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EDITORIAL

Condena a israelí por incendio en el Parque Nacional Torres del Paine

El cuestionamiento ciudadano a diversos organismos e instituciones del Estado toca también al ámbito de la Justicia, no sólo por lo que se ha caricaturizado como “la puerta giratoria” y la crítica al sistema que se considera demasiado garantista respecto de los derechos de los delincuentes y transgresores de la ley. También la ciudadanía se siente sorprendida por actuaciones de los magistrados que se basan en verdaderos resquicios legales para dejar en libertad o reducir penas (como el caso de la colusión de las farmacias) y por dictámenes que no se perciben proporcionales al daño objetivo que se ha causado.
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Por La Prensa Austral jueves 6 de agosto del 2015

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El cuestionamiento ciudadano a diversos organismos e instituciones del Estado toca también al ámbito de la Justicia, no sólo por lo que se ha caricaturizado como “la puerta giratoria” y la crítica al sistema que se considera demasiado garantista respecto de los derechos de los delincuentes y transgresores de la ley. También la ciudadanía se siente sorprendida por actuaciones de los magistrados que se basan en verdaderos resquicios legales para dejar en libertad o reducir penas (como el caso de la colusión de las farmacias) y por dictámenes que no se perciben proporcionales al daño objetivo que se ha causado.
Tal fue la sensación que, al menos en gran parte de los magallánicos, generó la sentencia emitida en torno al caso del incendio del Parque Nacional Torres del Paine, provocado el 27 de diciembre de 2011. Este ha sido el siniestro forestal más extenso registrado en Chile con 17 mil 600 hectáreas afectadas.
Pese al inmenso despliegue de hombres y recursos, recién el 29 de febrero de 2012 el gobernador provincial de la época informó que las llamas estaban prácticamente controladas, al censarse sólo algunos puntos calientes al interior del parque. Pero, fue el 8 de marzo de dicho año cuando Conaf declaró que el incendio estaba oficialmente extinguido.
Las investigaciones y la justicia determinaron que el ciudadano israelí Rotem Singer fue el responsable de esta catástrofe, pero hasta la sentencia de segunda instancia (Corte de Apelaciones) se le sancionó sólo obligándolo a llevar a cabo un plan de reparación en parte del daño ambiental causado.
Es, por ello, que lo resuelto por la Corte Suprema -al acoger el recurso de casación en el fondo interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado-resultó bastante más acorde al tremendo im-
pacto medioambiental y económico que tuvo el accionar irresponsable e imprudente del joven. Así, el máximo tribunal condenó al ciudadano israelí a pagar una indemnización, cuyo monto aún debe determinarse y que se espera sea significativo, mucho más que los 4,5 millones de pesos que el joven entregó a Conaf para subsanar los inconvenientes generados por el incendio.