Necrológicas
EDITORIAL

Fiscalización y control para salvaguardar la inversión pública

Por La Prensa Austral domingo 25 de marzo del 2018

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Vital es la inversión pública en la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Al tratarse de una zona extrema, se han invertido millonarios recursos que, a través de las normas de excepción, han buscado por décadas incentivar la llegada de capitales entregando diversas bonificaciones y excepciones tributarias.

Igualmente, gran parte de los proyectos de infraestructura destinados a mejorar la conectividad se han podido desarrollar gracias a los recursos que destina el gobierno regional sacados del presupuesto anual del FNDR o del Fondema.

A esto se agregan los cuantiosos presupuestos sectoriales de Obras Públicas y Vivienda y la celebración de los convenios de programación entre el gobierno regional y algunos ministerios, como el de Salud, que ha permitido incrementar los recursos fiscales disponibles para diversas obras.

El Plan Especial de Zonas Extremas consideró una cartera de proyectos por sobre los 400 mil millones de pesos.

Como contrapartida a tamaña inversión pública, ha sido feble el accionar de las jefaturas políticas de turno y de los organismos de fiscalización y control para cerciorarse del adecuado y eficiente uso de estos dineros.

Un caso emblemático fue el de la concesión de la Zona Franca.

Aunque para algunos se llegó a un verdadero hostigamiento, se puede resaltar la labor efectuada en los últimos años por el anterior gobierno en torno a fiscalizar la marcha de normas como la Ley Navarino, lo que descubrió diversas anomalías.

Recientemente, una humilde salida a terreno del seremi de Transportes permitió constatar que uno de los servicios que funciona en virtud de un millonario subsidio, el del transporte público mayor, no está operando según las cláusulas contractuales, afectando con ello a los vecinos de vastos sectores.

En la víspera, una acción pro activa de funcionarios públicos permitió develar la inapropiada designación del hoy ex seremi de Justicia.

Es buena la señal dada por el seremi Marco Mella. Ojalá que sea la tónica de sus colegas de gabinete, pero también se requiere que los funcionarios públicos pongan atajo a las acciones contrarias a la probidad, como lo hicieron los de la Asociación de Funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial.