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EDITORIAL

Acoso sexual en el quehacer académico

Por La Prensa Austral domingo 23 de junio del 2019
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Las movilizaciones estudiantiles del año pasado, estuvieron lideradas por el movimiento feminista a lo largo del país al interior de las universidades.

Las manifestaciones buscaron instalar en la agenda pública crear conciencia respecto de temas de violencia de género en todas sus formas, educación no sexista, acoso sexual y laboral, discriminación, hostigamiento y vulneración de los derechos de la mujer en nuestro país.

Y Magallanes no estuvo ajeno a este movimiento. Es así, que la Universidad de Magallanes enfrentó una prolongada toma de sus instalaciones debido a la falta de respuestas de las autoridades de dicha casa de estudios frente a una serie de denuncias por acoso sexual contra académicos. Al inicio de este año escolar, las alumnas del Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera pusieron en el tapete un hecho similar que tiene separado de sus funciones a un asistente de la educación.

En el ámbito legislativo, recientemente se dio un primer paso en esta materia, luego de que la Comisión de Educación concluyera la revisión en particular de las indicaciones a un proyecto de ley, incorporando la obligación de las instituciones de elaborar estatutos de denuncia y la creación de unidades especializadas que prevengan y sancionen estas prácticas. Así, de este modo, la iniciativa legal quedó en condiciones de ser analizada en Sala en primer trámite sobre acoso sexual en el quehacer académico.

La iniciativa establece que la creación de protocolos es obligatoria y la ausencia de ellos puede ser limitante para la acreditación. Asimismo, se dio como plazo un año para que se pueda elaborar este Estatuto una vez publicada la ley.

Sin embargo, queda pendiente definir si se aplicará también en el ámbito de la enseñanza media, por lo que es menester resolverlo durante el debate en particular, tales como las sanciones diferenciadas para el acoso no sólo en relaciones de dependencia de parte de autoridades, académicos, funcionarios o estudiantes sino también entre pares.

Ciertamente resulta valorable la iniciativa, pues viene a cubrir así un vacío existente en la legislación actual para sancionar este tipo de conductas.

Los espacios educativos y laborales merecen ser respetados, promoviendo de esta manera los derechos de todos y todas las integrantes de una comunidad educativa, manteniendo los ambientes libres de discriminación y violencia de género, conforme al protocolo de actuación que tiene la obligación de elaborar cada casa de estudios superiores.