Expulsión de extranjeros que han delinquido
Recientemente, una treintena de extranjeros fueron expulsados del país, luego de que fueran condenados por distintos delitos y que esto fuera resuelto por el Presidente Boric.
Respecto a ello, se puede decir que la migración es un derecho humano. Esta es una premisa incuestionable, pero también existe el deber del Estado, particularmente del Presidente de la República, de velar por la paz y la seguridad de todos quienes habitan nuestro territorio.
En los últimos años, Chile no ha sido la excepción respecto de una fuerte corriente migratoria que ha experimentado todo nuestro continente, producto de la particular situación sociopolítica en América Latina.
La migración, si bien es un derecho, debe ser legal y cumplir con una serie de requisitos. Se puede presumir que quienes ingresan a nuestro país por pasos no autorizados corren el riesgo de no regularizar su situación migratoria, exponiéndolos al abuso y a vivir en condiciones precarias. Pero, también quienes llegan por pasos fronterizos irregulares lo hacen porque su intención es sólo delinquir.
El aumento de la violencia y formas más cruentas que estamos viviendo en Chile está, en algún grado, ligado al ingreso de personas ligadas a redes de narcotráfico y al crimen organizado.
Es deber de las autoridades administrativas arbitrar todas las medidas necesarias para que se regularice la situación migratoria de quienes vienen a aportar a nuestra sociedad, pero también para identificar, sancionar y expulsar de nuestro país a todos aquellos ciudadanos de otras nacionalidades que sean condenados bajo la legislación chilena o tengan vigentes condenas u órdenes de búsqueda y captura en sus países.
En abril de 2021 se publicó la nueva Ley Nº21.325 sobre Migración y Extranjería, con la cual se implementó un sistema que permite gestionar sanciones y medidas de expulsión. Sin embargo, un grupo de parlamentarios presentó, luego, una moción para modificar tal norma con el objeto de imponer al Presidente de la República el deber de decretar, en un plazo no superior a 60 días, la expulsión inmediata de todos aquellos extranjeros privados de libertad que hayan sido condenados por robo, hurto o alguno de los delitos contenidos en la Ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico de drogas.
Es deber del Estado y los tres poderes independientes que coexiste (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) devolverle la paz y la seguridad a la ciudadanía y evitar que se abuse de la hospitalidad chilena y que extranjeros ingresen a nuestro país a delinquir. Particularmente peligrosos son todos aquellos que participan en la cadena de propagación del narcotráfico y del crimen organizado.
