Necrológicas
  • Amina Rodríguez vda. de Molina
  • Rodolfo Antonio Godoy Huenteo
  • Fernando Muñoz Subiabre

Informe de la Onu sobre niños en el Sename critica accionar del Estado y de los jueces

Por Agencias martes 31 de julio del 2018
Noticias relacionadas

Compartir esta noticia
155
Visitas

Con afirmaciones “muy significativas” y “duras”, presentó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, el informe final del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el cual entregó su diagnóstico de los centros del Servicio Nacional de Menores (Sename), tras una serie de visitas en enero de este año y recopilación de información.

Las conclusiones, aluden a vulneraciones a los derechos de los menores por más de 40 años y critican fuertemente el actuar del Estado y el Poder Judicial.

“Durante el año 2017, se recogieron todos los antecedentes que existían escritos a la fecha, incluyendo el informe Jeldres de 2013, el informe de las propias cámaras de diputados en sus cámaras investigadores, informes del INDH, de la Corte Suprema y todos los que pudieran dar más conocimiento sobre la situación que pudiese estar ocurriendo”, explicó Larraín.

Así, también indicó que fue la muerte de Lissette Villa en un recinto del Sename en 2016 la que marcó una fuerte preocupación por la realidad de los menores del servicio, motivando distintos tipos de investigaciones, así también como la solicitud de intervención que hizo la diputada Claudia Nogueira al comité de la Onu.

El informe plantea, afirmó Larraín, que “el Estado de Chile es responsable por graves violaciones de los derechos enunciados en la convención -internacional sobre los derechos del niño-, considerando que el sistema de protección ha resultado de una amplia vulneración de miles niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo la tutela del Estado durante un largo periodo de tiempo. Habla de 40 años”.

Además, increpa al Estado por las condiciones de sobrepoblación y de los recintos, puntualizando que las residencias se encuentran “en estado crítico, existiendo un deterioro permanente de los centros, con reparaciones parciales y de mala calidad. Hay deficiencias de seguridad, como inexistencia de vías de escape y zonas de seguridad, extintores vencidos o inexistentes, escaleras en mal estado, falta de planes de evacuación, piscinas sin malla de seguridad, etc…”.

Así también, señala que el Poder Judicial es responsable de supervisar el avance de los programas de reintegración, pero que “la mayor parte de los jueces carecen de formación específica para evaluar dichos avances y se limitan en gran medida a supervisar la situación del centro (…) Las decisiones judiciales no determinan en muchos casos qué derechos han sido vulnerados, lo que no permite identificar para qué se interna y de qué debe recuperarse”.

En cuanto a la labor de los ministerios, el comité sostiene que, en base a relato de funcionarios, que falta coordinación con Educación, argumentando que el “sistema educativo no sólo no colabora, sino que, en ocasiones, es un obstáculo al no permitir flexibilidad para una atención específica a cada NNA con adaptaciones curriculares”, mientras que la coordinación y trabajo con la cartera de Salud sigue “siendo insuficiente y en la mayor parte de los casos los servicios públicos de salud no dan atención adecuada”.

En cuanto a financiamiento, culpa al Estado de mantener un modelo de financiación del sistema de protección que transfiere la responsabilidad de proveer los recursos necesarios a los organismos colaboradores “que operan según una perspectiva filantrópica y no de derechos”, además de tener un “sistema de subvención de los Ocas -organismos colaboradores- que incentiva la internación prolongada”.