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Asesorías parlamentarias: continúan millonarios pagos de diputados por informes copiados

Por La Prensa Austral jueves 21 de junio del 2018

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El 5 de abril pasado, la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández (PS), recibió un informe de asesoría externa que había encargado respecto de la planificación urbana y la realidad de los migrantes en la Región Metropolitana. El documento tiene seis páginas -incluyendo la portada- y tres cuartas partes de éste corresponde a párrafos copiados exactos de ocho fuentes distintas en internet.

Todos los extractos escogidos por la autora del documento para armar el compilado están conectados por frases cortas que sirven de nexo entre los párrafos copiados de los varios sitios utilizados, que no tienen ni una sola palabra modificada ni tampoco se encuentran entre comillas, en la mayoría de los casos. Al final del texto se encuentra un apartado con la “bibliografía” utilizada de “referencia”, aunque sin mayor detalle. Esto le costó al Congreso $500.000.

Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL es la creadora del informe elaborado para la presidenta de la Cámara y que también vendió documentos para otros dos diputados PS, Daniela Cicardini y Raúl Leiva, los cuales tienen el mismo formato de compilado de trabajos realizado por otras personas y con contenidos que los propios parlamentarios y sus equipos podrían encontrar al googlear sin mayor esfuerzo.

Zúñiga no es una asesora desconocida: entregó facturas falsas para financiar campañas políticas de manera ilegal y fue investigada por el Ministerio Público y por el Servicio de Impuestos Internos, en el marco de los casos Penta y SQM.

Fernández, Cicardini y Leiva son parte de los 94 legisladores que registran haber solicitado informes de asesorías externas para su labor parlamentaria desde que se inició la actual legislatura, con un promedio de dos por diputado.

El Dínamo revisó todo el contenido incluido en éstos, detectando casos como el de los mencionados informes copiados hasta documentos de sólo cuatro carillas que no son más que un resumen de proyectos que se pueden revisar gratis en el sitio web de la Cámara de Diputados, como los elaborados por la Fundación Jaime Guzmán.

Todos los meses los parlamentarios reciben una asignación de $1 millón -acumulable con otros meses si no es usado- para el pago de informes a profesionales que no son parte de sus equipos estables, monto que fue reducido en marzo pasado luego de que se ampliara la dotación de parlamentarios y se debieran realizar recortes. El objetivo de éstos -según el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias- es contratar “asesorías especializadas en diversas áreas” para asistir a los legisladores en el ejercicio de su función.

Ciper y AhoraNoticias investigaron durante el año pasado el descontrol en el uso de las asesorías externas que existía entonces, donde se detectó decenas de informes plagiados y otros de muy baja calidad. A menos de uno año eso, y con la renovación de gran parte de los escaños de la Cámara de Diputados, la misma práctica sigue ocurriendo.

Las asesorías del gremialismo

Los informes que realiza la Fundación Jaime Guzmán (FJG) para los diputados de la Udi pueden dividirse básicamente en tres formatos. En el primer caso aparece el “Resumen de Sala”, que es una larga recopilación de los proyectos que están siendo discutidos, los cambios hechos en comisiones y las opiniones de los expertos invitados a éstas. En abril se presentó el primer documento, el que tiene 81 páginas.

El informe tiene, además, una conclusión de tres párrafos en los 18 proyectos resumidos y una recomendación sobre si votar a favor o en contra. 28 de los 31 diputados de la bancada gremialista pagaron por separado por este documento -con el mismo contenido para todos- alrededor de 500 mil pesos cada uno. Algunos pagaron $1 millón como el jefe de bancada Javier Macaya o $300 mil como Sergio Bobadilla.

En total, la compra de este informe significó $14.300.000 para el Congreso sólo en abril, pese a que los comités parlamentarios tienen asignaciones para “personal de apoyo” y “gastos operacionales”, montos que se determinan en relación al número de integrantes de cada bancada.

El segundo tipo de asesoría hecha por la FJG está destinado a las comisiones específicas que integran los legisladores. En muy pocas páginas, el documento incluye un resumen de las promesas hechas por el Presidente Sebastián Piñera en su Programa de Gobierno y los proyectos ad-hoc que están pendientes en una comisión legislativa. Cada uno de esos informes cuesta 700 mil pesos.

Sin embargo, el contenido de éstos puede encontrarse libre y gratuito en internet en un simple googleo, como el programa del Mandatario que está disponible por completo en su sitio web y los proyectos pendientes de cada comisión que tienen un apartado especial en el portal de la Cámara de Diputados.