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EDITORIAL

Polémica frente a propuesta sobre leyes de excepción

En una actitud pro activa, el capítulo regional de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) presentó hace un tiempo a la intendencia su propuesta sobre las leyes de excepción, mostrándose proclive a reformar el conjunto de normativas vigentes. Ello, pese a que sólo durante el anterior gobierno de Piñera se realizaron adecuaciones que se calificaron de fundamentales.
[…]

Por La Prensa Austral domingo 21 de junio del 2015
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En una actitud pro activa, el capítulo regional de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) presentó hace un tiempo a la intendencia su propuesta sobre las leyes de excepción, mostrándose proclive a reformar el conjunto de normativas vigentes. Ello, pese a que sólo durante el anterior gobierno de Piñera se realizaron adecuaciones que se calificaron de fundamentales.

En días pasados, la CChC sociabilizó su informe, a fin de que su planteamiento pueda ser conocido por diferentes sectores y también con el propósito de activar un debate que –a juicio de la cúpula de esta cámara- no se ha producido durante esta administración.

Eliminar de inmediato la bonificación a la contratación de mano de obra para las corporaciones municipales y, para el resto, tender a ello en forma gradual y lineal en cinco años; respetar los actuales contratos de Zona Franca, pero declarar, luego, a toda la región libre de Iva; y derogar las leyes conocidas como Austral, Tierra del Fuego y Navarino son sólo parte de las indicaciones apuntadas en el documento de la CChC.

Los recursos mínimos disponibles en las leyes de excepción ascienden a US$100 millones anuales. Esto representa alrededor del 5% del Pib regional.

Frente a la posibilidad de que parte de lo expuesto por la CChC sea acogido por el gobierno, se levantaron voces oponiéndose profundamente a que se derogue parte o la totalidad de los incentivos especiales, sobre todo aquellos que buscan ofrecer mayores posibilidades para que se materialicen inversiones en provincias como Tierra del Fuego y Antártica, las que se encuentran más aisladas que las de Magallanes y Ultima Esperanza.

Las reacciones suscitadas hacen ver que es necesario un estudio más acabado del real impacto que estas normas tuvieron sobre la economía regional en su momento y en qué forma están o no siendo útiles hoy para impulsar el progreso y el desarrollo de Magallanes.

Se requiere dar un nuevo impulso a la región y es obvio que varios de estos instrumentos necesitan un ajuste profundo y hoy se presentan otras vías más cruciales a la hora de estimular el asentamiento humano, la llegada de capitales frescos, la materialización de emprendimientos y un desarrollo provincial más armónico.

Por ello, también es entendible la inquietud del sector privado de querer apurar al gobierno en este tema que puede ser determinante y respecto del cual la intendencia no ha dado mayores indicios.