Necrológicas
  • María Bernilda Díaz Oyarzo
EDITORIAL

Dudas razonables en caso Zona Franca

Por La Prensa Austral lunes 30 de mayo del 2016

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Con la instrucción de la Contraloría General de la República de iniciar negociaciones para zanjar las discrepancias surgidas con la administradora de la Zona Franca o, en caso contrario, derivar los contenciosos a la justicia para su definición judicial, el intendente Jorge Flies dio curso a tal proceso negociador y, con fecha 21 de abril de este año, suscribió un preacuerdo.
Su contraparte es el gerente de la Sociedad Rentas Inmobiliarias Limitada y con la firma de ambos se establece que el preacuerdo “es completo y suficiente para dar por superadas las divergencias mantenidas a la fecha”, en cuanto al monto y plazo del plan de inversiones comprometido por la empresa, la determinación de los pagos anuales del 28% desde 2007 a 2014 y la acreditación  de la reinversión del 6% de los ingresos brutos anuales para el primer y el segundo trienio del período concesionado.
Es decir, se dejan saldadas las millonarias deudas que, según la comisión de control y seguimiento del acuerdo y la propia Contraloría General de la República, mantenía la administradora de la ZF. Paradojalmente, lo convenido obliga a la intendencia a devolver dineros cobrados.
El preacuerdo abunda aún más en el saneamiento del contencioso, ya que también establece que los hechos que motivaron la negociación “no constituyen causal suficiente para iniciar los procedimientos correspondientes para que sea declarada la terminación anticipada o caducidad del Contrato de Concesión, en tanto se dé cumplimiento por parte de la concesionaria de los compromisos adquiridos en este acto”.
Al momento de suscribirse este preacuerdo, el texto del mismo no fue de conocimiento público, siendo que la Zona Franca es un recinto público creado por una ley de excepción que busca generar mayor crecimiento y desarrollo para la gente y la economía de Magallanes.
Al tener acceso a él, sin embargo, quedan expuestos no sólo los puntos antes mencionados, sino cómo la postura sostenida por la intendencia desde la propia licitación y fase de consultas y observaciones en 2007 hasta principios de este año varió sustancialmente.
Ello genera dudas razonables.