El mundo ganadero en Magallanes enfrenta hoy múltiples desafíos que ponen a prueba la sustentabilidad y el futuro del sector. Los bajos precios de la lana, la reducción de las cabezas de ovinos, el impacto de los perros asilvestrados y la competencia desleal de otros mercados internacionales han generado un escenario complejo para los productores locales.  Frente a estas dificultades, muchos ganaderos han visto cómo sus esfuerzos y producciones individuales no alcanzaban a competir, existiendo grandes compradores que demandan volúmenes considerables, dejando a pequeños y medianos productores en una posición vulnerable. Para hacer frente a esto, los productores locales decidieron unir fuerzas y buscar un camino que les permita enfrentar los desafíos del mercado de manera colectiva. Así nació la iniciativa de Asogama, que anunció la creación de un consorcio lanero a través del cual se reunirán las producciones de varias estancias para ofrecer toda su lana a un solo comprador mediante un sistema de licitación. Esta estrategia busca mejorar los precios, condiciones de venta y dar certeza a un sector que históricamente ha negociado de manera fragmentada y con escaso poder de mercado. Gerardo Otzen, presidente de Asogama, explica que el proyecto comenzará uniendo la lana de entre 50 y 60 socios, incorporando diferentes categorías y finuras, para presentarla como un paquete único a compradores locales e internacionales, incluyendo contactos con empresas chinas.  Según Otzen, este sistema no tiene fines de lucro, sino que busca prestar un servicio a los ganaderos, asegurando que el volumen consolidado les permita competir de igual a igual en el mercado global. Licitar el stock La primera licitación está proyectada para los primeros días de diciembre. Una vez abierta, los compradores tendrán un plazo máximo de cinco días para presentar sus ofertas según finura y categoría. “Uno puede decir: por la finura 23 yo te pago 10 dólares, y otro puede decir que paga 8. Bueno, el que paga los 10 se lleva esa lana”, ejemplifica Otzen. “Los compradores quieren volumen. No están para comprar una estancia porque es poco, pero cuando tú juntas mucho, es mucho mejor para ellos”, explica. La operación estará liderada por el director Juan Gysling  y la socia Cecilia Vilicic, ambos con experiencia en un sistema similar implementado hace años una empresa lanera, que -según Otzen- funcionó exitosamente. “Este sistema ya se probó y funcionó. Estaríamos retomando la idea”, agregó. El proceso se realizará utilizando las bodegas existentes en la región para el acopio de lana, Asogama no actuará como comprador, sino como articulador y organizador del proceso: “Nosotros juntamos la información: finura, categoría, volumen de cada ganadero… y luego le decimos a todas las empresas compradoras qué es lo que hay. Ellas hacen su oferta”. Entre los interesados, además de las empresas instaladas en Magallanes, se consideran también compradores chinos con los que la asociación ya ha mantenido contacto. Consultado sobre el impacto del sistema en los ingresos de los productores, Otzen fue claro: “Creemos que se va a reflejar en mejores precios, definitivamente”.  Lana magallánica en India  Tras más de dos años de gestiones con las autoridades agrarias, se logró conseguir la certificación sanitaria que permite la exportación a India. “El proceso duró mucho, pero lo importante es que ya está concluido y tenemos un certificado validado por India que podemos cumplir sin problema”, señaló Otzen. El interés de India por el vellón regional  se centra principalmente en el color blanco natural de la lana magallánica, un atributo que facilita el teñido y la elaboración de productos terminados de alta calidad. Esta característica ha captado la atención de compradores indios, quienes ya habían mostrado interés mediante videoconferencias coordinadas por ProChile. Según Otzen, espera concretar las primeras exportaciones en el primer semestre de 2026. Aunque la producción regional no es suficiente para cubrir la demanda de mercados gigantes como China o India en su totalidad, Magallanes tiene la capacidad de suministrar volúmenes iniciales.  “Estamos comenzando con un grupo reducido de empresas interesadas”, afirmó Otzen.

Recientemente se conoció el estudio “Radiografía del ciclo legislativo 2022–2026”, elaborado por la consultora Nexos, en el cual se presenta al senador magallánico Alejandro Kusanovic entre los diez parlamentarios con mayor número de proyectos de ley ingresados durante el periodo comprendido entre marzo de 2022 y septiembre de 2025. El informe analizó la productividad legislativa de senadores y diputados, midiendo la proporción de proyectos ingresados y publicados durante la actual legislatura. En este ranking, Kusanovic aparece, junto a parlamentarios de distintas bancadas, con una participación activa y sostenida en la presentación de iniciativas legislativas. Para Kusanovic, este estudio “valida una forma diferente de hacer política, con un fuerte enfoque en la gestión concreta y transparente para una región extrema como la nuestra. A pesar de llevar poco más de tres años en el Senado y alcanzar esta meta, nos llena de motivación para seguir trabajando con más fuerza por nuestra querida región”, dijo. El senador por Magallanes mantiene además una asistencia del 100% a las sesiones de Sala del Senado, lo que —según su oficina parlamentaria— da cuenta de su compromiso con el trabajo legislativo y con la representación efectiva de su región. Con 86 mociones ingresadas y asistencia perfecta, el senador Alejandro Kusanovic reafirma su compromiso con un trabajo legislativo serio, constante y conectado con los desafíos de Magallanes y del país. Entre sus proyectos más destacados figuran iniciativas relacionadas con el desarrollo regional y el territorio antártico, la seguridad pública, la conectividad, el apoyo a los adultos mayores y a personas con discapacidad, materias que reflejan su enfoque práctico y su cercanía con los problemas reales de la zona austral. “Este trabajo es el fruto del esfuerzo de un equipo comprometido y de la ciudadanía que creyó en nosotros y reafirma nuestro compromiso de continuar sirviendo a la región y al país con la misma pasión y entrega de siempre”, concluyó el senador Kusanovic.

