La rectoría informó que logró contener pérdidas acumuladas superiores a los $10.952 millones entre 2018 y 2023. La Universidad de Magallanes brindó este viernes su Cuenta Pública de los avances del Plan de Sostenibilidad y Modernización Financiera 2025-2026, instancia encabezada por el rector José Maripani Maripani, donde se expusieron los principales resultados financieros y medidas de ajuste institucional. La autoridad universitaria contextualizó que el proceso se inició tras detectar una situación estructural de desequilibrio financiero que se arrastraba por varios años. Entre 2018 y 2023, la institución acumuló pérdidas superiores a los $10.952 millones, con déficits anuales que alcanzaron aproximadamente $1.678 millones en 2018, $2.167 millones en 2019 y un comportamiento variable durante el periodo de pandemia, donde el déficit bajó transitoriamente a cerca de $178 millones en 2021 debido a la disminución de operaciones presenciales. Posteriormente, el resultado volvió a deteriorarse en 2022 con cerca de $879 millones y en 2023 alcanzó aproximadamente $2.945 millones. El rector sostuvo que este comportamiento respondió a factores estructurales y coyunturales, entre ellos el aumento de costos operacionales tras la reanudación de la actividad presencial, la inflación acumulada en el país, obligaciones laborales permanentes y la dependencia de ingresos por matrícula y gratuidad. En ese sentido, añadió que el desafío institucional no era sólo financiero, sino también de reorganización del modelo de gestión. En el marco del Plan de Sostenibilidad y Modernización Financiera 2025-2026, la universidad implementó un conjunto de medidas de corto plazo orientadas a contener el gasto y aumentar los ingresos. Entre ellas se incluyeron el ajuste del gasto operacional, la reducción de honorarios genéricos y docentes, el aumento de matrícula, el cierre del Centro Universitario de Coyhaique, la transferencia del proyecto Ovejas Lecheras y la suspensión temporal del Centro de Cultivo Marino Bahía Laredo. Según los datos expuestos en la Cuenta Pública, el ajuste del gasto operacional superó los $396 millones de ahorro respecto de las proyecciones iniciales, mientras que la reducción de honorarios genéricos alcanzó más de $764 millones. En el caso de los honorarios docentes, la disminución bordea los $567 millones, lo que contribuyó a la reestructuración del gasto permanente de la institución. En materia de ingresos, la universidad informó una recuperación de matrícula que superó los 1.200 estudiantes nuevos en 2025, entre carreras profesionales y técnicas. Este incremento permitió alcanzar ingresos cercanos a $1.374 millones, superando la meta proyectada inicialmente por el plan, que bordeaba los $1.022 millones. Cierre de centros Respecto de la medida asociada al cierre del Centro Universitario de Coyhaique, la institución detalló que permitió una reducción de gastos cercana a los $316 millones, en línea con la estrategia de focalización territorial y concentración de recursos en áreas prioritarias para la universidad. En tanto, el Centro de Cultivo Marino Bahía Laredo permanece en condición de suspensión temporal mientras se redefine su modelo de operación. La universidad subrayó que, de las ocho medidas de corto plazo comprometidas en el plan, siete se encuentran completamente ejecutadas y una presenta avances significativos. En términos globales, el ahorro proyectado inicial de $3.253 millones fue superado en más de un 12%, consolidando el cumplimiento de las metas de contención del gasto establecidas para esta etapa. Uno de los hitos relevantes presentados al prebalance financiero 2025. Según las cifras expuestas, la universidad registra una utilidad del orden de $12.098 millones. Sin embargo, al descontar efectos contables asociados principalmente al reconocimiento del Edificio Campus Universitario Cabo de Hornos en Puerto Williams -con un impacto cercano a $10.135 millones- y otras provisiones, el resultado efectivo estimado se sitúa en torno a los $190 millones. El rector explicó que esta diferencia responde a registros contables que no implican flujo de caja, pero que impactan en la presentación financiera del ejercicio. En esa línea, señaló que el resultado ajustado igualmente representa una mejora superior a los $3.000 millones respecto del año 2024, cuando la universidad registró pérdidas cercanas a los $2.887 millones. No obstante, la universidad advirtió que persisten desafíos asociados a liquidez y flujo de caja, especialmente en lo relativo a pagos, cobranzas y sincronización de ingresos con organismos externos.

