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EDITORIAL

Despidos en el aparato público (I)

Por La Prensa Austral miércoles 8 de agosto del 2018
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Desde que asumió este gobierno, las agrupaciones gremiales de trabajadores han estado alerta frente a lo que han denominado “despidos masivos” de funcionarios de la administración pública.

Por su parte, el nuevo gobierno ha denunciado una sobre dotación en diversos ministerios y servicios y contratos millonarios que han favorecido a personas, no todas profesionales, que han sido adosadas vía desarrollo de determinados proyectos o, derechamente, cumpliendo funciones ya delegadas en otros funcionarios públicos.

Igualmente, se ha esgrimido que recibieron las arcas fiscales deprimidas con un alto nivel de endeudamiento y que se requiere realizar un ajuste en las finanzas, determinando recortes presupuestarios, alentando el ahorro y reduciendo el número de funcionarios del Estado, entre otras medidas.

A nivel nacional, el número de despidos alcanzaba a las 700 personas hasta el mes pasado y, en la zona, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) informó que se han desvinculado a 15.

Es importante que haya una revisión de las plantas de funcionarios y que, entendiendo que cada gobierno tiene el derecho a incorporar a personas afines ideológicamente en ciertos cargos de confianza, no se siga dando paso a cambios radicales cada cuatro años.

Los cambios de gobierno no deberían ocasionar mayores trastornos en el aparato público, pues dichos procesos terminan inmovilizando importantes áreas de trabajo y afectando avances estratégicos. Igualmente, las indemnizaciones y los posteriores juicios laborales tienen costos millonarios asociados a estas desvinculaciones.

En el actual caso, se espera, primero, que haya meridiana claridad respecto de cuál es política gubernamental y a cuántos funcionarios afectará; segundo, es menester que, detrás de un contrato rescindido, haya una evaluación objetiva del desempeño del profesional y que no se registren situaciones arbitrarias ni abusivas.