Junto al monumento a Hernando de Magallanes en la Plaza Muñoz Gamero, los integrantes del grupo Deep Orange expresaron sus emociones por llegar por primera vez a Punta Arenas, para ser parte de la segunda jornada de la Semana Internacional del Jazz, anoche. Tras la presentación del grupo local Blues-Ceros, correspondió el turno a esta agrupación proveniente de Santiago, en el que la versatilidad de sus músicos permite hacer un recorrido detallado por las distintas variantes y estilos que forman parte de la historia del jazz. El bajista Willy Pino, el pianista Miguel Angel Ortiz y el baterista y director Omar Pazols están por primer vez en Punta Arenas, mientras que el saxofonista y clarinetista Víctor Gutiérrez vino hace dos años, con otro grupo. El trompetista Esteban Estay completa la agrupación. “Desde Santiago siempre hemos sabido de este festival, y esta banda en particular no había participado nunca, por lo que es un honor que nos hayan invitado. Somos bien activos, pero más por el centro del país, pero nos atendido extraordinariamente bien”, agradeció Pazols. Larga trayectoria artística Siendo adolescentes partieron en la música “y ya todos estamos en los 65, así que son muchos años. Y como banda, llevamos cerca de 18 años. Nos hemos presentado en prácticamente todos los centros, los lugares más populares de jazz de Santiago y de provincia. Es muy especial para nosotros, porque estamos tocando muy lejos de casa”, reiteró el director de Deep Orange. Omar Pazols explicó que el jazz es un género musical muy amplio, “porque sus orígenes son como de 1700, otros dicen que se originó en New Orleans, pero en realidad es más antiguo, de cuando empieza la comercialización de América, en que llegan barcos europeos con esclavos y en ciertos puertos comienzan a fusionarse los instrumentos africanos de percusión con los vientos que vienen de Europa. Después, viene la guerra de la Secesión en Estados Unidos, donde gran parte de los ejércitos se quedan sin trabajo, solamente con sus instrumentos, y empiezan a tocar. Pero es muy largo el tiempo. Y también pasa, como en el Pop o el Rock, que todo lo que no clasifica ahí, pasa a ser jazz. A saber, el jazz tiene el Dixie, bailes como el Foxtrot, la línea más purista que es el Main Street, jazz fusión, funky, por eso es tan amplio. Hay gente que dice que es música muy snob, pero no es así”, diferenció. Por ello, este colectivo musical hace un viaje en el tiempo por los estilos del jazz, ya que cada uno de los integrantes ha conformado grupos para cultivar estilos particulares. “Podríamos armar cuatro bandas distintas casi con los mismos músicos; nos cambiamos la gorra, la ropa y hacemos otro show, pero el sonido y la forma de tocar es distinto, y son lenguajes que hay que aprender; estudiar el estilo de cada uno”, manifestó Omar Pazols. Junto a músicos magallánicos Justamente, esta manera de encarar la interpretación musical les permitió compartir escenario con los exponentes locales, donde destacan los estudiantes de La Groove Band Jazz. “Es una excelente experiencia, nosotros hace años, participamos en el Festival de Jazz en la Chimenea y que tenía como objetivo promover el estilo y se tomaban alumnos de las universidades y colegios de música, se organizaba una presentación y se seleccionaban. Había diez, doce bandas, y los días sábado de febrero se hacía un festival con las dos mejores bandas de estudiantes, más una ‘profesional’, que me carga usar esa palabra, sino que con más trayectoria. Competían los dos ganadores y el que ganaba tenía la opción de grabar un disco sin costo. Si aquí se integran bandas de la zona, con más experimentados, fantástico. Sería súper entretenido y vamos a proponer, de que al final del show, si están los otros músicos, podamos hacer una jam, que toquemos todos, son experiencias que motivan mucho a seguir trabajando”, finalizó el director de Deep Orange, ante la aprobación de sus compañeros ante la idea.

