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EDITORIAL

Fiscalizaciones a leyes de excepción

Por La Prensa Austral jueves 23 de noviembre del 2017

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La Ley Nº18.392 de 1985, más conocida como Ley Navarino, estableció una serie de franquicias tributarias y aduaneras para aquellos contribuyentes domiciliados o residentes en las comunas de Porvenir, Timaukel, Primavera y Navarino, como una forma de alentar la instalación de emprendimientos de cierta envergadura en dichos territorios. Ello, con la finalidad de aportar tanto al poblamiento como al desarrollo socioeconómico de dichas localidades.
La actual administración se ha empeñado en avanzar hacia un estatuto de desarrollo regional, en el cual se tendrían que considerar incentivos especiales sobre la base de un examen respecto de los instrumentos actualmente vigentes.
De acuerdo a la información disponible, son alrededor de 200 las compañías que se han acogido a los beneficios que otorga la Ley Navarino y hasta el momento se ha podido revisar la situación de 170 de éstas.
De este último número, se determinó que existen 130 empresas que están afectas a las causales de caducidad, ya sea porque algunas no se encuentran operando en los territorios señalados o porque no invocaron el beneficio tras haber solicitado los permisos correspondientes para hacer uso de tales franquicias. Otras 40 empresas están aún siendo examinadas o sortearon favorablemente la revisión.
Respecto de la treintena de compañías que no entraron en esta fiscalización, se ha dicho que, al menos, existe la certeza que están operando.
Este trabajo ha concitado críticas de parte de algunos sectores empresariales, los que han creído ver detrás de esto una intención ulterior, cual es desacreditar las normas de excepción que rigen no sólo a favor de dicha provincia, sino en el resto del territorio.
Sin embargo, por principio, se tiene que apoyar que se revisen las leyes de excepción y se termine con aquellos contratos que no han cumplido cabalmente con lo establecido en sus cláusulas.
Con esto, debe perseguirse evitar el abuso y el poner en peligro la permanencia de estas normas de excepción para aquellas empresas y personas que sí han respetado y hecho un buen uso de estos instrumentos.