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EDITORIAL

Gratuidad en la educación superior (I)

En el pasado discurso del 21 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet anunció que se iniciará el proceso para consolidar la gratuidad en la enseñanza superior, comenzando el próximo año al otorgar tal beneficio al 60% de los estudiantes de los estratos socioeconómicos más bajos del país.
[…]

Por La Prensa Austral lunes 8 de junio del 2015
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En el pasado discurso del 21 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet anunció que se iniciará el proceso para consolidar la gratuidad en la enseñanza superior, comenzando el próximo año al otorgar tal beneficio al 60% de los estudiantes de los estratos socioeconómicos más bajos del país.
Reafirmó su compromiso presidencial de extender tal gratuidad al 70% al final de su mandato.
Esta medida regirá para quienes opten a carreras impartidas por las universidades que conforman el Consejo de Rectores y por institutos profesionales y centros de formación técnica sin fines de lucro.
Este anuncio, como era de esperarse, generó adhesiones, pero también críticas respecto de si se trata de una medida constitucional, si será realmente útil para el segmento escogido, si es justo que se excluyan las universidades que no pertenecen al Cruch y si, con ella, se estará o no achicando la brecha educacional y la desigualdad en el país. A esto se debe agregar si es justo que hay sectores favorecidos, en circunstancias que, a lo mejor, sus familias podrían pagar la educación superior de sus hijos.
En esta verdadera batalla de argumentos, existe un sector que plantea que la propuesta presidencial de gratuidad es inconstitucional, arguyendo el factor de diferenciación que se pretende utilizar, relativo a la pertenencia al Cruch, el cual, de emplearse -según esta línea de pensamiento-, daría origen a una grave discriminación que carecería de todo apoyo jurídico.
Como contraparte, se sostiene que la norma no se opone a la Constitución, en el entendido que no sería inconstitucional si la gratuidad de la universidad pública -y de las privadas adscritas al Cruch- se vincula con el deber que tiene el Estado de garantizar acceso a la educación.
Existiendo tanta opinión informada abiertamente discrepante, parece que esta reforma debe, al menos, considerar una segunda mirada y un intercambio de pareceres que permita perfeccionar la norma propuesta y acotarla lo más posible, a fin de que su tramitación en el Congreso sea expedita y no se convierta en  un nuevo revés ni contratiempo para este gobierno.