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EDITORIAL

Posibles despidos en la administración pública

Por La Prensa Austral miércoles 14 de marzo del 2018

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– Ello no quita que también con cada cambio de gobierno han ido ingresando profesionales que, más allá de su tinte político, han entendido que su función es servir a la gente y dar continuidad a la administración del Estado, logrando desempeños éticos y notables.

En plena campaña presidencial, el hoy Mandatario Sebastián Piñera habló de un plan para perfeccionar o, derechamente, eliminar distintos programas mal evaluados del sector público, lo que conllevaría sacar de la administración pública a “un par de decenas de miles de operadores políticos”.

Piñera habló de “cortar la grasa del Estado”, causando de inmediato la reacción de protesta de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef).

Hoy, con Piñera de regreso a La Moneda, la dirigencia de la Anef, tanto a nivel nacional como regional, se ha manifestado en alerta por los posibles despidos.

Más allá de las declaraciones del gobernante, la inquietud que hoy cruza a muchos funcionarios que trabajan en algún organismo público no es nueva, pues se repite -en mayor o menor medida- en cada cambio de gobierno, incluso si se trata del traspaso de poder entre representantes del conglomerado oficialista.

Quienes asumen el gobierno han usado, cada vez más, el aparato fiscal no sólo como una estructura a la cual infiltrar con sus operadores políticos, sino como una verdadera bolsa de trabajo para instalar a quienes son afines. Lo paradojal es que muchas de estas personas desean, luego, mantenerse en sus cargos, pese a que llega un gobierno de un signo político totalmente contrario y a que renegaban furibundamente de su ideario.

Ello no quita que también con cada cambio de gobierno han ido ingresando profesionales que, más allá de su tinte político, han entendido que su función es servir a la gente y dar continuidad a la administración del Estado, logrando desempeños éticos y notables.

Esto último ha llevado a que la legislación ha ido adaptándose y existen dictámenes de la Contraloría que fijan los márgenes precisos respecto a qué se entiende por una persona de confianza y en qué circunstancias se puede decidir un despido. 

La Anef debe cautelar el pleno cumplimiento de la legislación laboral y el respeto de los derechos de sus asociados. Pero, también se tiene que comprender que un gobierno que asume puede arbitrar las medidas que estime más convenientes para dar curso a su programa gubernamental, siempre que éstas se ajusten a las leyes y normativas vigentes.