Leandro Santana, comunicador y estudiante magallánico de periodismo en Viña del Mar, lanzó hace una semana “Crónica Cero”, un proyecto digital sin fines de lucro que rescata casos policiales de Magallanes que quedaron fuera del inconsciente colectivo y que en su primera semana ya suma más de 60 mil visualizaciones. “Esto nace por ese bichito que me motivó a comunicar estas cosas. Hay otros creadores que usan formatos similares, pero no hablan de estos casos que ya no son parte de la pauta de los medios porque fueron cerrados solamente con la firma de un juez”, explicó Santana, nacido y criado en Punta Arenas. El comunicador enfatiza que los casos abordados “realmente no tienen un cierre” y ejemplifica explicando que “si hablamos de Roberto Verdugo, tuvo un condenado, pero ¿qué queda de eso? ¿Por qué el Poder Judicial permitió que Adalio Mansilla esté libre en las calles para que volviera a cometer un tercer homicidio?”, cuestionó. El proyecto busca mantener la información presente y cuestionar fallas sistémicas. “No cobro absolutamente nada por esto, lo hago por amor al arte”, señaló. En una semana, “Crónica Cero” ha publicado tres videos: Ricardo Harex (con apoyo de la agrupación que representa a la familia), Roberto Verdugo en Punta Arenas, y Gonzalo Muñoz en Puerto Natales. “Hay muchísimos casos que no se tocan en los medios porque ya no concitan interés masivo, pero qué pasa si ese caso tiene un trasfondo, si viene derivado de una falla sistémica”, reflexionó. Santana, quien lleva cinco años estudiando en Viña del Mar, planea volver a Magallanes tras obtener su título. Por ahora, se enfoca en casos regionales. “Lo que me gustaría es que más que sea una página, sea una comunidad para que los casos los vayamos desmembrando entre todos”, señaló. El proyecto está disponible en Instagram como @cronicacero_ y Tik Tok como @cronicacero.

Chile enfrenta una paradoja: más acceso a información que nunca, pero las infecciones de transmisión sexual (ITS) continúan al alza. Entre 2017 y 2021, el país acumuló más de 70 mil casos, mientras que en 2024 la gonorrea superó los 2.200 contagios. En Magallanes, la región registró 26 casos nuevos de VIH entre enero y septiembre de 2025, comparado con 46 durante todo 2024. Los diagnósticos se concentraron en el grupo entre 20 y 39 años, principalmente en hombres. La sífilis registró 80 casos entre enero y octubre de 2025 (126 en 2024), con 64% en hombres y mayor concentración entre 15 y 39 años. La gonorrea reportó 21 casos (24 en 2024), todos en hombres del grupo 15 a 29 años. “Tenemos más información, pero no necesariamente útil para la prevención. Sabemos que las ITS existen, pero no cómo prevenirlas”, explica Victoria Cancino, matrona de DKT Chile. El enfoque histórico es clave: “Durante años, la educación sexual estuvo centrada en prevenir el embarazo adolescente, no en métodos de barrera como el condón”, señala. El aumento en la capacidad de diagnóstico también influye. “Hoy existe mayor acceso a test rápidos, lo que permite detectar más casos. Antes, muchas infecciones no se diagnosticaban”, explica. El grupo más afectado se concentra entre 20 y 39 años. “Es una etapa donde hay más relaciones sexuales, más parejas y menos uso de protección. Las relaciones estables se postergan”, agrega. Aún persisten ideas erróneas: que este tipo de infecciones afectan sólo a ciertos grupos, que son fácilmente detectables, o que el riesgo es bajo: “Las ITS no siempre presentan síntomas y pueden afectar a cualquier persona sexualmente activa”, advierte Cancino. A nivel nacional, los hombres concentran cerca del 80% de los casos de VIH y sífilis. Durante 2025, la seremi de Salud de Magallanes distribuyó 8.940 condones externos y 1.202 internos. El test de VIH está disponible en la red pública y el tratamiento garantizado por el Garantías Explícitas en Salud (Ges).

Estudiantes de cuarto medio del Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes de Porvenir participaron el lunes 4 de mayo de una charla profesional dictada por la Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego, orientada a promover la conciencia marítima y dar a conocer el concurso único de admisión de la Armada de Chile. La actividad congregó a jóvenes en etapa clave de definición vocacional. La Capitanía buscó acercar a los estudiantes a las posibilidades de desarrollo que ofrece la Armada y reforzar la valoración del mar como componente esencial de la identidad nacional en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. El capitán de puerto de Tierra del Fuego, teniente primero litoral Francisco Morales, encabezó la jornada y valoró la recepción de los asistentes. “La actividad tuvo un gran interés por parte de los jóvenes, en donde explicamos diferentes factores que dan sustento a la conciencia marítima de nuestro país y en especial en la Región de Magallanes, valorando el mar como una vía de desarrollo y de progreso para Chile”, señaló. La iniciativa se enmarca en una línea de trabajo permanente desplegada por la Armada en establecimientos de la región, orientada a sembrar la comprensión del rol estratégico que cumple el mar. En Magallanes -donde la geografía está definida por canales, fiordos, estrechos y la proyección antártica- el vínculo entre la comunidad y el espacio marítimo adquiere relevancia particular.