Jefe comunal advierte impacto en el comercio por eventual éxodo de los edificios municipales del área céntrica. Fachadas rayadas, galerías con locales en arriendo, un sinnúmero de cables en desuso y varios edificios patrimoniales con daños en sus frontis conforman la postal actual de la calle Bories, la cual, según locatarias, ha ido perdiendo protagonismo como uno de los principales puntos de compra de la ciudad frente a alternativas como Zona Franca o el mall Espacio Urbano Pionero. Una de las señales que evidencia esta situación es la demora de más de cinco meses en encontrar un interesado en arrendar el local que anteriormente ocupaba la tienda Corona. Según el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, desde el municipio es posible avanzar en diversas iniciativas de mejoramiento, pero estas requieren necesariamente la colaboración del mundo privado. “Vemos con preocupación, y también con un poco de tristeza, que los dueños de propiedades en el centro no han asumido la responsabilidad de mantener o pintar adecuadamente sus fachadas”, enfatizó la autoridad comunal, quien reiteró su intención de ejecutar el proyecto de soterramiento de cables entre las calles Colón y Sarmiento, lo que permitiría ordenar una parte del casco histórico puntarenense. En ese sentido, insistió en la necesidad de mantener un paseo urbano uniforme. Radonich aseguró además que se ha comunicado con los principales propietarios de edificios del centro para incentivar la mejora del estándar de las fachadas. “No podemos pintar lugares privados”, reconoció, agregando que “embellecer el centro es una responsabilidad social”. El éxodo de los servicios municipales Para el jefe comunal, todos estos esfuerzos serían en vano si los distintos edificios municipales actualmente disgregados en el centro se trasladan a los terrenos del exhospital, tal como lo plantea el proyecto impulsado por el Gobierno Regional de Magallanes. “Por eso yo no voté a favor del traslado, porque estamos hablando de cientos de personas que vienen todos los días al centro y que ya no van a venir”, insistió Radonich, quien en reiteradas ocasiones ha cuestionado esta iniciativa. De acuerdo con proyecciones municipales, más de dos mil personas realizan a diario algún trámite en el centro puntarenense. A ello se suma el impacto que tendría la salida del municipio en el comercio local, que dejaría de contar con un “cliente habitual”, como lo es el funcionario municipal, quien compra el pan, pasa al supermercado o resuelve necesidades cotidianas en los distintos comercios del sector. “Me llama la atención que cuando todos reclaman por el centro, nadie alude al impacto que tiene una municipalidad en el corazón de una ciudad mediana”, reclamó Radonich. Añadió que el proyecto del consistorio en el barrio Prat continúa únicamente porque fue respaldado de forma mayoritaria por el Concejo Municipal anterior, pese a que estudios advierten que no sería el lugar más adecuado para su construcción. Proyecto de soterrado A la espera de financiamiento del Gobierno Regional se encuentra el proyecto de soterramiento del cableado eléctrico en calle Bories, en el tramo comprendido entre Avenida Colón y calle Sarmiento de Gamboa. La iniciativa tendría un costo superior a los 2 mil millones de pesos y contempla un plazo de ejecución de 18 meses. Los montos fueron estimados en base a un diseño financiado por el Gobierno Regional y entregado a la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) a comienzos de 2024. El proyecto considera más de 5.000 metros cuadrados de reposición de hormigón, además de estacionamientos para personas con discapacidad, entre otros elementos.   Principales propietarios en de calle Bories Según datos entregados por la Dirección de Obras Municipales, los tres principales dueños de inmuebles en calle Bories son Comercial Inmobiliaria Ene, Comercial Inmobiliaria Bassarmal y la Sociedad Cosme Nocera. Comercial Inmobiliaria Ene posee diez propiedades que pertenecen a la familia Nandwani; Bassarmal administra cinco predios y es propiedad de la familia del mismo nombre; mientras que la Sociedad Cosme Nocera cuenta con cuatro inmuebles bajo su administración.

El investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Inia), Erwin Domínguez Díaz, advierte sobre los riesgos de reducir a las especies introducidas como “invasoras” o “dañinas”, sin considerar, que, en muchas ocasiones, pueden cumplir funciones clave. “Ultimamente, la ecología se ha llevado mucho a un ámbito antropocéntrico, como ocurre en las películas o en las fábulas, donde el oso habla con el conejo. Eso no puede ser, es peligroso, porque caricaturiza la naturaleza y la relación que tiene el ser humano con ella”, explicó el investigador al referirse al riesgo que implica simplificar la complejidad ecológica. Al día de hoy, según Domínguez. las investigaciones a nivel mundial se han abordaron con la dicotomía entre “lo nativo versus lo introducido”. En este contexto, el investigador establece una analogía con la situación global actual, marcada por procesos de migración masiva, donde muchas veces los “introducidos” o “inmigrantes” son percibidos como algo negativo, cuando, en realidad, en numerosas ocasiones, tienen mucho que aportar. Por lo mismo, para Domínguez resulta imposible comprender los ecosistemas como prístinos, es decir, libres de especies introducidas. Los nuevos sistemas que se configuran a partir de la interacción entre especies nativas e introducidas reciben el nombre de ecosistemas novedosos, precisamente porque han tenido interacción directa con el ser humano. Por diversas razones, algunas especies introducidas han proliferado en la región desde hace más de un siglo. “Hay algunas que están presentes desde hace más de un siglo. Imagínate, ¡qué experimento más grande que ese! Cien años de experimentación, de plantas que se han adaptado a las condiciones climáticas, a la presión de pastoreo, a adaptaciones biológicas y a los microorganismos del suelo”, señaló Domínguez. En este contexto, diversas especies introducidas pueden desempeñar funciones ecológicas relevantes, especialmente en escenarios asociados a disturbios como la remoción del suelo. “Imagínate que llega un chino a Magallanes. Al principio, obviamente, va a ser una novedad. Después empieza a formar familia, luego un barrio, en ese barrio hay una carnicería, una frutería, una panadería, un restaurante. Empieza a interactuar con lo nativo y, al poco tiempo, deja de ser novedoso”, explicó el investigador. “Tú no puedes después desconocer a esa persona. Imagínate que pasan los años y no puedes tratar a ese individuo como alguien ajeno: ya forma parte del ecosistema. Esa persona que en un principio era una especie introducida ahora forma parte del sistema. Eso se llama el concepto de asilvestramiento”, agregó. Añadió que estudios señalan que la composición actual de estos pastizales y matorrales está conformada por aproximadamente un 80% de especies nativas y un 20% de especies introducidas. Plantas introducidas Las invasiones biológicas constituyen uno de los principales motores de cambio de la biodiversidad a escala global. En la Región de Magallanes, se han registrado 216 especies introducidas, de las cuales 53 presentan estatus invasor. Varias de estas especies fueron incorporadas de manera intencional, especialmente en pastizales naturales, con el objetivo de aumentar la productividad forrajera y mejorar la oferta nutricional para el ganado doméstico. Sin embargo, también generan impactos negativos en las áreas protegidas, afectando los esfuerzos de conservación. Muchas de las especies clasificadas como invasoras en Magallanes se han asilvestrado después de casi 140 años, adaptándose a las condiciones climáticas Usando la explicación de Domínguez como guía, mencionaremos ejemplos de plantas introducidas que no son dañinas para el ecosistema magallánico. Uno de los ejemplos es el vinagrillo (Rumex acetosella), que exhibe una elevada capacidad de colonización temprana en superficies degradadas, favoreciendo la rápida generación de cobertura vegetal, la reducción del suelo desnudo y la atenuación de procesos erosivos, particularmente aquellos inducidos por vientos intensos. De manera complementaria, la gramínea introducida Kentucky bluegrass (Poa pratensis) se caracteriza por iniciar su crecimiento a comienzos de la primavera, incluso bajo condiciones de heladas severas, frecuentes durante septiembre y octubre. Esta especie constituye una fuente temprana de forraje de alta calidad nutricional en períodos críticos del ciclo productivo ovino, como la parición. Su presencia puede contribuir a disminuir la presión de herbivoría sobre especies nativas perennes, favoreciendo indirectamente el mantenimiento de la diversidad vegetal y la estabilidad funcional del pastizal. Sin embargo, las especies introducidas no presentan comportamientos ecológicos homogéneos. Un caso contrastante es Hieracium pilosella, registrada en la región hacia la década de 1980 y ampliamente reconocida como una especie invasora con efectos negativos sobre la actividad ganadera. Su expansión se asocia a la formación de parches monoespecíficos, la reducción de la diversidad vegetal local y una disminución de la biomasa forrajera. Estos antecedentes subrayan la necesidad de diferenciar entre especies introducidas naturalizadas de larga data, potencialmente integradas al funcionamiento del ecosistema, y aquellas de introducción más reciente, cuyos impactos ecológicos y productivos han sido documentados como adversos.

