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EDITORIAL

Enfoque de la gestión del próximo intendente

Por La Prensa Austral lunes 5 de marzo del 2018

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– Pero, sobre todo, el empresariado demanda certeza jurídica y que los servicios se atengan a lo que establece la ley y no que, por la vía de interpretaciones que van más allá de lo que el legislador consideró, obliguen a las empresas a incurrir
en gastos legales para defender sus derechos.

A una semana de asumir el gobierno regional, el próximo intendente realizó una primera aproximación de lo que serán sus principales objetivos. Uno de estos focos será el crecimiento económico.

En regiones extremas como Magallanes, la expansión de la economía está íntimamente ligada al aparato estatal y la inversión pública. Lo primero, respecto de generar empleo y lo segundo, como principal inyección de recursos frescos.

El emprendimiento privado, así, ha dependido principalmente de los proyectos licitados por el gobierno, siendo pocas las inversiones significativas que se han radicado en la zona. Es más, la mayor parte de las grandes y medianas empresas han dependido de las denominadas leyes de excepción y los subsidios y franquicias allí contemplados. En el mundo de las pymes, también los programas y aportes fiscales están detrás del desarrollo de la mayoría de las iniciativas.

Es, por ello, que se presenta interesante lo expuesto por Christian Matheson respecto de postular que durante su gestión buscará hacer de Magallanes una región más atractiva para el establecimiento de nuevas empresas.

La mayor inversión privada registrada en la última década ha sido la de Minera Invierno con su proyecto carbonífero en Isla Riesco, estimándose en más de US$450 millones los recursos involucrados. Podrían seguirle las empresas ligadas al rubro de la acuicultura y, en algún momento, la inversión que, en su conjunto, realizaron las petroleras que participaron de las licitaciones de los Ceop’s.

Proyectos como la fibra óptica austral y el mejoramiento de la conectividad, sin duda, que aportarán lo suyo. Pero, sobre todo, el empresariado demanda certeza jurídica y que los servicios se atengan a lo que establece la ley y no que, por la vía de interpretaciones que van más allá de lo que el legislador consideró, obliguen a las empresas a incurrir en gastos legales para defender sus derechos.