El comandante en jefe del Ejército, general Pedro Varela Sabando, cumplió su primera visita oficial a Punta Arenas, tras asumir el cargo en marzo de este año, en reemplazo de Javier Iturriaga. Varela fue designado como máxima jefatura del Ejército en noviembre de 2025, por el entonces Presidente Gabriel Boric. Este viernes estuvo en la capital de la Región de Magallanes, inspeccionando las distintas unidades dependientes de la Quinta División, “con el propósito de conocer en terreno el estado operacional de las unidades, interiorizarse del trabajo que desarrolla el personal y verificar directamente las capacidades, condiciones y nivel de alistamiento con que cumplen sus misiones en una de las zonas más australes y estratégicas del país”, informó la rama militar. En la fotografía, el jefe castrense en su paso por la Cuarta Brigada Acorazada Chorrillos, con asiento en el sector de Ojo Bueno.

Sólo partidos de la categoría varones todo competidor contempla para este fin de semana el campeonato de básquetbol organizado por el Canal Deportivo Laboral de Punta Arenas. Como es habitual, los encuentros -seis en total- se desarrollarán en el gimnasio del Español. Así se llevará a cabo la programación: Hoy 17,30: Búfalos Mojados - Equipo Sur. 18,45: Team  Brothers - Pistoleros. 20,00: Team Croacia - Air Express. 21,15: Servisalud - Baguales. Mañana 18,00: Complejo Solarium - Clínica del Hogar. 19,15: Vientos del Estrecho - Transportes Bishop. Mientras tanto, la directiva del baloncesto de Canadela Punta Arenas está citando a reunión de delegados a los clubes inscritos en el torneo femenino temporada 2026. Se desarrollará este martes 12 a partir de las 19,30 horas en el mismo gimnasio hispano (sala de reuniones, segundo piso). POSICIONES La fase clasificatoria del “basket” laboral se encuentra en pleno desarrollo y las posiciones están conformadas de la siguiente manera: Varones 1.- Transportes Bishop y Team Brothers 6 puntos (ambos con 2 partidos jugados). 3.- Team Croacia y Baguales (ambos con 2 pj). 5.- Equipo Sur 4 (2 pj). 6.- Air Express, Vientos del Estrecho y Servisalud 3 (los tres elencos con 1 pj). 9.- Turbales, Clínica del Hogar, Pistoleros, Búfalos Mojados y Complejo Solarium 2 (todos con 1 pj). Damas 1.- Mambas 3 puntos (1 pj). 2.- Equipo Sur 2 (1 pj). 3.- Servisalud, Complejo Solarium y Logística Yese 0 (aún no han debutado). BABY Y VÓLEIBOL Por otro lado, este miércoles 13 a las 20 horas en el gimnasio del Español se efectuará la reunión de delegados de los equipos que participarán en el torneo de babyfútbol de Canadela. Las inscripciones están abiertas y los interesados en sumarse - empresas y clubes deportivos a nivel laboral- deberán enviar sus delegados. La competencia contempla cuatro categorías de varones: todo competidor (mayores de 18 años), senior 38 años, senior 45 años y senior 50 años. Por su lado, el torneo laboral de vóleibol senior top-35 damas y varones, que partirá el sábado 23 de mayo, tendrá reunión de delegados el lunes 18 a las 19,30 horas en el mismo recinto.

