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EDITORIAL

Interrupción del embarazo y objeción de conciencia institucional

Por La Prensa Austral domingo 1 de julio del 2018

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Luego de dos protocolos de objeción de conciencia rechazados por Contraloría General de la República y de una interpelación ministerial de por medio, el gobierno de Sebastián Piñera ingresó al ente contralor un nuevo documento que reincorpora la restricción para que sean objetores de conciencia las instituciones privadas de salud que reciban recursos del Estado a través de convenios de salud.

Se trata del reglamento referido a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales, en el cual se restablece tal restricción para todos los centros médicos que perciban dineros públicos en el área de obstetricia y ginecología.

Este paso fue celebrado por los representantes de la oposición y, como era de esperarse, fue repudiado por la Udi, partido que quedó insatisfecho con lo resuelto por el Ejecutivo y que anunció que estudiará el escrito para evaluar la situación jurídica y determinar qué acciones es posible ejercer para dejarlo sin efecto.

Ceder en esta materia se presentó como la única alternativa para La Moneda, luego de que la Contraloría estableciera a través de un dictamen en mayo pasado que aquellas instituciones que reciben recursos estatales por estar afectos al DFL 36 se hacen parte, así, de la red de establecimientos públicos, los que –de acuerdo al mismo reglamento- no pueden tener objeción de conciencia institucional.

De esta forma, se estaría por fin garantizando la efectividad de la ley que permitió que las mujeres puedan interrumpir sus embarazos, pero sólo en tres causales: inviabilidad del feto, peligro de muerte de la madre y violación.

Ello, porque aún las instituciones que se abrazan a la objeción de conciencia deberán garantizar la prestación del servicio médico, derivando al paciente a una entidad no objetora, al igual que aquellos centros que no cuenten con personal para atender oportunamente a las mujeres que lo necesiten.