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EDITORIAL

Imprescriptibilidad de los abusos sexuales a menores

Por La Prensa Austral sábado 5 de mayo del 2018
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El Presidente Sebastián Piñera sorprendió con su decisión de apoyar el proyecto que establece la imprescriptibilidad en los delitos de abusos sexuales contra menores de edad. Esta iniciativa se encuentra actualmente en el Senado, cumpliendo su primer trámite legislativo.

Ello, luego de que hubiera posiciones encontradas al interior del Ejecutivo, pues hubo ministros que respaldaban sólo aumentar de diez a 30 años la prescripción de estos delitos. Finalmente y a través de una indicación sustitutiva, el gobierno optará porque estos abusos puedan ser perseguidos sin imponer plazos para su prescripción.

El Mandatario fundamentó su opción, argumentando que se busca que los niños abusados puedan ejercer su derecho a defensa no sólo para recuperar sus heridas, sino para lograr justicia. Añadió que con esto se espera que el paso del tiempo no actúe en contra de esto, transformando a los menores abusados en cómplices y favoreciendo la impunidad de los abusadores.

El anuncio del Presidente se da en el marco del momento esperanzador que vivieron las víctimas de Karadima en su encuentro con el Papa Francisco y también en medio de la consternación por los últimos casos de violación y maltratos físicos que han quedado al descubierto y que afectaron a bebés y menores de edad.

Sin embargo, la imprescriptibilidad total de este tipo de delito abrió un gran debate centrado, desde la óptica de los leguleyos, en aspectos como la calidad de la prueba con el paso del tiempo y la capacidad que tengan los órganos persecutores de llevar adelante una causa demasiados años después de perpetrada la agresión sexual.

Otro flanco insospechado de este debate está en la resistencia que esta medida tendría entre las agrupaciones de víctimas de aquellos delitos calificados de lesa humanidad.

Empero y más allá de los diferentes pareceres, no deja de ser importante el paso dado por Piñera, pues, entre otros aspectos, pone en relevancia la gravedad que tiene que en el país se violente sexualmente a los niños y, acorde con la prioridad fijada para su gestión, busque los mecanismos que permitan defender sus derechos.