El exparlamentario es imputado por delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil. Tras cinco días de audiencia, el juez Daniel Urrutia dictó este viernes prisión preventiva para Joaquín Lavín León y su exasesor Arnaldo Domínguez. En el fallo, el magistrado consideró que los actos cometidos por el otrora legislador son propio de un sistema corrupto que transgrede los derechos humanos. Urrutia acreditó los argumentos expuestos por el Ministerio Público, que imputa a Lavín León de delitos de fraude al fisco, tráfico de influencia y malversación de instrumento privado mercantil. “Respecto al tráfico de influencias en la Municipalidad de Maipú, el imputado Lavín mantuvo interés directo e indirecto sobre contratos y operaciones propias del municipio, en lo que en virtud de sus cargos debían intervenir diversos funcionarios públicos municipales”, dijo el juez, agregando que “dicho interés fue tanto de carácter económico para la obtención irregular de bases de datos que utilizaría para los fines electorales, como también de carácter político para obtener ventajas indebidas en el municipio y para pagar favores políticos”. El juez Urrutia señaló que Lavín se aprovechó de su condición de diputado y esposo de la entonces alcaldesa Cathy Barriga para imponer una “posición de injerencia” sobre quienes se desempeñaban en el municipio maipucino. Delitos de cohecho Asimismo, respecto a los delitos de cohecho, que se habrían perpetrado entre los años 2015 a 2022, “los imputados Lavín y Domínguez habrían encargado al imputado Silva Morales, en representación de las ya referidas imprentas MMG y Total Print, material publicitario para diversas campañas electorales, entre ellas la campaña para elección de Cathy Barriga como alcaldesa de la comuna de Maipú”, dijo Urrutia. Y continuó: “Luego, durante el período en que esta ejerció como alcaldesa, el imputado Silva Morales prestó servicios a través de su imprenta como impresión de volantes, afiches y de impresión. En efecto, entre los años 2017 y 2021, imprenta MMG SA se adjudicó contrataciones de diversa índole en el municipio por al menos 88.000.000 de pesos. Los pagos por todas estas influencias ejercidas por el imputado Domínguez sobre funcionarios municipales para obtener de esto decisiones que pudiesen favorecer a la imprenta, dando provecho a esta en contravención de las normas de contratación pública, quien desmedró de otros competidores”. Peligro para la seguridad de la sociedad A lo expuesto anteriormente, Urrutia consideró que “existen antecedentes calificados que permiten al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de diligencias (…) la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad y existe peligro de que el imputado se de a la fuga” Tras ello, calificó que los hechos expuestos por fiscalía dan cuenta de actos de corrupción por parte de Lavín y Domínguez: “La corrupción no debe entenderse como un conjunto de actos ilícitos aislados, sino como un fenómeno sistémico donde la función pública es secuestrada por intereses particulares”. “El diputado deja de ser un representante de la soberanía popular para convertirse en un agente de captura. En este esquema, la estructura del Estado es utilizada como una herramienta de extracción de riqueza, donde los funcionarios no son elegidos por su idoneidad o probidad, sino por su lealtad al esquema delictivo”, sostuvo. “La corrupción no es un problema de manzanas podridas, sino de huertos capturados. Esta captura tiene un efecto devastador en las instituciones públicas cuando el cargo público se percibe como propiedad privada del político, se anula la función pública y se instala un sistema de impunidad estructural. La red de funcionarios garantiza que el desvío de fondos no sea detectado, transformando la burocracia estatal en el blindaje de una verdadera organización criminal. Bajo esta lógica, la corrupción legislativa no sólo afecta el patrimonio del Estado, sino que desmantela el corazón mismo de las instituciones democráticas, dejando al ciudadano en un estado de indefensión frente al poder desviado”. Prosigue: “Reafirmando la gravedad de la corrupción, el profesor mexicano Luis Daniel Vázquez Valencia, en su libro, ‘Corrupción y Derechos Humanos’, por dónde comenzar la estrategia anticorrupción, Vázquez argumenta que la corrupción no es un delito sin víctimas. Para él, cuando un legislador o funcionario roba dinero público, está privando al Estado de los recursos necesarios para garantizar derechos básicos como la salud, la educación y la seguridad. “Por tanto, la red de funcionarios no solo comete un fraude al fisco, sino que genera una violación masiva de derechos económicos y sociales. La gravedad y carácter de las conductas descritas constituyen macrocriminalidad. En palabras del profesor Vázquez, en contextos de corrupción sistémica, ya no hablamos de delincuentes comunes, sino de redes donde se borra la frontera entre el Estado y el crimen organizado”, concluye. Emol

