Necrológicas
  • José Arturo Sotomayor García
EDITORIAL

Restablecimiento del voto obligatorio

A casi tres años de que se estrenara el sistema de voto voluntario, en las pasadas elecciones municipales de 2012, persisten las dudas sobre la bondad de tal cambio constitucional.
[…]

Por La Prensa Austral domingo 5 de julio del 2015

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A casi tres años de que se estrenara el sistema de voto voluntario, en las pasadas elecciones municipales de 2012, persisten las dudas sobre la bondad de tal cambio constitucional.

Fue en marzo de 2009, durante el pasado gobierno de Michelle Bachelet, cuando se promulgó la reforma a la Constitución que estableció el sufragio voluntario. Esto fue acompañado, unos tres años después –enero 2012- por la ley que instauró el mecanismo de inscripción automática.

El conjunto de ambas leyes tuvo su debut en los referidos comicios municipales de 2012 y el resultado respecto de la participación ciudadana no fue nada de alentador: hubo casi un 60% de abstención. Sólo concurrieron a las urnas 5,4 millones de personas habilitadas para votar de un universo estimado en 13,3 millones de votantes.

En las elecciones generales del año siguiente (2013), la conducta ciudadana no varió mayormente, ya que fueron a emitir su voto sólo 5,6 millones de un padrón de más de 13,5 millones. A nivel nacional, la abstención fue de 58%. En Magallanes, ésta se elevó a un preocupante 70%.

Claro está que la combinación de ambas normas no tuvo el efecto deseado, en cuanto a elevar el nivel de participación ciudadana. Todo lo contrario: ésta disminuyó a un punto tal que se piensa que las nuevas autoridades electas pierden legitimidad al ser escogidas por una fracción minoritaria de la población.

Ahora, esto se verá agravado por la pérdida de confianza de la gente respecto de los partidos, los políticos y las autoridades, en general.

Para enmendar el actual sistema de inscripción automática y voto voluntario, ingresó esta semana al Congreso un proyecto de ley que busca restablecer la obligatoriedad del sufragio.

La moción quiere atacar, precisamente, la baja concurrencia de la gente a las urnas, a fin de que no se corra el riesgo de que las nuevas autoridades municipales, los parlamentarios y la máxima investidura del país carezcan de legitimidad.

Si bien la iniciativa persigue este objetivo, lo cierto es que nuestra clase política debe realizar un esfuerzo mayor que sólo buscar incrementar su base electoral. Transparentar su financiamiento, actuar con probidad y volver a buscar el bien común por sobre sus intereses personales y/empresariales son medidas que se presentan como absolutamente necesarias para recuperar la legitimidad.