Necrológicas
EDITORIAL

Caso Nova Austral: una investigación más que necesaria

Por La Prensa Austral domingo 14 de julio del 2019

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Un fuerte remezón sacude los cimientos de la empresa salmonera Nova Austral, de capitales noruegos, la más importante de su rubro en Magallanes, luego de que el gobierno decidiera intervenir frente a una investigación preliminar que dejó al descubierto fallas en la contabilidad de la mortalidad de peces que la compañía admitió haber tenido en su reporte para el último ciclo de producción.

La manipulación de datos habría ocurrido con el objetivo de evitar multas, mantener sus utilidades y su cartel de empresa “green” (sustentable y amigable con el medioambiente).

La primera medida del gobierno provino del ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, luego de recibir información de parte de la directora nacional de Sernapesca, Alicia Gallardo Lagno, quien dio cuenta de diversas irregularidades presuntamente cometidas por la empresa en el marco de una investigación iniciada 14 días antes y que destapó El Mostrador. Como efecto inmediato, el Servicio Nacional de Pesca interpuso tres denuncias en contra de Nova Austral, ante los Tribunales, Fiscalía Nacional y Superintendencia de Medio Ambiente, mientras que Fontaine sentenció que “no nos temblará la mano para hacer cumplir la ley”.

El primer coletazo al interior de la compañía investigada, fue la remoción de sus dos principales ejecutivos. Y sobre la marcha se conoció que la organización internacional Aquaculture Stewardship Council decidió suspender a la empresa la licencia de uso de logo, que en la práctica opera en el mundo de la salmonicultura como una garantía de sustentabilidad.

Estamos recién en el inicio de una investigación que se realiza en tres frentes y que coincide con toda la controversia que ha generado la instalación de la empresa en aguas del canal Beagle, donde proyecta explotar cuatro concesiones.

Un dato no menor son los 111 mil millones de pesos que desde 2001 ha recibido la firma salmonera del Estado chileno al amparo de la Ley Navarino, beneficios que también comienzan a ser cuestionados.

Ciertamente en este escenario las instituciones fiscalizadoras están llamadas a funcionar, ya que de comprobarse la gravedad de los hechos denunciados, ello infringiría severamente la normativa sanitaria establecida para la operación de los centros de cultivos salmonídeos.

En este caso hay muchas cosas en juego, por lo que importa que la investigación sea a fondo, lo más rápido posible, para que salga a la luz pública toda la verdad, y se sancione a los responsables, ya que las malas prácticas en esta industria ponen en peligro los pasos sustanciales que se han logrado para avanzar hacia una acuicultura sustentable.

Catastrófico sería dañar la imagen internacional de Chile en este negocio, cuyo costo repercutiría fuertemente no sólo al país, sino que directamente a la economía de Magallanes, en particular a la población de Porvenir, donde el 50 por ciento de la mano de obra gira en torno a Nova Austral, cuyo impacto -frente a un eventual cierre- sería devastador.