El Instituto Nacional de Estadísticas informó este viernes que el Indice de Precios al Consumidor registró una variación de 1,3 por ciento en abril, mes marcado por la histórica alza del precio de los combustibles. Con este dato, la inflación acumula un aumento de 2,7 por ciento en lo que va del año y de 4,0 por ciento en 12 meses. El mencionado 1,3 por ciento se ubicó levemente por debajo de las expectativas de los expertos, que preveían un alza de 1,4 hasta 1,6 por ciento. De todos modos, es el mayor salto mensual desde julio de 2022, cuando marcó 1,4 puntos. El acumulado a 12 meses se compara, en tanto, con 4,4 por ciento registrado en septiembre de 2025. Como consecuencia de lo indicado, la Unidad de Fomento (UF) sumará otros 523 pesos de aquí al 10 de junio, y llegará a 40 mil 763. En abril de 2026, el Indice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 1,3%, acumulando 2,7% en el año y de 4,0% a doce meses. Destacaron las alzas en transporte, así como vivienda y servicios básicos: https://t.co/nAXBSwlWQc pic.twitter.com/51JunGpj7c Los productos que más subieron Según detalló el Ine, 10 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC “aportaron incidencias positivas” en el resultado del cuarto mes del año, dos presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia. Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron transporte (8,0 por ciento), y vivienda y servicios básicos (0,8 puntos). De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó vestuario y calzado (-1,8 por ciento). El desglose detalla que la gasolina subió en abril un 25,3 por ciento, y acumula un alza de 29,7 en lo que va del año. El petróleo diésel anotó un incremento de 45,7 puntos, acumulando 55,7 este 2026. Nicolás Román, académico de la Universidad de los Andes, señaló que “durante el mes de abril tuvimos el alza durante las cuatro semanas y esa alza es de cerca de un 25%. En total ha subido más de un 30%, 33%, pero ese 25% de este mes con un peso relativo de los combustibles de 3,4% explica 0,8% de la variación del IPC dentro de una variación de 1,3%”. “El resto son algunas partidas que están indexadas a la UF como son arriendos, gastos de escolaridad, gastos comunes y eso explican el resto de las variaciones”, agregó. La “punta del iceberg” Por su parte, el exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre (PPD) advirtió que esto podría ser solo la “punta del iceberg”. “La situación económica mundial se va a ralentizar, vamos a tener problemas con los precios por el tema de los fertilizantes y con los precios de los alimentos. No es una buena situación”, dijo el economista. Cooperativa

Casas fiscales y municipales en Chile han sido ocupadas por décadas de forma indebida, transformándose en enclaves de ocupación indefinida, según el organismo fiscalizador, que ordenó a servicios públicos regularizar la situación, fijando plazos máximos de uso y causales de término del beneficio. Por años, las viviendas fiscales y municipales han funcionado como un beneficio asociado al servicio público. Casas destinadas a funcionarios que, por razones operativas o de vigilancia permanente, debían residir en determinados recintos o localidades. Sin embargo, en distintos organismos del Estado, el sistema comenzó a deformarse hasta transformarse, en algunos casos, en verdaderos enclaves de ocupación indefinida, a vista y paciencia de las autoridades y fiscalizadores. Radio Bío Bío recopiló antecedentes de viviendas fiscales que permanecen desde hace décadas bajo control de funcionarios o incluso de sus familias, pese a cambios de destino, jubilaciones o alteraciones evidentes de las condiciones originales que justificaron la asignación. A ello se suman casos de inmuebles utilizados prácticamente como residencias privadas permanentes, incluyendo refugios estatales en sectores cordilleranos como La Parva, cuyo acceso y uso han quedado restringidos, en la práctica, a círculos internos de funcionarios públicos. El escenario llegó finalmente a la Contraloría General de la República. Y la respuesta fue literal: ordenar la casa. Mediante el dictamen D263 de 2026, firmado por la contralora general Dorothy Pérez, el organismo reconsideró y complementó su jurisprudencia administrativa sobre viviendas fiscales y municipales, instruyendo a todos los servicios públicos del país a emitir o actualizar protocolos internos que regulen estrictamente el uso de estos inmuebles. “Situaciones irregulares” y uso “ilimitado en el tiempo” La señal es particularmente dura porque el propio órgano fiscalizador reconoce que, tras sus fiscalizaciones, detectó “situaciones irregulares” y “grave alteración” en las condiciones de uso y mantención de las viviendas. Más aún, advierte que existen casos donde el beneficio se ha extendido “ilimitadamente en el tiempo” o “por tan larga data que impide a los demás funcionarios la posibilidad de acceder al mismo”. Ese punto es clave, ya que dentro de los antecedentes que manejamos existen casos en que el uso sobrepasa los 30 años. Hasta ahora, la jurisprudencia administrativa