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Contraloría ratifica ilegalidad por creación de AFP Argentum y fusión con Cuprum

Por La Prensa Austral viernes 12 de febrero del 2016
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La Contraloría General de la República (CGR) ratificó su opinión crítica a la autorización dada por la ex superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, a la creación de AFP Argentum y su posterior fusión con AFP Cuprum, operaciones realizadas por el grupo Principal y que le permitió a esta última obtener un beneficio tributario de $80 mil millones, informó El Mostrador.

En un dictamen publicado ayer, la entidad que dirige Patricia Arriagada -la misma que emitió el informe original de diciembre pasado- mantiene cada una de sus aprensiones con el actuar de la ahora ex funcionaria pública y descarta los cuestionamientos legales hechos por la ex autoridad y el grupo estadounidense.

Agnic había puesto en entredicho la competencia de la Contraloría para intervenir en ese asunto, al estimar que la materia analizada se encontraba dentro de sus atribuciones técnicas y que, además, estaba sometida al conocimiento de los Tribunales de Justicia. En tanto, Principal Chile Ltda. coincidió en la falta de competencia y en la improcedencia de emitir una “opinión jurídica” sobre el tema, argumentando que el caso era visto por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y que dicho informe había intervenido en aspectos de orden técnico y que contenía “una velada invitación a demandar la nulidad de las resoluciones”.

Por contrapartida en diciembre pasado la Contraloría había sostenido que a la luz de los antecedentes y normas legales indicados, en el proceso de formación de la nueva administradora de fondos de pensiones mencionada, no se acreditó el cumplimiento de las exigencias que al efecto fija el legislador. Esto, debido a que la definición legal de fusión supone la existencia de dos o más sociedades y que, en la especie, al momento de verificarse la fusión, sólo existía válidamente la AFP Cuprum S.A. y no la AFP Argentum S.A., por lo que esa figura no pudo operar conforme a derecho.

Ayer, Contraloría ratificó sus dichos. “Sobre el particular, cabe señalar que, efectuado el análisis de las alegaciones que formulan las entidades recurrentes, es posible sostener que no se aportan antecedentes de hecho o de derecho que no se hayan considerado al emitir el dictamen que se impugna”, dijo Arriagada.

“Como puede advertirse, de la normativa reseñada se colige que por mandato constitucional, a esta Contraloría General le compete ejercer el control de legalidad de los actos de la Superintendencia de Pensiones, ya que ésta es un organismo público integrante de la Administración del Estado. No obsta a lo anterior, que el inciso tercero del artículo 46 de la ley N° 20.255 someta a la Superintendencia a la fiscalización de la Contraloría General de la República exclusivamente en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos, pues dicha norma, en virtud del principio de supremacía constitucional, debe entenderse en armonía con su texto y, por ende, no puede limitar las atribuciones de control que la propia Carta Fundamental le entrega”, agregó la autoridad contralora, quien recordó que dicho criterio ha sido sustentado “reiteradamente por esta Contraloría General” en otros casos “tanto en relación con es superintendencia como con otros entes de naturaleza y regulación similar”.

“De este modo, procede ratificar que esta Contraloría General, al emitir el dictamen objeto del presente oficio, actuó en el ejercicio de las atribuciones fiscalizadoras que constitucional y legalmente tiene respecto de la Superintendencia de Pensiones”, dijo Arriagada.

Contraloría advirtió que el dictamen cuestionado por Agnic y Principal se refirió a las actuaciones administrativas de la Superintendencia de Pensiones, en tanto que el proceso que se sigue en sede criminal busca determinar si de dichas actuaciones se deriva responsabilidad penal, de acuerdo con el tipo de prevaricación citado, “de manera que las materias analizadas en una y otra sede no son las mismas”.

Finalmente, descartó que haya vulnerado la prohibición de informar a los parlamentarios que reclamaron ante Contraloría contra Agnic (Fuad Chahin y Patricio Vallespín, de la DC), atendido que una comisión investigadora de la Cámara de Diputados se encontraba en conocimiento del mismo asunto.