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EDITORIAL

Objeción de conciencia

Por La Prensa Austral jueves 19 de julio del 2018
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Han pasado más de nueve meses desde que se promulgó la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación.

Esta ley permitió a Chile salir del reducido número de países que aún criminalizaban a las mujeres en casos de aborto. A la vez, se hizo cargo de dolorosas circunstancias en que a las mujeres se les imponía tener que seguir adelante con embarazos altamente riesgosos y complejos para su bienestar físico, como psíquico y emocional.

Aunque sus detractores han buscado establecer lo contrario, es importante remarcar que esta ley no obliga a ninguna mujer a abortar.

Ahora y luego de intentos fallidos, el gobierno de Piñera presentó a la Contraloría General de la República un reglamento que, entre otros aspectos, aborda la objeción de conciencia institucional.

El debate se trasladó ahora al acápite en que se establece que un recinto médico privado que reciba recursos del Estado por convenios que involucren prestaciones gineco-obstétricas tiene que resignar su derecho a tal objeción, pues están, por extensión, haciéndose parte del servicio público de salud.

Este protocolo es cuestionable para las referidas instituciones, las que siguen alegando que tienen derecho a definir sus fines y los medios para lograrlos y han planteado que, si se mantiene la actual redacción, ésta redundará en un desincentivo de la colaboración público-privada, afectando a los pacientes.

Sin embargo, es deber del Estado garantizar que todas las mujeres que lo requieran accedan a una atención médica oportuna en caso de que decidan interrumpir su embarazo de acuerdo a las tres causales explícitas.