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EDITORIAL

Aumento de penas para delitos de cohecho y soborno

Por La Prensa Austral jueves 22 de noviembre del 2018
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Con el gobierno de Piñera enfrentando una crisis intestina a raíz de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca y la decisión del intendente de La Araucanía de dimitir, parece que no hubo ánimo para hacerse cargo de la promulgación de las modificaciones efectuadas al Código Penal y otras normas para perseguir de mejor manera los actos de corrupción.

Así, sin mayor aspavientos, en la víspera se promulgó esta ley que eleva las sanciones para los delitos de soborno y cohecho. Esto, pese a que esta iniciativa nació de una moción parlamentaria y dos de los ex senadores que la impulsaron son hoy ministros de Estado: Alberto Espina (RN titular de Defensa) y Hernán Larraín (Udi, al frente del Ministerio de Justicia).

Este último quiso restar importancia a la falta de pomposidad, para centrarse en que, con o sin una promulgación muy vistosa, se ha dado un paso importante como país.

La llamada Ley Anticorrupción aumenta las penas a delitos funcionarios como la malversación, el fraude al fisco, la negociación incompatible, el cohecho nacional y transnacional, entre otros.

También tipifica la corrupción entre privados, ampliando la responsabilidad penal de las empresas, tanto como la administración desleal e incorpora cargos por cohecho sin prestación. Esto es importante pues para que se configure el ilícito no es necesario comprobar una contraprestación como consecuencia del pago recibido por el funcionario público.

En la última década, quedó totalmente al desnudo que la corrupción y los actos reñidos con la probidad han permeado a todas las instituciones tanto públicas como privadas. En este contexto, sólo queda esperar que la ley 21.120 aporte a prevenir los actos antiéticos, pues trae, para algunos, un contundente Estatuto Anticorrupción, exigiendo elevados estándares éticos al sector público como al privado y estableciendo sanciones duras para las autoridades que lo transgredan.