Por dos votos contra uno la Corte de Apelaciones revocó el sobreseimiento dictado por el Juzgado de Ultima Esperanza.   En causa reservada seguida en contra de la exfiscal de Puerto Natales, Lorena Carrasco Loyola, la investigación del Ministerio Público seguirá adelante luego de que la Corte de Apelaciones revocara el sobreseimiento dictado por el Juzgado de Garantía, el pasado 22 de enero. El fiscal jefe de Punta Arenas, Sebastián González Morales, presentó un recurso de apelación en contra de esta resolución que hizo lugar al sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa de la exfiscal. De acuerdo a los argumentos de González, las normas citadas disponen que el juez de garantía podrá decretar el sobreseimiento definitivo, “cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito; y “cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado”. En esta etapa del proceso, en la audiencia donde la decisión recurrida fue adoptada, “no existe un debate propio de juicio oral, de suerte tal que sólo podría decretarse el sobreseimiento definitivo cuando, de manera indubitada y con un estándar de convicción incluso superior al exigido en juicio, se advierta que los hechos atribuidos a aquél contra quien se dirige la imputación, no revisten carácter de delito o que no ha tenido participación alguna en los mismos. Circunstancia que, en la especie, no se verifica, por ahora, fundamentalmente debido a la existencia de diligencias investigativas pendientes de las que el fiscal dio cuenta en la audiencia, pormenorizándolas e incluso aludiendo a la fecha en que ellas podrían ser obtenidas, al encontrarse con plazos vigentes”. Fallo Por dos votos a uno, el tribunal de alzada, y sin perjuicio de otros derechos que corresponden a la defensa de Lorena Carrasco Loyola, falló que “no se encuentran satisfechas las exigencias legales que autorizan dictar el sobreseimiento definitivo impugnado”, por lo que decidió revocar la resolución y rechazó la petición en tal sentido formulada por la defensa de la exfiscal. Decisión que fue adoptada con el voto en contra del ministro suplente, Claudio Jara Inostroza, quien estuvo por confirmar la resolución en alzada, por sus propios fundamentos. En su oportunidad la Fiscalía Regional, tildó la investigación abierta en contra de Lorena Carrasco por los supuestos delitos de cohecho y violación de secreto.

Indignación generó un video difundido en redes sociales que muestra a un grupo de turistas españoles fumando al interior del Parque Nacional Torres del Paine, una conducta expresamente prohibida y considerada de alto riesgo para la prevención de incendios forestales. En el clip se muestra a cuatro extranjeros reunidos en un sector rocoso del parque. Un denunciante les solicita apagar el cigarro, sin embargo, la petición es ignorada. Este archivo se virilizaría posteriormente en redes sociales generando un fuerte repudio ciudadano. Ante esta situación, la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, fue enfática en condenar el hecho y cuestionó la efectividad de las sanciones actuales: “Lamentablemente, estas conductas se han hecho habituales y no se logra un efecto real con las multas. Pagan y se van. A mi gusto, no es suficiente”, señaló. La jefa comunal incluso planteó medidas más severas para quienes infrinjan la normativa. “Yo los expulsaría inmediatamente del país. Siempre son extranjeros, no respetan las normas ni a nuestro territorio. Es una falta de respeto grave”, subrayó. Según información recabada por este medio, guardaparques del sector acudieron al lugar tras ser alertados, pero no lograron dar con los involucrados. No obstante, el mismo día, después de la viralización del video, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) recibió una nueva denuncia: un guía sorprendió a otros turistas utilizando una fuente calórica en el sector de Paine Grande. Por este último hecho, el mismo guía solicitó la presencia de Carabineros en el sector de Pudeto para manifestar su intención de realizar la denuncia correspondiente. El caso se mantiene actualmente en seguimiento. Estos episodios han provocado mayor indignación pública debido a su ocurrencia en un contexto especialmente sensible, marcado por recientes incendios forestales en la Patagonia argentina y en la zona centro-sur de Chile. En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar: “Sigue habiendo una gran falta de educación ambiental, no sólo en Chile, sino en todo el mundo”, mientras otros exigieron sanciones más severas: “¡Hacen lo que quieren! Las multas deben ser más altas”. Otro comentario apuntó a la responsabilidad de los visitantes extranjeros: “Están en un país que no es suyo y deben respetar las normas, especialmente en un área protegida”. Autoridades locales y la ciudadanía coinciden en que se hace urgente revisar el marco legal vigente y fortalecer las sanciones para proteger uno de los patrimonios naturales más importantes del país.