de Contraloría sostenía que el beneficio sólo terminaba en casos específicos: desvinculación del servicio, traslado a otra localidad, adquisición de una vivienda propia en el lugar o incumplimientos graves de uso y conservación. Pero el nuevo dictamen cambia el eje interpretativo. La Contraloría concluye que la ley nunca estableció expresamente causales rígidas y exclusivas de término del beneficio, abriendo así la puerta para que las autoridades administrativas puedan fijar límites temporales y condiciones de uso. Es decir, ordenar cuánto y bajo qué contexto se puede vivir gratis. En otras palabras, el órgano contralor les está diciendo a los servicios públicos que no pueden seguir administrando viviendas fiscales como si fueran patrimonios hereditarios de facto. Y esto tiene una lógica, ya que, según datos en un caso, una familia ha vivido por 40 años e incluso heredando a su descendencia la vivienda fiscal. El dictamen sostiene que las jefaturas tienen facultades para “fijar plazos máximos de uso”, establecer “condiciones transversales de mantención y cuidado” y también “poner término al goce de una vivienda fiscal o municipal”. 60 días para regularizar Contraloría dio un plazo de 60 días hábiles para que ministerios, municipios, Fuerzas Armadas, policías, gobiernos regionales, universidades estatales y demás organismos dicten o actualicen reglamentos internos sobre asignación y uso de viviendas fiscales. En simple, se acabó la falta de regulación. Esos protocolos deberán incluir requisitos de postulación, mecanismos de control, monitoreo, visitas inspectivas, obligaciones de mantención y, especialmente, “plazos máximos de utilización” y causales para poner término al beneficio. El dictamen además obliga a que tanto la asignación como el término del beneficio sean establecidos mediante “acto administrativo fundado”, conforme a la Ley 19.880 sobre procedimientos administrativos, se lee en el dictamen. Con esto, los alcaldes o jefes de servicio tendrán que regularizar las propiedades que están en manos de funcionarios públicos y, en el caso de exfuncionarios que no devolvieron las propiedades, pedir su restitución de forma inmediata. Se vende La decisión de la Contraloría, que llegó a raíz de las investigaciones que ha cursado la institución, se conoce en medio de la auditoría que el Ministerio de Bienes Nacionales está realizando sobre las miles de propiedades y terrenos fiscales que están en posesión de terceros o que el Estado no está aprovechando. Esta idea, que es paralela a lo que regula ahora la Contraloría, es vender propiedades que el Estado tiene, ya sea por compras en el pasado, terrenos que siempre han sido estatales o incluso por herencias no cobradas que pasan a las arcas fiscales. Estos puntos son importantes, ya que, según fuentes del Ministerio de Hacienda, Chile podría pasar fácilmente 20 años vendiendo propiedades o terrenos. Un ejemplo es la zona norte del país, donde las extensiones de suelo fiscal son enormes. O incluso, como se ha conocido, viviendas, edificios y refugios como los dos que actualmente existen en La Parva, los que podrían salir a la venta dentro de los próximos cinco meses. Artículo 2492: usucapión En Chile, la ocupación prolongada de inmuebles puede derivar en acciones vinculadas a la prescripción adquisitiva, conocida como usucapión, regulada en el Código Civil en el artículo 2492 y siguientes, donde podrían, bajo ciertas condiciones, entrar inmuebles fiscales que, en la práctica, no son de uso público. Es decir, existen mecanismos mediante los cuales una persona puede eventualmente adquirir dominio por posesión continua durante un determinado tiempo, bajo ciertas condiciones legales. Precisamente por eso, distintas fuentes del mundo administrativo y patrimonial venían advirtiendo hace años el riesgo de mantener bienes fiscales ocupados indefinidamente sin revisiones periódicas ni controles efectivos. La Contraloría, de hecho, deja entrever esa preocupación institucional al recalcar que estos inmuebles son “bienes de naturaleza y finalidad pública” y que existe un “reducido número” en relación con los potenciales beneficiarios. biobiochile.cl

Diputados tanto de la oposición como del oficialismo criticaron este viernes la decisión del Presidente de Chile, José Antonio Kast, de reunirse con su homólogo israelí, Isaac Herzog, durante la ceremonia de investidura de la nueva Presidenta de Costa Rica, Laura Fernández. A la denuncia se sumó la Comunidad Palestina en Chile, la más numerosa del mundo al margen de los países árabes, con más de 500.000 personas, que coincidió con los parlamentarios en expresar su preocupación por lo que definieron como “una ruptura con la histórica doctrina de relaciones exteriores del país”. En un comunicado, la comunidad palestina transmitió, además, su inquietud al considerar que “el gesto de Kast representa una señal de legitimación hacia una figura que hoy está bajo el escrutinio de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, en el marco de la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica”. “Es un acto diplomático que no tiene nada de inocente y una vergüenza para Chile, además de una falta de respeto y empatía con más de medio millón de chilenos de origen palestino”, subrayó el presidente de la Comunidad Palestina de Chile, Maurice Khamis. Cooperativa

