Desde Teatinos Nº120, domicilio del Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio de Hacienda, emanó una querella por delito tributario el 2022 que las últimas semanas ha sumado nuevos episodios tras las sucesivas audiencias de formalización fallidas que ha tenido la causa. Se trata de una investigación de larga data en contra de la Sociedad Real y Compañía Limitada, bajo la dirección y control de Laju Nandwani Vaswani, por vender vehículos nuevos mediante facturas exentas de Iva y a través de contratos de compraventa de vehículos. El foco sería ocultar las operaciones de venta ante la autoridad tributaria.

La querella ingresada el 16 de agosto del 2022 estaba dirigida específicamente contra Laju Nandwani Vaswani, como autora de delitos tributarios, lo que motivó la investigación por parte del Ministerio Público en los hechos que se describen. Se pide expresamente en ese documento la necesidad de formalizar “en su oportunidad a la querellada, se le acuse y, en definitiva, condene al máximo de las penas asignadas al ilícito”. Además, la acción estaba dirigida en contra de todas las demás personas que resulten responsables.

La primera acusación que se formula es sobre la presentación de declaraciones de Impuesto al Valor Agregado (Iva), Formularios 29, maliciosamente falsas, entre los periodos de julio de 2015 a abril de 2020 y de forma ininterrumpida. De este modo declaró ventas exentas de Iva, generando un perjuicio fiscal avaluado hasta mayo de 2022 en $1.833.184.717.

Asimismo, incurrió en irregularidades tributarias dado que realizó ventas de vehículos nuevos, entre los periodos de junio de 2018 a abril de 2020, sin emitir documentos tributarios algunos por las ventas, ya sea afecto o exento de Iva, emitiendo respecto de cada operación un contrato privado de compraventas.

El 30 de octubre del 2024, la querella se amplió y esta vez era firmada por el director (s) del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheberry Celhay. Los hechos eran similares, pero los periodos esta vez se extendieron entre junio de 2020 a diciembre de 2023.

Se agrega que, a partir de junio de 2018, fecha en que se emitió un oficio desde el Sii dirigido a la querellada, Laju Nandwani “omite de manera consciente la emisión de documentos tributarios, ya que dejó de emitir facturas no afectas o exentas, comenzando a materializar las ventas mediante contratos privados ante Notario Público, con la finalidad de ocultar las operaciones de venta ante la autoridad tributaria”.
Lo anterior se explica para argumentar el dolo en el caso particular, ya que, además de tener conocimiento de su giro, de constituir un elevado perjuicio fiscal ocasionado por conductas ilegítimas, y de que se le informara mediante oficio de que las operaciones comerciales que se encuentran afectas a Iva requerían la emisión de facturas, la querellada “persiste en su actuar, demostrando pleno conocimiento y voluntad de continuar ejecutando las maniobras dolosas”.

El 12 de diciembre del año pasado, el fiscal Oliver Rammsy Dickinson solicitó la audiencia de formalización y fue la primera vez que en la causa entró el nombre de Sunil Rajesh Nandwani Vaswani, además de su hermana Laju Nandwani Vaswani, contra quien estaba dirigida inicialmente la querella. El delito por el que se formula la solicitud es por “declaraciones maliciosamente incompletas y/o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda”, para las fechas entre junio 2018 a diciembre de 2023. Se fijan como imputados en calidad de autores y los delitos consumados. La fecha de la formalización: el 21 de enero de 2025.

Los dos modos operandi

A través de la Sociedad Real y Compañía Limitada se realizaron importaciones en su calidad de usuario de Zona Franca y como concesionaria de diversas marcas como: Mahindra, Jinbei, Ford, Hyundai, Toyota, DFM, entre otras, de vehículos nuevos que posteriormente venden en la Zona Franca de Extensión ubicada en la Región de Aysén.

Los vehículos son trasladados por tierra y emiten Solicitud Registro Factura (SRF) a su propio nombre, para posteriormente inscribir los automóviles en el Registro Civil e Identificación de Coyhaique para obtener la placa patente. Las máquinas llegaban hasta esta sucursal para ser exhibidos y venderlos en dicho lugar.

De este modo, hasta el 2018 operaban vendiendo sin Iva vehículos nuevos a domiciliados en Coyhaique, lo que supone una competencia desleal frente a otras empresas del rubro, formalizando las ventas mediante facturas exentas o no afectas. Desde junio del 2018, las transacciones fueron formalizadas mediante estos contratos de compraventa ante Notario Público, sin emisión de factura. Cabe señalar que, en dicha función, el notario ejerce como Ministro de Fe, validando así estos documentos.

“Es evidente que la contribuyente mantuvo esta forma de operar por varios años, lo cual se debe a que se ha visto beneficiada por el ofrecimiento de precios sin Iva de vehículos nuevos fuera de Zona Franca, lo cual le permite tener precios competitivos en el mercado y, con ello, la preferencia de los clientes, lo que pasa desapercibido por otras empresas del rubro, pues se han realizado consultas sobre si las ventas en Coyhaique como Zona Franca de Extensión son afectas o liberadas de Iva”, apunta la querella del SII. 

Denuncias de
contribuyentes

En relación con las maniobras realizadas por la Sociedad Real y Compañía Limitada, el Servicio de Impuestos Internos recibió al menos dos denuncias de contribuyentes, por la no emisión de documentos tributarios respectivos.

