Necrológicas
EDITORIAL

Cambio a las sanciones de los delitos por injurias

El 11 de junio pa-sado, la Corte Su-prema ratificó la sentencia original por injurias vertidas en contra de un ex diputado en un semanario capitalino durante 2013. Ello, luego de rechazar un recurso de nulidad interpuesto contra el dictamen del Tercer Tribunal de Garantía de Santiago en abril de este año.
[…]

Por La Prensa Austral martes 23 de junio del 2015

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El 11 de junio pa-sado, la Corte Su-prema ratificó la sentencia original por injurias vertidas en contra de un ex diputado en un semanario capitalino durante 2013. Ello, luego de rechazar un recurso de nulidad interpuesto contra el dictamen del Tercer Tribunal de Garantía de Santiago en abril de este año.
Esto derivó en la condena a dos profesionales de dicho medio de comunicación -di-rector y periodista- a 540 días de prisión menor.
La sanción se condice con el actual ordenamiento legal del país, dado que el Código Penal contempla este tipo de penas.
No obstante, este caso motivó que el Colegio de Periodistas de Chile se pronunciara cuestionando el accionar del máximo tribunal de justicia y solicitando que haya un cambio de la legislación que regula y determina las sanciones de los delitos por injurias.
Nadie cuestiona los motivos que tuvo el afectado para interponer una querella de la cual derivó la referida condena ni su legítimo derecho a usar los instrumentos y procedimientos que tiene la justicia chilena.
Más bien, la crítica pasa por el propio ordenamiento legal del país, pues lo dispuesto por el Código Penal en el caso de los delitos de injurias respecto del ejercicio periodístico y de los medios de comunicación claramente atenta contra lo establecido por la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (Oea).
La postura del Colegio de Periodistas de Chile sostiene que aplicar el Código Penal y cruzarlo con el derecho a la libertad de expresión no sólo contraviene la referida norma internacional. Expone que no se deben inhibir ni restringir las labores propias del periodismo que son la investigación y la difusión de antecedentes e informaciones de interés público, so pretexto de las leyes que resguardan la privacidad.
Claramente, la aplicación de penas de presidio en ciertas situaciones que determina la ley sólo desalienta el periodismo de investigación, tan necesario para la salud y desarrollo de una sociedad democrática, pues éste permite develar actuaciones oscuras y casos de corrupción y falta a la probidad, tal y como ha quedado meridianamente expuesto con los casos Penta, Soquimich, Caval, entre otros.