La Corte Suprema emitió un informe clave sobre el “Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social” también denominado Ley Miscelánea, iniciativa impulsada por el gobierno de José Antonio Kast. El pleno se reunió el pasado lunes 4 de mayo para analizar la propuesta, y mediante un oficio remitido al presidente y secretario de la Cámara de Diputadas y Diputados el miércoles 6, el máximo tribunal del país tomó posición frente a la megareforma. Cabe destacar que la propuesta se estructura en cuatro pilares: reconstrucción física, reconstrucción económica, reconstrucción de confianza y reconstrucción fiscal. “Que, de acuerdo a lo expuesto, el ‘Proyecto de Ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social’ introduce, entre otras materias, modificaciones al régimen de evaluación ambiental, al sistema de impugnación de las Resoluciones de Calificación Ambiental y a las competencias de los Tribunales Ambientales”, señala el informe de la Suprema. El máximo tribunal concentró su análisis en los artículos 13 N°6, 16, 18 inciso final y 19 del proyecto. Todas estas normas merecen “comentarios diferenciados” según advierte el oficio. Legitimación y vacíos Uno de los puntos críticos que detectó la Corte Suprema se refiere al nuevo artículo 24 ter de la Ley N°19.300. “En cuanto al nuevo artículo 24 ter de la Ley N°19.300, la propuesta presenta espacios de mejora en la precisión normativa”, plantea el informe. El tribunal reconoce que se valora la intención de concentrar la impugnación de las resoluciones de calificación ambiental en la judicatura especializada y restringir el uso de vías administrativas generales. Sin embargo, el texto “no define con claridad si introduce una regla excepcional o una modificación general del sistema”. “Además, omite armonizar esta nueva acción con las reglas de legitimación activa de la Ley N°20.600 (que crea los Tribunales Ambientales), lo que puede afectar su eficacia práctica y generar incertidumbre sobre quiénes podrán ejercerla”, agrega el oficio. Alerta por restitución de gastos Otro de los ejes que generó mayor preocupación en el máximo tribunal es el mecanismo de restitución de gastos directos y efectivos para los titulares de proyectos cuya resolución de calificación ambiental sea anulada judicialmente. El informe advierte que “la propuesta innova de manera significativa en el ordenamiento, al permitir que el Fisco asuma costos derivados de una inversión privada cuya resolución de calificación ambiental fue anulada judicialmente”. Además, la Corte alerta que, aunque el proyecto busca proteger la confianza legítima del titular, “la regla aparece formulada en términos amplios, pues sus resguardos se concentran principalmente en la acreditación y cuantificación del gasto, y no en presupuestos sustantivos estrictos de procedencia”. Por ello, el tribunal recomendó que se exija, al menos, buena fe del titular, ausencia de contribución al vicio, razonabilidad de los gastos y una carga patrimonial anormal o desproporcionada. De lo contrario, el Fisco podría terminar operando como una suerte de asegurador general del riesgo regulatorio de la inversión privada. Observaciones procesales Desde el punto de vista procesal, la Corte Suprema no presentó mayores objeciones al plazo ni al régimen recursivo de la reclamación judicial contra el monto fijado por una comisión de peritos. “Ambos parecen compatibles con el acceso a la jurisdicción y con los criterios previamente sostenidos por la Corte Suprema”, sostiene el informe. Sin embargo, el tribunal es enfático en una omisión: “El proyecto debiera precisar expresamente cuál es la Corte de Apelaciones competente, para evitar dudas interpretativas y asegurar una regla clara de acceso al tribunal”. Esta precisión resulta necesaria a la luz de lo señalado en el motivo undécimo del propio informe. El proyecto también introduce cambios en las medidas cautelares que paralizan proyectos con resolución de calificación ambiental favorable. “En relación con las medidas cautelares, el proyecto busca evitar paralizaciones indefinidas de proyectos que cuentan con resolución de calificación ambiental favorable, estableciendo un plazo inicial de 30 días, renovaciones fundadas y un límite máximo total de 6 meses”, releva el oficio. biobiochile.cl

