El Ministerio Público formalizó este jueves al abogado Marcos Ibacache Cortés por su presunta participación en cinco delitos, que dicen relación con la venta de loteos irregulares y estafas.

En esta causa hay otros tres imputados que no comparecieron. En contra de Roberto Carrillo Barría se despachó una orden de detención. Mientras que para Angel Millán Mansilla y Nélida Millán Mansilla se fijó una nueva audiencia, para el 16 de septiembre de este año.

El abogado Luis Díaz Coñuecar asistió por una de las víctimas. Y Rodrigo Araya por la defensa de Ibacache.

El fiscal que lleva esta investigación es Oliver Rammsy, y fue él quien ayer comunicó los cargos.

En el primer hecho responsabiliza a Ibacache de participar en la venta de “loteos irregulares”, a partir de la conformación de una sociedad agropecuaria, dueña de la parcela Nº11, en el kilómetro 43 de la Ruta 9 Sur, sector La Campana, de Agua Fresca. Esto con posterioridad al fallecimiento de José Arturo Millán.

La superficie aproximada eran 300 hectáreas de bosque nativo. Conaf otorgó el 30 de abril de 2021 un plan de manejo forestal, con el objetivo de obtención de trozas para madera aserrable, postes y leñas.

“En ningún caso fue autorizado el propietario para despejar y establecer instalaciones, caminos, casas u otros de tipo inmobiliario, es decir, lotear o dividir el predio”.

Según el fiscal, Nélida Millán Mansilla, Angel Millán Mansilla, Roberto Carrillo Barría y Marcos Ibacache, se concertaron, y en abierta contradicción a las normas administrativas pertinentes sobre la regularización de los loteos, careciendo de la autorización del Sag y Conaf, Municipalidad y el Ministerio de la Vivienda para lotear y suprimir el aludido predio rural, “ofrecieron a la venta los terrenos resultantes de una inexistente división del predio rústico”.

Hicieron publicaciones de venta a través de las redes sociales, avisos por internet, comisionando al efecto al abogado de la asociación y cómplice en estos hechos, para ofrecer la venta de las tierras.

Mostraban fotos y planos de los predios en venta e Ibacache se encargaba de explicar el proyecto. Con venta de parcelas de media y una hectárea. En esa época, entre 15 y 30 millones de pesos.

Uno de los familiares, Abraham Ulises Millán Macías, se opuso a la venta de 25 parcelas sabiendo la calidad de predio agrícola y bosque nativo de la parcela.

Todo era un engaño. Y para dar apariencia de seriedad, le mostraban a los compradores las obras de talaje y construcción de caminos. Pero no les decían que se trataba de un plan de manejo forestal de bosque nativo. Y no de una regularización de los predios.

En 2013 la Municipalidad de Punta Arenas extendió un certificado de ruralidad a esta propiedad de Agua Fresca. En octubre de 2023 la Sociedad Agropecuaria José Millán y compañía limitada, solicitó al Sag la certificación para la subdivisión del predio parcela 11, lo que fue rechazado dado que se encuentra sobre un bosque nativo.

Otra estafa

A fines de febrero de 2022, la querellante Patricia Altamirano Santana tomó contactó con un conocido, que trabajaba con el abogado Marcos Ibacache en la venta de sitios y parcelas en Punta Arenas.

Le informaron sobre los sitios ubicados al sur de esta ciudad, detrás del Fundo San Fernando, en el kilómetro 41 sur, hacia el poniente, con dirección al cerro La Campana. Cada parcela era vendida en 20 millones de pesos.

El pago acordado fue de 8 millones de pesos con un cheque al día y los 12 millones restantes en cuotas.

A la fecha de suscripción del contrato no había solicitud ante el Sag para lotear el predio.

Los plazos acordados no se habrían respetado. Y sostuvieron varias reuniones con el abogado Marcos Ibacache, “principal gestor de negocios, para que restituya los dineros efectivamente entregados y restituya los restantes cheques entregados. Conversaciones infructuosas, pues no devolvió el dinero recibido pese a haberse comprometido en numerosas ocasiones a ello, todo lo cual no es más que un engaño en que se hizo incurrir a la víctima”, mencionó Rammsy.

Tercer delito

El 7 de julio de 2012 otra persona, Juan González Jorquera, firmó un contrato de compraventa por dos lotes, de una extensión aproximada de 5.000 metros cuadrados cada uno, a un valor de $16 millones cada predio, pagados con un cheque nominativo al abogado Ibacache y único autorizado para el cobro del documento.

Nuevamente había un bosque nativo de por medio y cuando la víctima fue a hablar con el abogado le dijeron que harían las rectificaciones exigidas y todo quedaría en regla, “lo que era un embuste, pues la víctima concurre personalmente a Conaf, donde se informa que no se habrían cumplido con las observaciones exigidas para asignar rol a los distintos lotes, trámite que era imposible. Por lo tanto, no había loteo ni regularización del predio por el que pagó”.

