• “Mis derechos fundamentales fueron vulnerados: mi integridad psíquica fue dañada por meses de hostigamiento; fui discriminada por motivos ajenos a mi desempeño -rivalidades internas y sesgos de género- ;y mi dignidad laboral fue quebrantada al ser forzada a renunciar bajo amenaza”, denuncia la extitular del servicio.

“El término de la relación laboral de Paula Quiero León no se puede comprender sin observar el clima institucional profundamente deteriorado que atravesaba el Servicio Agrícola y Ganadero (Sag) en el periodo previo a su desvinculación. Apenas asumió sus funciones en Magallanes, en enero de 2024, enfrentó resistencias internas vinculadas a rivalidades previas por el mismo cargo y a tensiones existentes en la dirección regional”.

Lo anterior corresponde a unos de los párrafos contenidos en la demanda laboral por vulneración de derechos fundamentales con ocasión de su despido presentada por la ingeniera agrónoma Paula Quiero León, exdirectora del Servicio Agrícola y Ganadero de Magallanes, desde 15 de enero de 2024 hasta el 17 de septiembre de 2025.

A renglón seguido, en el libelo se plantea que “estas resistencias no sólo se expresaron en cuestionamientos directos a su autoridad, sino también en la instalación progresiva de un ambiente de descrédito, sospecha y permanente vigilancia sobre su labor. Desde los primeros meses, recibió ataques personales, críticas infundadas y denuncias que terminaron siendo descartadas, lo que reflejaba un intento sostenido por debilitar su legitimidad como jefatura”.

Paula Quiero fue nombrada en calidad de titular en el cargo de directora regional del Servicio Agrícola y Ganadero (Sag) de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, cargo afecto al Sistema de Alta Dirección Pública, con inicio de funciones el 15 de enero de 2024, por un período de tres años y con una jornada de 44 horas semanales desempeñadas en la dirección regional del servicio en Punta Arenas. El cargo corresponde al grado 5° de la Escala Única de Sueldos, en la Planta de Directivos, con derecho a una asignación de Alta Dirección Pública del 25%, además de las asignaciones propias del estamento y de la zona extrema.

Resistencia interna
a su nombramiento

“Dejé mi residencia en el extranjero para asumir esta responsabilidad con convicción y sentido de servicio público. Desde el primer día recibí evaluaciones positivas desde nivel central y autoridades regionales; sin embargo, una resistencia interna emergió de inmediato. Un grupo específico nunca aceptó mi nombramiento, particularmente porque una de sus integrantes -Pamela Gross- había sido postulante al mismo concurso y no fue seleccionada. Esa rivalidad inicial se transformó en el origen de un hostigamiento laboral ascendente que marcaría toda mi gestión”, relata tras su llegada al cargo.

Agrega que “desde el primer mes comenzaron las descalificaciones: interrupciones en reuniones, comentarios insinuantes, cuestionamientos a mi autoridad y burlas destinadas a debilitar mi credibilidad. A partir de marzo de 2024 el acoso escaló de forma visible: rumores sobre mi vida personal, comentarios intimidantes, denuncias infundadas ante la Achs, Contraloría y estamentos superiores, todas desestimadas, pero emocionalmente desgastantes. El clima se tornó tóxico, afectando mi salud psíquica y contaminando el ambiente laboral del equipo directivo”.

En su narración contenida en la demanda, subraya que “cuando ejercí mis atribuciones de dirección, tomando decisiones administrativas y disciplinarias que afectaban a ese mismo grupo, la violencia se institucionalizó: se organizaron campañas internas y mediáticas destinadas a forzar mi salida, incluyendo entrevistas radiales, publicaciones en redes sociales y acciones políticas dirigidas a presionar mi destitución. La conducta encaja plenamente con la figura de acoso laboral ascendente, reconocida por la Ley N°21.643 (Ley Karin)”.

El rol de la prensa regional

En su opinión, la prensa regional amplificó el conflicto, al afirmar que “el diario La Prensa Austral, en su edición del 20 de septiembre de 2025, recogió la movilización interna y la presión para removerme del cargo, exponiéndome públicamente en un contexto político hostil que aumentó mi vulnerabilidad emocional y psicológica”.

Según sostiene, el punto crítico ocurrió el 17 de septiembre de 2025, cuando “el director nacional del Sag, José Arturo Guajardo Reyes, me llamó por teléfono exigiendo mi renuncia ‘no voluntaria’, advirtiéndome que, de no firmar, perdería mi indemnización y quedaría con ‘papeles manchados’. Reconoció que la causal utilizada -‘pérdida de confianza’- no se relacionaba con mi desempeño, sino con la presión del mismo grupo que llevaba meses acosándome. No existió procedimiento, acto fundado, carta, investigación ni evaluación formal. Se trató de una decisión tomada bajo coacción”.

A continuación plantea que su renuncia fue firmada el 17 de septiembre, “no siendo un acto libre ni espontáneo: fue una renuncia impuesta mediante presión psicológica y advertencias económicas. Jurídicamente constituye un despido encubierto, carente de causal legal y contrario a los principios que regulan la Alta Dirección Pública, donde la figura de ‘pérdida de confianza’ no se encuentra contemplada como causal de término”.

En definitiva, la desvinculación del cargo se haría efectiva el 13 de octubre del 2025, fecha en que se declaró vacante su cargo.

Pretensiones

En su presentación judicial de 31 páginas, la demandante expone que al ser apartada del cargo de forma encubierta bajo una renuncia forzada, vio abruptamente interrumpido su ciclo laboral en el que aún le restaba tiempo de desempeño, con pleno derecho a percibir remuneraciones mensuales, bonos de modernización y demás beneficios contractuales asociados al régimen del Servicio Agrícola y Ganadero y al sistema de Alta Dirección Pública (ADP), lo que desde su punto de vista, corresponde ser compensado. La indemnización reclamada, asciende a una suma total de 144.840.174 pesos.

A lo anterior, postula que el Tribunal Laboral disponga medidas inmediatas de protección y restitución, orientadas a impedir la continuación de los actos vulneratorios denunciados y a restablecer los derechos de la trabajadora, solicitando el cese inmediato de toda forma de acoso, hostigamiento, discriminación y represalia directa o indirecta en contra de Paula Quiero; ordenar el reintegro efectivo de la trabajadora a su cargo de directora regional del Sag Magallanes, en el mismo grado, remuneración y funciones. Y, por último, establecer medidas de resguardo psicosocial y de reparación simbólica e institucional, que comprendan instancias formales de reconocimiento del error institucional, la revisión del proceso de desvinculación y la garantía expresa de respeto a su dignidad profesional.

Preparación de juicio

El procedimiento de tutela laboral radicado en el Juzgado del Trabajo de Punta Arenas, fue notificado este 4 de diciembre al director regional (s) del Sag, Juan Francisco Alvarez, cuya audiencia preparatoria de juicio se fijó para el 21 de enero de 2026, tal cual lo decretó el juez Cristián Armijo. Ese día, la demandante deberá comparecer vía remota desde Viña del Mar, su actual domicilio, como lo solicitó su abogado Miguel Angel Yáñez.