Con cerca de 800 niños inscritos y cupos que alcanzan los 1.000 participantes, este sábado 14 de febrero se realizará una nueva versión del Chapuzón Kids, actividad recreativa para menores de 6 a 12 años en la Costanera del Estrecho, a un costado de las letras de Punta Arenas. Desde la organización informaron que aún quedan cupos disponibles y que los kits, que incluyen polera y morral, se entregarán el viernes 13 entre 11 y 17 horas y el sábado desde las 11 para rezagados, presentando el código QR. El evento, que celebra su tercera versión, cuenta con apoyo de Armada, Carabineros, Ejército, municipio, ambulancias, seguridad privada y la empresa Blumar. Habrá un perímetro cerrado de 150 metros con 20 guardias, además de salvavidas, botes zodiac y apoyo de Bomberos. La jornada comenzará a las 14 horas con animación, el ingreso será a las 14,30 y el chapuzón a las 15 horas, sujeto a las condiciones climáticas. El acceso al agua será por edades, con pulseras para menores y acompañantes. La actividad contempla plan de contingencia y se mantiene como uno de los panoramas familiares del verano.

Cinco informes de auditoría revelaron pagos no acreditados, gastos improcedentes, sobreprecios y deficiencias de control de recursos destinados a enfrentar la emergencia. La Contraloría Regional de Valparaíso emitió cinco informes de auditoría en los que dio cuenta millonarias irregularidades en la gestión de recursos destinados a enfrentar la emergencia del megaincendio de febrero de 2024 en la región. El informe develó pagos no acreditados, gastos improcedentes y deficiencias de control en recursos usados tras la emergencia, involucrando a municipalidades, la Delegación Presidencial Regional y la Dirección Regional de Arquitectura. En concreto, el Informe N°528/25 detectó pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de 586 millones de pesos en adquisiciones realizadas por la Delegación Presidencial de Valparaíso durante la emergencia. La auditoría advirtió posibles sobreprecios y uso injustificado del trato directo. En el Informe No535/25 se sostuvo que la Municipalidad de Quilpué presentó gastos improcedentes, tales como la compra de cocinillas sin certificación Sec y el extravío de bienes donados, además de falencias en la entrega de ayudas y en la gestión de personal y proyectos. Asimismo, en el Informe N°503/25 se expusieron irregularidades en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas a damnificados por parte de la Municipalidad de Viña del Mar, entre febrero 2024 y abril de 2025. Se constataron problemas de rendición, falta de trazabilidad de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas. Dado lo anterior, fueron remitidos los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones que correspondan. Otro informe (N°805/25), enfocado en la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso, detectó un pago indebido superior a 434 millones de pesos por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas. Además, de deficiencias en contratación y control interno. En tanto, se constataron -en el Informe N°500/25- pagos no acreditados por más de 782 millones de pesos en demoliciones del sector El Olivar, con irregularidades en la adjudicación, sobreprecios y deficiencias en los respaldos, por lo que se solicitó un expediente del procedimiento instruido por la Fiscalía Nacional del Ministerio de Obras Públicas, para que sea el propio ente contralor quien continúe con su tramitación. Asimismo, para todos los casos se instruyeron sumarios administrativas y la regulación de los procesos observados, además de adoptar medidas correctivas. En tanto, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos consideró “muy importante que cada vez que Contraloría de la República lleve a cabo un procedimiento de una fiscalización, una auditoría a cualquier servicio público, el servicio público, y este gobierno ha estado plenamente dispuesto siempre a responder y entregar todos los antecedentes necesarios”. Defendiendo la gestión del municipio, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, dirigió un dardo al gobierno, arguyendo que “cuando el Estado se entrampa en burocracias, la credibilidad del Estado se pierde”. Consultado al respecto, Ramos expresó que “todos los momentos de emergencia producen una convulsión y un shock en la ciudadanía muy importante, y yo creo que todos los sectores políticos, independientemente de cuál es su posición, tenemos que mantener una actitud muy responsable en esos momentos, porque Chile tiene una larga tradición de respuesta frente a la emergencia y las catástrofes”. Cooperativa/Emol

