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EDITORIAL

Política de Estado de Financiamiento Regional Responsable

Por La Prensa Austral domingo 16 de septiembre del 2018
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El tiempo avanza raudamente y poco se ha definido respecto del traspaso real de competencias y financiamiento de los gobiernos regionales, si se tiene en cuenta que la primera elección para escoger democráticamente a los gobernadores de cada región está fijada para 2020.

Al asumir la presidencia de la República, Sebastián Piñera dijo que se tiene que acercar el gobierno a la gente y fortalecer las regiones y las comunas. Se comprometió a transferir a los gobiernos regionales y comunales más atribuciones, más responsabilidades y más recursos.

La Fundación Chile Descentralizado Desarrollado considera que es prioritario, entonces, que se cumplan seis medidas comprometidas en el programa de gobierno de Piñera, siendo la primera de éstas el definir una ley de financiamiento y responsabilidad fiscal regional, que tiene que responder a las necesidades de gasto y a la capacidad de ingresos autónomos de las municipalidades y los gobiernos regionales, garantizando un financiamiento mínimo común y equitativo de los servicios públicos básicos.

Los criterios exigibles son que haya una asignación no discrecional de las transferencias y que, por el contrario, ésta se haga en base a criterios e indicadores técnicos previamente definidos. Tiene que haber calidad de gestión, medida ésta por variables e indicadores objetivos. Se deben procurar inversiones en más y mejor desarrollo, diseñando un sistema que permita desechar el uso de estos recursos para gastos corrientes o redes clientelares. Todo esto se complementa con una gobernanza de multi actores y transparencia completa (ingresos, gastos) en plataformas de libre acceso y rendición de cuentas robustas.

Aunque resulte majadero se tiene que remarcar que la elección democrática de la máxima autoridad en cada región no basta para que el proceso descentralizador sea exitoso. Tampoco lo será por el mero traspaso de competencias a los gobiernos regionales. Todo esto, que es una base, tiene que ir acompañado de la transferencia real de recursos para que las regiones se auto sustenten y se desarrollen. Impuestos territoriales y a la especulación a las patentes mineras y energéticas deben complementar este sistema de financiamiento y responsabilidad fiscal regional.