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Una investigación periodística pone en duda la imparcialidad de la operación Lava Jato

Por Agencias martes 11 de junio del 2019

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Un reportaje del diario The Intercept Brasil, del periodista estadounidense Glenn Greenwald, señala que el ex juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro, y el fiscal de la operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, intercambiaron mensajes de texto durante la investigación del caso, algo prohibido por la Constitución y el Código Penal brasileño.

La Lava Jato, que ha desencadenado procesos judiciales en varios países de América Latina, se caracterizó por unir el trabajo de un grupo de fiscales federales y del juez Moro en un solo equipo. Este aceleró las pesquisas y juicios que han condenado a un centenar de personas, entre ellas el ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple una pena de prisión en Curitiba desde hace un año.

Lo que revela The Intercept es que el actual ministro de Justicia orientaba las investigaciones del jefe de la Lava Jato, Deltan Dallagnol, para facilitar las condenas. The Intercept tuvo acceso a mensajes intercambiados entre los integrantes del proceso, enviados por una fuente anónima hace algunas semanas. Los archivos demuestran que Moro sugería fuentes, orden de las operaciones y tomaba un papel indirecto para coordinar los procesos que posteriormente juzgaría.   

El reportaje, firmado por Greenwald y otros dos periodistas, cuestiona la imparcialidad del hoy ministro cuando era responsable del juicio en primera instancia de varios casos de corrupción en Curitiba. Entre ellos, el del departamento de Lula en un balneario de São Paulo, supuestamente comprado con dinero de sobornos de la constructora Oas, que se benefició de contratos de Petrobras.

El reportaje destaca una conversación entre el juez y el fiscal sobre la decisión de romper el secreto de las grabaciones hechas con autorización judicial al ex Presidente Lula, que vincularon a la entonces Presidenta Rousseff justo cuando se creía que Lula iba a ser nombrado ministro, en marzo de 2016, lo que se interpretó como un intento del Partido de los Trabajadores de dar inmunidad parlamentaria al ex Mandatario durante la investigación judicial.

Departamento
de Lula

Moro también mantuvo conversaciones privadas con Dallagnol sobre el caso del departamento del Guarujá. El reportaje afirma que el fiscal no estaba seguro de la denuncia, especialmente después de una polémica rueda de prensa de septiembre de 2016, a la que Dallagnol llevó una presentación de Power Point en el que el nombre de Lula aparecía como blanco de varias flechas que le señalaban como el “maestro de una gran orquesta concertada para robar a la Hacienda pública” y “el comandante máximo” de la trama de desvíos de Petrobras.

Esto fue tema del intercambio de mensajes con Moro. “La denuncia está basada en muchas pruebas indirectas de autoría, pero no cabe decir eso en la denuncia y en la comunicación evitamos ese punto”, escribió el coordinador de la Lava Jato al juez. The Intercept afirma que dos días después de ese intercambio de mensajes, Moro respondió: “Definitivamente, las críticas a la exposición son desproporcionadas. Siga firme”.

Casi un año después de ese intercambio de mensajes, el juez Moro consideró que el ex Presidente Lula cometió los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero al ser el beneficiario de 3,7 millones de reales (cerca de 956.000 dólares) en sobornos indirectos de la constructora Oas, que reformó el tríplex para ofrecérselo al político a cambio de contratos de la petrolera estatal.

Pirata
informático

Los integrantes de la operación Lava Jato han respondido rápidamente a las revelaciones de The Intercept. El Ministerio Público Federal de Paraná ha informado en una nota de que sus miembros fueron víctimas de un ataque informático.

“La acción vil del hacker invadió teléfonos y aplicaciones de fiscales de la Lava Jato usados para comunicaciones privadas y de interés para el trabajo y se suplantó la identidad de algunos de sus integrantes. No se conoce aún la extensión de la invasión, pero se sabe que fueron obtenidas copias de mensajes y archivos intercambiados en charlas privadas y de trabajo”, afirmó el MPF.

Entre las informaciones obtenidas ilegalmente habría documentos y datos sobre estrategias e investigaciones en marcha, además de rutinas personales y de seguridad de los integrantes del grupo de trabajo y de sus familiares. Los fiscales han confirmado que mantuvieron a lo largo de los últimos cinco años “discusiones en grupos de mensajes sobre diversos temas, algunos complejos, en paralelo a las reuniones personales que les dan contexto”.

El Ministerio Público destaca que “muchas conversaciones, sin el debido contexto, pueden dar margen a interpretaciones equivocadas”. La fuerza también reclamó que The Intercept no hizo “ninguna solicitud de aclaración” antes de la publicación.