La corrupción en Venezuela se asocia con la captura sistémica del Estado por parte de élites políticas y militares, según el más reciente informe de Transparencia Internacional Venezuela ha sido señalado por Transparencia Internacional como el tercer país más corrupto del mundo, tras obtener nuevamente 10 de 100 puntos en el más reciente índice de Percepción de la Corrupción (IPC 2025). El país se ubicó en el puesto 180 de 182 evaluados, sólo por encima de Sudán del Sur y Somalia. La organización destaca que este resultado se repite por segundo año consecutivo, lo que evidencia una persistencia en los patrones de corrupción asociados a la captura sistémica del Estado venezolano. Como es lógico, el estudio refleja lo sucedido cuando la gestión gubernamental aún estaba bajo el mando del dictador Nicolás Maduro. Según el informe, en Venezuela se han consolidado factores como el control de las rentas estatales por parte de la élite política y militar, la formación de redes de corrupción y economías ilícitas, y el uso de empresas estatales para fines partidistas. Además, se advierte sobre el progresivo desmantelamiento de organismos de control, lo que ha facilitado la consolidación de prácticas corruptas a gran escala. El reporte señala que Venezuela se ha convertido en un nodo criminal trasnacional, donde existe una relación simbiótica entre funcionarios públicos y organizaciones dedicadas a actividades ilícitas como el narcotráfico, la extracción irregular de oro y otros minerales, la trata de personas y la extorsión. En estas operaciones participan tanto actores estatales como privados de distintos sectores vinculados con el régimen chavista que controla el país desde hace más de 25 años. Hasta 2025, Transparencia Venezuela ha identificado 787 empresas en 36 sectores y 1.087 personas relacionadas con estructuras cleptocráticas, incluyendo 31 personas políticamente expuestas presuntamente vinculadas con estas redes. El informe también revela que, en procesos judiciales internacionales, se han bloqueado bienes por casi 4.000 millones de dólares, aunque se advierte que esta cifra representa sólo una fracción de lo desviado del erario público venezolano. El documento menciona que las autoridades venezolanas han recurrido al uso de criptomonedas para evadir sanciones internacionales y facilitar actividades ilícitas. Asimismo, Transparencia Venezuela denuncia que, debido a nuevas regulaciones aprobadas por la Asamblea Nacional a finales de 2025, la organización se vio obligada a cerrar sus operaciones en el país y trabajar desde el exilio. El informe de Transparencia Internacional advierte que la región latinoamericana continúa enfrentando serias dificultades en la lucha contra la corrupción. En el IPC 2025, la mayoría de los países de América Latina obtuvieron calificaciones por debajo de 50 puntos, situándose en rangos que reflejan altos niveles de percepción de prácticas corruptas en el sector público. En el ranking regional, Uruguay y Chile permanecen como las naciones mejor posicionadas, al ubicarse entre los países con menor percepción de corrupción en América Latina. Ambos lograron superar el umbral de 70 puntos, aunque sus puntuaciones muestran una tendencia de estancamiento. Por el contrario, naciones como Brasil, México y Argentina registraron puntuaciones inferiores a 40 puntos, reflejando retrocesos o la persistencia de problemas estructurales. Infobae

La Contraloría General de la República (CGR) detectó millonarias irregularidades en el uso de recursos públicos destinados a enfrentar la emergencia por el megaincendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de 2024, según cinco informes de auditoría dados a conocer este martes. Las fiscalizaciones abarcaron a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué, y la Dirección Regional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Entre los principales hallazgos se identificaron pagos no acreditados, gastos improcedentes, eventuales sobreprecios, deficiencias en procesos de compra y falta de control en la entrega de ayudas a damnificados. Por estos hechos, la CGR ordenó sumarios administrativos y remitió antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. En el caso de la Delegación Presidencial, el Informe N°528 de 2025 detectó pagos por más de $586 millones sin respaldo suficiente, además de un uso injustificado del trato directo durante la emergencia. En Quilpué, el Informe N°535 de 2025 evidenció compras improcedentes —como cocinillas sin certificación SEC—, extravío de bienes donados y falencias en la entrega de ayudas. Respecto a Viña del Mar, el Informe N°503 de 2025 advirtió falta de trazabilidad y debilidades en la rendición de recursos entregados a damnificados. En tanto, la Dirección Regional de Arquitectura del MOP registró pagos indebidos superiores a $1.200 millones por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas, especialmente en el sector El Olivar. Contraloría instruyó medidas correctivas y nuevas investigaciones para determinar responsabilidades administrativas y penales.