Lucas Ulloa Intveen

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Ayer, se llevó a cabo una audiencia de formalización en contra de J.E.M.V., quien, al momento de los hechos y los meses posteriores, trabajaba como jefe de gabinete de la delegación presidencial provincial de Última Esperanza. 

Los hechos se remontan a agosto del 2023, cuando el imputado abusó sexualmente de una funcionaria de la delegación, subordinada de J.E.M.V, luego de haber estado compartiendo alcohol en distintos locales nocturnos de Puerto Natales, para terminar en el domicilio del imputado donde se cometió el delito.

La fiscal jefe de Puerto Natales, Romina Moscoso, relató los hechos por los que está siendo investigado. El día 13 de agosto del 2023, junto a la víctima en pleno estado de ebriedad, realizó actos de relevancia sexual. Continuó dando detalles de las acciones cometidas por el sujeto, las cuales configuraron el delito de violación, siendo el imputado el autor en grado de desarrollo consumado.

La denuncia de los hechos fue realizada el mismo día a Carabineros por parte de la víctima, quien se encontraba trabajando en la ciudad de Puerto Natales en aquel entonces, sin mantener círculos de apoyo, ya que había viajado desde Santiago para desempeñarse en la institución estatal. Cabe señalar que mantenían una estrecha relación laboral, entre imputado y víctima, siendo él su jefe.

Entre los fundamentos que vertió la fiscal Moscoso para solicitar la medida cautelar más gravosa, constan los distintos antecedentes de la carpeta investigativa, que, a juicio del Ministerio Público, son “suficientes para acreditar la participación de los hechos”.

Posteriormente relató parte de la dinámica de los hechos. Todo comenzó como una junta entre colegas en Pampa Restobar, donde consumieron bebidas alcohólicas y se mantuvieron hasta entrada la noche. Había buen ambiente y la jornada continuó en Club Aura, una discoteca para mayores de 21 años. Finalmente, se marcharon juntos a la casa de la víctima, donde continuaron bebiendo alcohol.

El anterior relato fue basado en un análisis de las cámaras de vigilancia de la ciudad. En éstas, aseguró la fiscal, incluso se puede observar la entrada y salida al domicilio en donde finalizó la noche. Además, se alcanzan a registrar a ellos fumando en la terraza, quedando como antecedente el consumo de alcohol elevado que tenía la víctima, dado el tambaleo e inestabilidad al caminar que se ve en dichos registros audiovisuales.

Durante la tarde, la fiscal Moscoso declaró que “se invocó por parte del Ministerio Público las circunstancia de la fuerza y la imposibilidad de la víctima de oponerse a la acción sexual (…) Se formaliza la investigación el día de hoy luego de la acumulación de antecedentes que se lograron durante la investigación y nosotros solicitamos la prisión preventiva estimando que la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad y también para la víctima”.

A prisión

Todos los antecedentes relatados fueron para justificar la petición del Ministerio Público y las partes querellantes de la medida cautelar más gravosa: la prisión preventiva. La magistrada Marianela Chacur igualmente tomó en cuenta lo planteado por la defensa, señalando que su representado no cuenta con antecedentes penales pretéritos, entre otros argumentos.

Un factor crucial fue la toma de contacto entre el imputado y la pareja de la víctima. Pese a no dar detalles de las comunicaciones realizadas, el ex jefe de gabinete contactó vía telefónica y por WhatsApp el mismo día de los hechos. 

Por otro lado, la magistrada señaló que para resolver la medida cautelar tomó en cuenta la gravedad del delito por el que se estaba formalizando, el contexto de los antecedentes, la relación laboral entre ambos y la situación de la víctima de no tener domicilio en Natales. Otro documento crucial fue el informe sexológico, el cual fue realizado el mismo día, dada la celeridad con que se denunciaron los hechos, que respalda el uso de fuerza y violencia hacia la víctima. La parte querellante añadió que este delito reviste una pena de crimen que va desde 5 años y un día hasta los 15 años.

Finalmente, la jueza Chacur rechazó la petición y argumentación esgrimida por la defensa, acogiendo en su lugar la petición principal del Ministerio Público y decretando así la prisión preventiva en contra del imputado por, al menos, cuatro meses, lapso fue establecido como tiempo de investigación.

¿Por qué continuó trabajando más de un año en el cargo?

Pese a que los hechos fueron denunciados el mismo día en que ocurrieron, el 13 de agosto del 2023, el imputado continuó prestando funciones en la delegación presidencial provincial de Última Esperanza hasta al menos octubre del 2024, según consta en el portal de Transparencia Activa de dicha institución.

La ex delegada presidencial de la provincia, Romina Álvarez, fue contactada por La Prensa Austral para conocer su visión del caso, como ex jefa directa del ahora imputado en prisión. Según relata, tomó conocimiento de los hechos cuando se trasladaba en una barcaza desde Puerto Edén a Natales. “Yo me encontraba en la localidad de Puerto Edén trabajando y en cuanto llego y tomo conexión dentro de la barcaza me entero de esta situación y yo procedo como funcionaria pública a realizar la denuncia correspondiente en Policía de Investigaciones”.

El caso ocurrió en la casa del ex jefe de gabinete, lo que llevó a abrir un sumario administrativo en su contra. “Estuvo en curso y, a mi salida en junio del 2024, es cuando a mi se me informa de que estaría finalizando. Este fue siguiendo sus pasos hasta llegar a la destitución. Desconozco en qué fecha finalizó, pero a mi me dijeron que quedaba poco para que concluyera”, agregó Álvarez.

Desde la DPP de Última Esperanza indicaron que los hechos estaban en conocimiento del delegado Guillermo Ruiz Santana al momento de asumir el cargo, en julio del 2024. Por tanto, el imputado en esta causa trabajó, al menos, cuatro meses con la nueva administración.

Ruiz Santana sostuvo que “la decisión de la Fiscalía y el Juzgado de Garantía se condice con la destitución que determinó la investigación administrativa del Servicio de Gobierno Interior. Estamos tranquilos con que el proceso penal avance y pueda entregar una respuesta concreta a la denunciante”.

Consultado por su continuidad en el cargo, pese a conocer de la denuncia, desde la DPP aseguraron que “aunque el sumario decretó la suspensión (haciéndose efectiva el mismo día que se instruyó el sumario), el Estatuto Administrativo no contempla la posibilidad de suspender el pago de remuneraciones. Dada la gravedad de los hechos, se quiso evitar la judicialización del despido, y optar por la destitución que apareja 5 años de inhabilitación para el ingreso al servicio público”.