El ministro de Vivienda recalcó la necesidad de aprobar la iniciativa para obtener más recursos.   Este jueves, la comisión de Hacienda recibió -entre otros invitados- al ministro de Vivienda, Iván Poduje, en el marco de la discusión y próxima votación en general del Plan de Reconstrucción. Durante su exposición, el secretario de Estado abordó la propuesta de exención de Iva a la compra de viviendas nuevas incluida en la iniciativa y planteó que existen otras herramientas para facilitar el acceso a la vivienda. En ese sentido, destacó el rol del Fondo de Garantía Especial Estatal (Fogaes), asegurando que “es mucho más efectivo”, y anunció que el Ejecutivo busca ampliarlo desde 50 mil a 100 mil unidades. “Es una medida que ha sido tremendamente exitosa, sobre todo para que jóvenes profesionales y sectores medios que hoy no acceden a la vivienda puedan hacerlo”, afirmó. Cabe recordar que el Plan de Reconstrucción contempla eliminar de forma temporal el Iva (19%) para la compra de hasta 100 mil viviendas nuevas durante un período de 12 meses. Tras la sesión, Poduje advirtió además sobre las dificultades de financiamiento en caso de que el proyecto no avance. “Si no se aprueba, no tenemos de dónde generar los $428 mil millones que cuesta la reconstrucción. Toda reconstrucción requiere un Fondo Especial Transitorio, como ocurrió tras el 27F y en Viña del Mar. Es una tradición republicana que esperamos se mantenga”, sostuvo. Apoyo Frente Amplio El anuncio de fortalecer el Fogaes generó respaldo desde el Frente Amplio. El diputado Jorge Brito (FA) valoró la postura del ministro y adelantó que impulsarán una indicación para priorizar ese mecanismo. “Lo ayudaremos con una indicación al proyecto del ministro Quiroz, que reemplace su regalo a las constructoras por una ayuda real a la clase media”, señaló. En la misma línea, la diputada Gael Yeomans (FA) expresó su apoyo a Poduje y cuestionó al Ministerio de Hacienda. “Desde la oposición le prestamos todo nuestro respaldo al ministro de Vivienda, porque el principal responsable de que no se cuenten con los recursos para la reconstrucción es el ministro Quiroz, que no presentó la reforma de manera separada ni le dio la prioridad que corresponde”, afirmó. Asimismo, destacó que la propuesta del titular de Vivienda “es mucho más interesante y está realmente enfocada en resolver el problema, como ocurre con el Fogaes, que también respaldamos”. Emol

Estados Unidos sancionó este jueves al conglomerado militar cubano Gaesa, a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa mixta con participación canadiense, en el marco de una ofensiva económica destinada a cortar los ingresos del régimen que gobierna la isla. El anuncio, realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, coincidió con la retirada de la canadiense Sherritt International de sus operaciones conjuntas en Cuba, un movimiento que los analistas interpretan como una señal de que las presiones de Washington sobre los socios extranjeros de La Habana empiezan a surtir efecto. En un mensaje en sus redes sociales, Rubio aseguró: “Las sanciones impuestas hoy demuestran que la administración Trump no permanecerá impasible mientras el régimen comunista cubano amenaza nuestra seguridad nacional en nuestro hemisferio. Continuaremos tomando medidas hasta que el régimen implemente todas las reformas políticas y económicas necesarias”. Las nuevas medidas se aplican bajo la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo, que extendió el alcance de las sanciones estadounidenses hasta abarcar a casi cualquier entidad extranjera que mantenga vínculos comerciales con sectores estratégicos de la isla: energía, defensa, seguridad y finanzas. Infobae

Tres destructores de la Marina de Estados Unidos repelieron un ataque iraní en el estrecho de Ormuz este jueves y desencadenaron una cadena de represalias que rompió semanas de relativa calma tras el alto el fuego del 7 de abril, según informaron el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) y medios estatales iraníes. El Centcom confirmó que el USS Truxtun, el USS Rafael Peralta y el USS Mason fueron atacados con misiles, drones y embarcaciones menores mientras transitaban el paso marítimo internacional hacia el golfo de Omán. Ninguno de los activos estadounidenses fue alcanzado, precisó el comunicado. En respuesta, fuerzas estadounidenses eliminaron las amenazas entrantes y atacaron instalaciones militares iraníes identificadas como responsables de la agresión: sitios de lanzamiento de misiles y drones, centros de mando y control, y nodos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, según el comunicado del Centcom. Un alto funcionario estadounidense citado por un corresponsal de Fox News en la red social X precisó que los ataques se ejecutaron sobre el puerto de Qeshm y la ciudad de Bandar Abbas. El mismo funcionario subrayó que las acciones “no significan el reinicio de la guerra ni el fin del alto el fuego” anunciado el pasado 7 de abril. El alto mando militar conjunto de Irán rechazó esa caracterización. A través de un comunicado difundido por medios estatales, el portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya acusó a Washington de violar el alto el fuego al atacar dos embarcaciones: un petrolero iraní que navegaba desde aguas costeras cercanas a Jask hacia el estrecho de Ormuz, y otra nave que ingresaba al estrecho cerca del puerto emiratí de Fujairah. Infobae