Estafas

También Marcos Ibacache fue formalizado por dos presuntas estafas.

Una es por la querella que presentó en su contra Juan Reyes Navarro, condenado a 8 años de presidio efectivo como autor del delito de estafas reiteradas.

El abogado le aseguró que por su irreprochable conducta anterior, tratándose de un delito de estafa, era difícil que fuera a la cárcel.

Y para reparar el daño por el mal causado debía entregarle dinero en efectivo, y él se encargaría de enterarlos a la cuenta bancaria respectiva del tribunal.

El querellante le entregó diversas cantidades de dinero, que sumaron 83 millones de pesos.

Pero dicha consignación de dinero no existió para invocar tal atenuante, reflejado en la sentencia condenatoria, “donde el defensor omitió toda alegación referente al dinero aportado por la finalidad de reparar el mal causado, aprovechándose la confianza que depositó en él como su abogado”.

Otro caso

Otra estafa consumada dice relación con una persona que el 24 de octubre de 2022 fue condenada por abigeato a cumplir una pena de 541 días de presidio por un delito cometido en la ciudad de Puerto Williams. El cumplimiento era en libertad.

Pero como el condenado no quedó conforme contrató los servicios legales de Marcos Ibacache. El acuerdo entre ambos fue presentar un recurso para anular el fallo y luego interponer una demanda civil por mil millones de pesos.

El recurso ingresó a trámite pero la Corte de Apelaciones lo declaró “abandonado” porque el abogado no se presentó. De ahí vino el cúmplase de la sentencia.

Según el fiscal el abogado le habría dicho a su cliente que no se preocupara porque la Corte lo había absuelto, y por ende no tenía que presentarse en Gendarmería a firmar.

Con el tiempo le dijo que la demanda civil iba avanzando. En al menos tres ocasiones le habría cobrado 2 millones y medio de pesos por notificaciones que se debían realizar.

El 10 de marzo de 2025 el condenado fue notificado de que tenía que presentarse en Gendarmería para dar inicio al cumplimiento de la condena. Ahí se enteró de que el recurso de nulidad lo había perdido y que nunca fue absuelto. Y que no existe demanda civil en contra del Estado y que arriesgaba revocación por abierta desobediencia.

Un millón de pesos pagó por el recurso de nulidad; por la demanda civil $5 millones y $2,5 millones por diversas notificaciones, “todo lo cual era un embuste, un engaño, para mantener en error a la víctima, y perjudicarla en las sumas señaladas”, enfatizó el fiscal.

Como medida cautelar, el juez Ricardo Herrera le impuso a Ibacache Cortés la prohibición de salir del país por los 120 días que dure la investigación.

Ibacache desvirtuó los delitos
de loteo ilegal y estafas que le
imputa el Ministerio Público

“No existe el delito de loteo ilegal. Y los dineros fueron devueltos en su oportunidad. No existe ninguna situación con algún cliente que esté pendiente y menos delitos de estafa”, fue la categórica respuesta entregada por abogado Marcos Ibacache Cortés a los cargos que le fueron formulados.

Respondió que la formalización dice relación con una situación de un supuesto loteo ilegal. “Esta parte tiene todos los antecedentes de que este loteo se ha llevado a cabo durante años ante el Servicio Agrícola y Ganadero. En ningún caso el servicio ha dicho que este loteo no se puede llevar adelante porque haya bosque nativo”.

Hay indicaciones de modificaciones que se deben realizar al proyecto que se presentó, pero todo está totalmente vigente y viable. Por ende, ahí hay una falta de información del Ministerio Público”.

En el caso de Juan González, señaló que el año 2023 le devolvieron $17.900.000, de los 16 millones que había pagado y el tema quedó zanjado.

Respecto de la querella de Juan Rubén Reyes Navarro, “a este señor el dinero se le devolvió completamente en una notaría de Quilpué, ya que se pidió la reserva del caso en su momento, pues debía pagar una indemnización y la parte querellante andaba buscando dicho dinero”

Sobre el recurso que no se alegó para los efectos de solicitar una cantidad exuberante de dinero, afirmó que es absurdo el cobro de 8 millones de pesos.

“El mismo fiscal de la causa (Rammsy) ya me había advertido que la fFscalía había concertado, digamos, que tenían que hacer esta formalización en mi contra, producto de que existía una querella que yo había presentado en contra del fiscal jefe. Y que venía esta, en definitiva, vuelta de mano”.

“Incluso el fiscal instó a que en el futuro se pidan las audiencias respectivas para llegar a los acuerdos reparatorios y terminar con esta causa”.