En primer lugar, la municipalidad de Coyhaique informó que adquirieron vehículos nuevos de Sociedad Real y que como documento tributario le entregaron un SRF señalando en el documento que es una “factura exenta”. La frase fue agregada en dicho documento, ya que originalmente no contiene dicha mención. Por tanto, además de no otorgar el documento tributario correspondiente, la sociedad controlada por la familia Nandwani “adaptó” documentos aduaneros para darle la apariencia de facturas exentas y así cumplir con lo requerido por dicha entidad.

Una segunda denuncia fue recibida por la sociedad Inversiones Marítimas Agua Ventisquero SpA, quienes adquirieron un vehículo nuevo mediante contrato de compraventa, afirmando que no emitieron documento tributario, sino que entregaron una “factura de la Aduana a nombre de esa empresa”. Solicitaron la factura de manera verbal y por correo electrónico, aunque sin respuesta.

Formalizaciones fallidas
y retención de dineros 

La primera audiencia sobre el caso tuvo lugar el 15 de enero del presente año, donde las defensas solicitaron cautela de garantías, requiriendo que el procedimiento sea suspendido e incluso decretar un sobreseimiento temporal, puesto que se encuentra ad portas de una formalización. 

Pese a la exposición de la defensa, el tribunal resolvió que no ha lugar la cautela de garantía, ni la suspensión, ni el sobreseimiento temporal. En la audiencia se presentaron los abogados de los imputados, no obstante, ninguno de los dos se conectó a la audiencia.

En el caso de Laju Nandwani, pese a estar notificada de la audiencia, transcendió que salió del país para atender al matrimonio de uno de sus hijos en la India. Por tanto, se fijó audiencia de formalización para el 18 de marzo del presente año, en su caso. La formalización para Sunil  se reprogramó para el 21 de enero (el martes pasado).

Para ese día, Sunil Nandwani confirió patrocinio y poder a un nuevo abogado: Cristopher Marchant Bocaz, un ex fiscal militar con master en Tributación de Empresas y Derecho y gestión tributaria.

Al iniciarse la formalización, el magistrado detiene la audiencia ya que el imputado, Sunil Nandwani Vaswani, se había desconectado, indicándole que debe permanecer con audio y cámara encendidos. Pese a la insistencia, el imputado termina su conexión sin volver a unirse, por lo que se suspendió hasta el día siguiente la audiencia.

A la jornada siguiente, el abogado Marchant presenta los documentos médicos fundantes de la inasistencia de Sunil para la continuación de la audiencia ese día miércoles 22 de enero, explicando que en la víspera habría sufrido una descompensación.

Presentó una licencia emitida el 20 de enero, por “enfermedad o accidente común”, además de los datos de atención en centro clínico Klini Costanera. En este último, se indica que “el paciente acude por presentar ganas constantes de llorar, palpitaciones, disnea, cefalea y insomnio de 1 semana de evolución, refiere estar cursando por situaciones personales que refiere lo sobrepasan y no sabe como manejarlo”. A esto se sumó el informe de un psicólogo que explica que el paciente fue derivado desde la Clínica Costanera por una descompensación significativa que presentó en su hogar. “Se recomienda no realizar actividades laborales que alteren su normal desarrollo psíquico”, agrega el profesional.

Frente a estas dos inasistencias y “sumado al fundado temor de que a la audiencia del próximo 29 de enero nuevamente se frustre por la ausencia del imputado”, el fiscal Oliver Rammsy solicitó medidas cautelares reales, sin audiencia del imputado, para “cautelar la integridad del patrimonio del Fisco que se ha visto mermado en la suma de $1.281.404.732”. Por tanto, se pidió retener dineros que se encuentran en cuentas bancarias o fondos generales administrados por terceros de la Sociedad Real de la cual es socio administrador el imputado, por una cantidad equivalente al perjuicio fiscal.

El monto anterior fijó en base a un informe de la dirección regional del Servicio de Impuestos Internos, que además identificó a la contribuyente “Sociedad Real y Compañía Limitada” como de riesgo “alto”. El otro documento que acompañó el fiscal fue el Certificado de Deuda de la Sociedad Real y Compañía Limitada, emitido por la Tesorería General de la República, que eleva la deuda liquidada morosa en $6.497.019.795.

Sobre la audiencia de formalización fijada para este miércoles 29 de enero, el fiscal Rammsy aclaró que insistirá en pedir una orden de detención en contra de Sunil Nandwani, lo que ya solicitó, pero fue desestimado por el magistrado, quien señaló que la incomparecencia del imputado debe justificarse de mejor manera. “Yo pedí la detención y el juez dijo que daría una nueva fecha, porque él entendió que tiene que justificarse de mejor manera la incomparecencia y dio la fecha del 29. Si el 29 no comparece, yo voy a insistir con la detención”, sentenció Oliver Rammsy, fiscal a cargo de la causa. 

El Magallanes intentó contactar al imputado vía telefónica, siendo descartadas las llamadas en reiteradas ocasiones hasta el cierre de esta edición. 

No obstante, el medio se comunicó con el abogado defensor de Sunil Nandwani, Cristopher Marchant, a la salida de la audiencia de formalización del miércoles 22 de enero, quien señaló: “Mi cliente se presentó el día de ayer (21 enero). Siempre ha tratado de enfrentar a la justicia como corresponde, como cualquier chileno, pero lamentablemente se suscitó una situación médica compleja, una descompensación grave, porque entenderá que los efectos de un empresario y como persona, más todo el estrés acumulado que él no se dio cuenta hasta que esto empezó a reventar. Fue una descompensación importante que fue tratada por los médicos y se presentaron los antecedentes respectivos”.

Finalmente, sobre la asistencia a la próxima formalización, Marchant sostuvo que “todo depende, insisto, del tema médico cómo está mi representado. Si está en condiciones, el mismo insiste en presentarse”.