agencias viernes 10 de mayo del 2019

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El Vaticano obliga a denunciar a los pederastas, da un año a las Diócesis para abrir cauces
a los afectados y pone a los arzobispos a investigar aquellas causas que implican a prelados.

El Papa Francisco ha dado este jueves un paso significativo para tratar de combatir una de las grandes crisis que enfrenta su Pontificado. Después de convocar en febrero a todos los obispos a una histórica cumbre antipederastia que decepcionó a las víctimas, después de imponer hace un mes normas de actuación de escaso alcance ante estos casos -sólo para el Vaticano, donde apenas hay niños-, ha dictado un documento con rango de ley que obliga a la Iglesia de todo el mundo a actuar con decisión.

Su motu proprio “Vos estis lux mundi” (“Ustedes son la luz del mundo”) impone el deber de denunciar ante las autoridades eclesiásticas los episodios de pederastia que se conozcan y también ante las civiles en el caso de que las leyes del lugar donde sucedan los hechos así lo exijan -aunque se mantiene el secreto de confesión-. Y estrecha, además, la vigilancia sobre los obispos y otros religiosos: el arzobispo investigará por mandato del Papa a los prelados denunciados, a quienes se podrá juzgar también por encubrimiento dentro de la Iglesia Católica porque el ocultamiento se equipara al abuso.

La nueva normativa, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, supone en la práctica -sobre el papel- una mayor protección y atención a las víctimas, que han sido muy críticas con la respuesta que la jerarquía eclesiástica ha dado hasta la fecha a una crisis que ha socavado gravemente la imagen de la institución y la ha obligado al desembolso de importantes sumas de dinero. La obligación de denunciar “sin demora” ya no dependerá del individuo, de su conciencia individual. El Papa lo convierte ahora en un precepto legal y universal para toda la Iglesia Católica a quien advierte de que, en algunos países, no basta con que el religioso que conozca un caso lo transmita a la autoridad eclesiástica. Hay que denunciar ante las civiles. “Estas normas se aplican sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos en cada lugar por las leyes estatales, en particular las relativas a eventuales obligaciones de información a las autoridades civiles competentes”, dice el texto.

Las Diócesis estarán obligadas a establecer en el plazo de un año un sistema “fácilmente accesible al público” para que cualquier persona pueda denunciar casos de abusos. Cada una el modelo que quiera, adaptado a su cultura y su idiosincrasia. Lo que sí se les impone a todos por igual es el deber de guardar la confidencialidad de los casos que les lleguen y se les prohíbe expresamente tomar “represalias o discriminaciones” contra quienes comuniquen casos de pederastia. También veta el Papa que se trate de silenciar a los denunciantes.

El documento supone un punto de inflexión en el control de los obispos abusadores y encubridores, que hasta ahora han gozado de cierta impunidad. Primero, porque Francisco equipara el encubrimiento al abuso -entendido como aquellas omisiones “dirigidas a interferir o a eludir las investigaciones civiles o las investigaciones canónicas, administrativas o penales”-. Pero también porque ordena que sea el arzobispo metropolitano -que se podrá apoyar en expertos laicos- quien lleve las investigaciones si el acusado de pederastia es un prelado u ocupa o ha ocupado un cargo de responsabilidad en la Iglesia Católica.

Juan Carlos Cruz: “el encubrimiento es igual de dañino que la agresión”

Después de la cumbre antipederastia que reunió a finales de febrero en el Vaticano a los líderes religiosos de todo el mundo, las principales asociaciones de víctimas de abusos criticaron la tibieza con la que se había abordado la cuestión y decepcionados, pidieron medidas concretas.

Juan Carlos Cruz, víctima de los abusos del sacerdote chileno Fernando Karadima y del encubrimiento del obispo Juan Barros, alaba que combatir la pederastia se haya convertido en “prioridad número uno” de este Pontificado y que se introduzca la obligación de denunciar, pero aún ve camino por recorrer. “Es importante que se denuncie a las autoridades locales”, señala.

En este punto coincide con la irlandesa Marie Collins, también víctima de abusos de un cura pederasta y que formó parte de la comisión del Vaticano para la protección de los menores, pero después de tres años en el cargo presentó su dimisión alegando que las propuestas quedaban en papel mojado cuando llegaban a los despachos de la Curia.

Collins ve lagunas en el nuevo documento: “Sólo se menciona que hay que reportar los casos dentro de la Iglesia, pero no se dice nada sobre reportar fuera de la Iglesia, a las autoridades civiles”, afirma. También echa en falta que no se mencionen castigos en el caso de que no se cumplan estas obligaciones de comunicar los casos.

Por otro lado, la irlandesa valora que se hable también de abuso de poder y que se pida que se escuche a las víctimas y sean tratadas con dignidad y respeto y que se les ofrezca asistencia y acogida.

Cruz, que se ha reunido con el Papa Francisco en varias ocasiones, celebra que el delito de encubrimiento tenga el mismo peso que el de abusos. “El encubrimiento es igual de dañino. En Chile los obispos han encubierto barbaridades”, dice. Sigue desconfiando de los prelados: “Los obispos, sobre todo los chilenos, le asienten con la cabeza (al Papa) y luego se van a sus diócesis y siguen haciendo lo mismo”, señala.