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EDITORIAL

Reinscripción de militantes de los partidos políticos

Dentro de la grave crisis de credibilidad en que están sumidas las instituciones del país y, en particular, las colectividades políticas, se ha planteado que parece necesario sincerar los padrones electorales de estos referentes.
[…]

Por La Prensa Austral viernes 19 de junio del 2015

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Dentro de la grave crisis de credibilidad en que están sumidas las instituciones del país y, en particular, las colectividades políticas, se ha planteado que parece necesario sincerar los padrones electorales de estos referentes.
Ya en las últimas elecciones de muchos partidos habían surgido cuestionamientos no sólo respecto de acarreo de votantes, sino de padrones inflados e inscripción dudosa de un número importante de personas, incluidos varios muertos.
Ayer, el gobierno había comprometido el envío al Congreso de un proyecto de ley para la reinscripción de militantes de los partidos políticos. Sin embargo, se anunció en la víspera la postergación de esto.
Aparentemente la decisión de posponer el ingreso de dicha iniciativa a trámite legislativo se debió a que, conocido el tenor del proyecto por parte de los secretarios generales y directivas de los referentes políticos, se gatilló una crítica más bien consensuada que apuntó al plazo considerado para el proceso de reinscripción de militantes.
La propuesta gubernamental fijó 210 días para que las colectividades reinscriban a sus militantes, plazo que fue considerado insuficiente.
Tanto desde la Nueva Mayoría como de la Alianza se levantaron voces discrepantes, las que recordaron que, en conversaciones preliminares con La Moneda, se habría barajado un año como un tiempo más prudente para dar vida a este proceso.
Las cúpulas partidarias indicaron que, cuando se trata de colectividades que exhiben sobre cien mil adherentes, es poco factible que en unos siete meses se logre reinscribir a tal número de militantes.
Nuevamente en este tema salió a la palestra el reproche de los partidos políticos a la actitud de desconsideración por parte del gobierno al momento de finiquitar proyectos legales.
En ésta y otras iniciativas, ya ha quedado más que claro que, sin desconocer la iniciativa legal que tiene el Ejecutivo, el gobierno debe mostrarse más flexible y abrir un espacio para el diálogo y el necesario cambio de ideas y de puntos de vista que enriquezcan y perfeccionen las nuevas leyes del país.