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EDITORIAL

Envío del proyecto de integridad pública

Por La Prensa Austral viernes 6 de julio del 2018

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El Presidente Sebastián Piñera firmó ayer el proyecto de ley sobre integridad pública en los órganos de la administración del Estado, que busca aumentar los estándares de probidad y transparencia actualizando la regulación de las contrataciones de parientes. De igual forma, quiere que se certifique la idoneidad profesional de las personas.

Esta iniciativa nació, precisamente, de un desaguisado del Mandatario dado por su intención de nombrar a su hermano como embajador en Buenos Aires, medida que fue ampliamente rechazada y que debió ser revertida. Las acusaciones que enfrentó llevaron a que partidos de la propia coalición gobernante, como Evópoli, anunciaran el envío de una propuesta antinepotismo.

El proyecto busca regular, principalmente, el ingreso a la administración pública de parientes de personeros de gobierno, desde el Presidente de la República, pasando por los ministros de Estado y otras altas autoridades.

Otro flanco que busca cubrir son los conflictos de interés de diputados y senadores. Se les prohíbe, también, contratar parientes en funciones dentro del Congreso, así como percibir remuneraciones u honorarios profesionales provenientes de fuentes distintas que su ejercicio parlamentario y/o usar sus asignaciones para remunerar o realizar algún pago a sus cónyuges o familiares.

También resulta interesante que el proyecto le prohíbe a los ex legisladores realizar lobby o gestión de intereses particulares por un año a contar de la fecha de cese de sus funciones. Igual restricción se propone para los ex ministros, ex subsecretarios y ex jefes de servicios.

En medio del curso y cierre de una serie de casos bochornosos en que han estado y están ligados parientes de personeros públicos, parlamentarios y empresarios, es importante la señal que está dando La Moneda con el envío de este proyecto.

El país requiere que se establezcan normas más exigentes en este ámbito y que haya más control para evitar nuevos casos de corrupción, abuso de poder e incompetencia en el servicio público.