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EDITORIAL

Formalizaciones a la clase política

Este lunes se llevó a efecto en Santiago la audiencia de formalización de cargos contra cuatro militantes de la Udi y un RN en un nuevo capítulo del caso Penta-SQM.
[…]

Por La Prensa Austral miércoles 24 de junio del 2015

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Este lunes se llevó a efecto en Santiago la audiencia de formalización de cargos contra cuatro militantes de la Udi y un RN en un nuevo capítulo del caso Penta-SQM.
Así, el ex timonel del gremialismo y ex parlamentario, Jovino Novoa; el ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett; el ex diputado Alberto Cardemil; y los actuales legisladores Iván Moreira (senador) y Felipe de Mussy (diputado) fueron los primeros políticos que se sentaron en el banquillo de los acusados en éste y otros casos relacionados develados en el último tiempo en el país y que han dado cuenta de la relación impura entre la política y el dinero.
Los delitos en juego, en este caso, son de carácter tributario por aportes irregulares para campañas políticas.
El problema de lo ocurrido no es que un sector partidario aparezca fuertemente cuestionado respecto de sus prácticas para financiar sus campañas electorales, sino que los antes nombrados, seguramente, serán los primeros de una serie de personeros y parlamentarios de todo el espectro político del país. Esto genera un gran dilema en cuanto a cómo abordar lo que está sucediendo dentro de los propios partidos y en ambas cámaras del Congreso, en cuanto a las sanciones posibles a aplicar.
Será importante ir conociendo los criterios que apliquen los jueces en este caso, los que operarán como una suerte de precedente para las situaciones que deben derivar en formalizaciones a otros políticos y personeros involucrados en el financiamiento ilegal de campañas.
Algunos esperan que, en este escenario de total descrédito de la política y el empresariado -entre otras actividades e instituciones bajo la mira- sea la justicia la que opere y permita el restablecimiento de las confianzas.
Ojalá que, siendo tan capital la necesidad de transparentar las actuaciones y recuperar las confianzas, la justicia reafirme el principio de igualdad ante la ley y que no emita un pronunciamiento tan polémico y cuestionable como el conocido ayer en el caso de la colusión de las farmacias, que absolvió a los diez ejecutivos imputados.