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que no habrá elecciones presidenciales en el corto plazo, al señalar que la prioridad del régimen chavista es garantizar la “estabilidad” del país tras los cambios políticos generados por la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. “Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este periodo inmediato”, afirmó en una entrevista concedida al canal estadounidense Newsmax. Rodríguez sostuvo que antes de cualquier proceso electoral se busca asegurar “la estabilidad para Venezuela y la reconciliación nacional”, aunque dejó abierta la posibilidad de comicios si se logra avanzar en la estabilización del país y se alcanza un acuerdo con todos los sectores de la oposición. Durante la conversación con el periodista Rob Schmitt, el líder parlamentario abordó la situación de la oposición y defendió la ley de amnistía que actualmente se discute en la Asamblea, destinada a presos políticos detenidos desde 1999. Al ser consultado por María Corina Machado, evitó referirse a un nombre específico y afirmó que la iniciativa busca permitir el regreso al país de actores opositores en el extranjero que “cumplan la ley”. Rodríguez también se refirió a la apertura del sector petrolero a la inversión extranjera, especialmente estadounidense, calificando el actual escenario como una “oportunidad de oro” para impulsar áreas como salud, educación y cultura mediante una economía de libre mercado. Reconoció dificultades económicas y “algunos errores” del Gobierno, pero destacó avances recientes en la relación con Washington. Desde la captura de Maduro y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, el Ejecutivo ha impulsado reformas económicas, procesos de excarcelación y una agenda de reconciliación que genera expectativas y dudas tanto en la oposición como en organizaciones civiles.

Un avión con 55 personas a bordo se estrelló este martes en una playa de Mogadiscio, capital de Somalia, poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Aden Adde, sin que se registraran víctimas fatales, informaron autoridades aeronáuticas del país. La aeronave, un Fokker 50 perteneciente a la aerolínea somalí Starsky Airline, sufrió un fallo técnico minutos después del despegue, lo que obligó a la tripulación a intentar regresar al terminal aéreo. Durante la maniobra de aterrizaje, el avión se salió de la pista y terminó varado en una playa cercana al océano Índico. El director de la Autoridad de Aviación Civil de Somalia (SCAA), Ahmed Moalim Hassan, confirmó que todos los pasajeros y miembros de la tripulación fueron evacuados de forma segura. Imágenes difundidas por medios locales muestran el operativo de emergencia y la aeronave detenida en la costa. El vuelo tenía como destino la ciudad de Galkayo, en el centro-norte del país. Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación para esclarecer las causas del accidente, ocurrido en un aeropuerto ubicado junto a la denominada Zona Verde de Mogadiscio.

La Fiscalía Regional de Antofagasta apeló ante la Corte de Santiago la resolución que dejó en libertad, con medidas cautelares menores, a cuatro de los cinco imputados en el denominado caso Procultura, insistiendo en la necesidad de decretar prisión preventiva para el exdirector de la fundación, Alberto Larraín, y otros involucrados. El recurso fue presentado a una semana de la decisión del juez de garantía Patricio Álvarez y será revisado durante los próximos días. En el escrito ingresado por el fiscal Cristián Aguilar, el Ministerio Público sostiene que existen antecedentes suficientes para aplicar la medida cautelar de mayor intensidad, considerando la gravedad de los delitos imputados, la pena asignada —que califica como crimen—, la actuación concertada de los imputados y el perjuicio fiscal que superaría los $1.680 millones. Según la fiscalía, la libertad de los imputados resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, dado el impacto del caso en bienes jurídicos como la probidad administrativa y el patrimonio público. No obstante, el ente persecutor planteó una solicitud subsidiaria: en caso de que la Corte no acoja la prisión preventiva, pidió que se decrete arresto domiciliario total para Larraín y otros imputados, o bien que se consideren figuras penales alternativas, como la apropiación indebida. La apelación también cuestiona la interpretación del tribunal respecto de la actuación en grupo y sostiene que Larraín tenía la calidad de funcionario público, debido a su rol como director de una corporación creada por el Gobierno Regional Metropolitano y financiada con fondos públicos. Asimismo, el recurso menciona la eventual existencia de concertación entre los imputados y autoridades regionales, incluyendo al gobernador Claudio Orrego, cuyo desafuero podría ser revisado esta semana. Desde la defensa, el abogado de Larraín, Cristián Arias, criticó la apelación, señalando que la fiscalía ha sostenido distintas tesis jurídicas a lo largo del proceso, lo que —a su juicio— evidencia la falta de claridad sobre la existencia de un delito. Las defensas valoraron la decisión inicial del juzgado de garantía, mientras se mantiene a la espera del pronunciamiento del tribunal de alzada.

La Fiscalía Militar y la PDI investigan la muerte de un soldado conscripto al interior de la Segunda Brigada Acorazada "Cazadores", ubicada en la comuna de Pozo Almonte (Región de Tarapacá). El militar fue identificado como Alvaro Sarmiento, de 20 años, quien fue encontrado sin vida, la mañana de este lunes, en el sector donde cumplía servicio de guardia al interior de la unidad. Desde el Ejército informaron que, una vez reportado el deceso, se activaron de inmediato los protocolos para notificar a la familia del fallecido y poner todos los antecedentes del caso a disposición de la Fiscalía Militar y la policía civil. En su comunicado, la entidad castrense también anunció la apertura de un sumario administrativo para determinal eventuales responsabilidades. Búsqueda de soldado desaparecido La muerte del conscripto se suma a la desaparición de otro soldado identificado como Cristopher Ponce, perteneciente a la misma unidad en Pozo Almonte, a quien se le perdió el rastro desde el viernes. La información disponible indica que el militar se encontraba de franco y debía retornar a la brigada desde Iquique, pero no se presentó. Los familiares del joven, oriundo de Limache (Región de Valparaíso), manifestaron su preocupación a Cooperativa e indicaron que, hasta el momento, no cuentan con ninguna pista o antecedente sobre su paradero actual. También denunciaron el hecho ante el Ejército, que les instruyó realizar la denuncia por presunta desgracia en su zona de origen. El caso del subteniente Matías Fuentes La situación en la unidad militar de Pozo Almonte vuelve a poner el foco sobre la convivencia interna en las filas del Ejército. El hecho trae el recuerdo del caso del subteniente Matías Fuentes Vera, quien fue hallado muerto en el mismo regimiento el 18 de diciembre de 2024. En dicha instancia, la familia denunció que el oficial se quitó la vida producto del bullying sufrido al interior del recinto. Actualmente, existe una controversia sobre la competencia judicial de este tipo de casos. Desde el Ministerio Público señalaron que, por el momento, no están liderando las indagatorias de ambos casos, quedando las diligencias bajo la jurisdicción de la Fiscalía Militar, tal como ocurrió inicialmente en casos previos de la misma unidad. Cooperativa

Estados Unidos emitió este lunes una nueva alerta de seguridad para los buques comerciales con bandera estadounidense que transitan el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más sensibles del planeta, en medio de las tensiones con el régimen de Irán por su programa nuclear y por el riesgo de incidentes con fuerzas iraníes en la zona. La advertencia fue publicada por la Administración Marítima del Departamento de Transporte, que instó a las embarcaciones a extremar precauciones al cruzar el paso que conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo y por el que circula una parte clave del suministro mundial de petróleo y gas natural. Al mismo tiempo, el aviso fija un protocolo específico ante un eventual abordaje. “Si fuerzas iraníes abordan un buque comercial con bandera estadounidense, la tripulación no debe resistirse por la fuerza al grupo de abordaje”, señala textualmente la directriz oficial. El estrecho de Ormuz es un punto estratégico para el comercio internacional de energía. Cada día transitan por este corredor buques que transportan millones de barriles de crudo y grandes volúmenes de gas natural procedentes de países del Golfo. Una parte del paso se encuentra bajo jurisdicción iraní, lo que otorga a Teherán una posición clave sobre una vía considerada vital para los mercados globales. Irán ha utilizado en el pasado su control geográfico como herramienta de presión política y militar. Infobae