En conversación con El Magallanes, aseguró que Zonas Extremas le cambiará el rostro a las regiones alejadas de Santiago. También abordó el debate sobre las contribuciones y su impacto en el Fondo Común Municipal.   Marcos Sepúlveda Loyola    Ha sido una de las figuras clave en el nacimiento de la Política de Desarrollo de Zonas Extremas. Francisca Perales, militante del Frente Amplio y una de las personas más cercanas al Presidente Boric, fue quien lo convenció de competir por el sillón presidencial. Lidera la “poderosa” Subdere, subsecretaría encargada de relacionarse con todos los municipios y entidades regionales. Su firma viabiliza plazas, caminos, luminarias y una serie de obras que sustentan el legado de varios alcaldes a nivel nacional. Sólo como autoridad gubernamental, ha estado en más de cinco ocasiones en Magallanes; un número similar de veces ha sido entrevistada por La Prensa Austral. Tan sólo en marzo, Francisca Perales visitó dos veces la región: una para participar en actividades del Banco Interamericano de Desarrollo y otra para el fallido primer ingreso al Consejo Regional del Plan de Zonas Extremas II. Zonas Extremas  ¿Qué certezas presupuestarias existen de que el próximo gobierno respetará el acuerdo firmado por el mandatario en materia de Pedze? Es una de las primeras dudas que vienen a la mente, considerando que quedan menos de cinco meses para finalizar un gobierno, que gran parte de las encuestas anticipan un triunfo de la derecha en segunda vuelta y que el próximo año Chile tendrá que apretarse el cinturón en materia presupuestaria. De inmediato, la subsecretaria Perales comienza con una larga explicación sobre cómo se pasó del Plan Excepcional de Desarrollo de Zonas Extremas a la Política Especial de Desarrollo de Zonas Extremas. Ambas frases comparten la misma abreviatura, pero tienen un océano de diferencia. “Está establecida en un decreto supremo”, señala Perales, quien agrega que “ese decreto habilita la creación de nuevos planes todas las veces que sea necesario para ir cubriendo esas brechas en todos los territorios que se han considerado zonas extremas”. Este decreto no solo beneficia a Magallanes, sino también a las regiones de Aysén, Tarapacá, Arica, la provincia de Palena y los territorios insulares. “Cualquier gobierno que quiera eliminar los planes tiene que eliminar el decreto supremo”, advierte. “Creemos necesario que todos los gobiernos, si bien cada uno tiene sus propios sellos, deben mantener el principio de continuidad del Estado”, agrega la militante frenteamplista. Perales, quien vino a la región a firmar junto con el Presidente Boric el decreto que disponibiliza los recursos para Zonas Extremas, indica que esta política permitirá construir en zonas con baja densidad poblacional carreteras, sendas de penetración y servicios básicos. “Son legados de Estado y no de gobierno, y que beneficien e impacten directamente sobre la vida de las personas”, advierte. - ¿Este centenar de proyectos es factible de realizar en diez años? - “Lo que habilita el plan es que todas las iniciativas se puedan estudiar. Habilita que puedan entrar a la etapa de prefectividad y que se evalúen con metodologías diferenciadas, donde se ponga en el centro el problema social que aborda, más que el costo propiamente tal del proyecto (…) También tiene una evaluación intermedia, que es una innovación que se hace con este plan”. - Si un proyecto no pasa la evaluación, ¿esos dineros se distribuyen en otras iniciativas? - “Se podría modificar la cartera en la evaluación intermedia, a los cinco años del plan”. ¿Los montos de la cartera podrían aumentar? “Mira, la resolución que aprueba es un presupuesto inicial de 1,6 billones, con la posibilidad de suplementar recursos hasta 2,4 billones, y eso se tendrá que buscar en las fuentes de financiamiento”. Recorte presupuestario  - ¿Por qué se decidió realizar una rebaja de $35 mil millones a los programas de Mejoramiento Urbano y Mejoramiento Barrial? “En el gobierno hemos sido muy claros: gastos permanentes con ingresos permanentes. El gobierno se ha dedicado a buscar nuevos ingresos permanentes durante el periodo. Para ello está la Ley de Cumplimiento Tributario, la Ley del Royalty, pero también hay que darle un marco de responsabilidad fiscal. ¿Qué quiere decir esto? No buscar nuevos endeudamientos y, por tanto, las prioridades establecidas por la Ley de Presupuestos son la provisión de servicios sociales y de seguridad social para las personas, teniendo claridad en que hay que hacer ajustes en función de los ingresos permanentes del Estado chileno para disminuir las tasas de endeudamiento. En función de eso, se ha presentado la Ley de Presupuestos para todos los ministerios”. - ¿Cómo repercute en las finanzas municipales una menor cantidad de dineros entregados por la Subdere? - “Desde la Subdere, durante el gobierno de Gabriel Boric, hemos entregado nominalmente un 75% más de recursos que el gobierno anterior. Entonces, los presupuestos efectivamente se han incrementado durante el tiempo, y eso no significa que haya una detención en seguir trabajando en la cartera. De hecho, la cartera de proyectos pendiente de financiamiento es mínima en este momento”. Al ser consultada sobre la eliminación del programa de asistencia técnica, Perales precisó que existía una duplicidad y que dicho programa ya había cumplido su objetivo. “Buscó, en un periodo postpandemia, generar más cartera de proyectos”, explicó. La subsecretaria agregó que “entregamos asistencia técnica directa a todas las comunas que la soliciten para la formulación de proyectos”. Según Francisca Perales, hoy las entidades municipales tienen nuevos ingresos con la entrada en vigor del Royalty Minero e insiste en que podrían ser mejores si avanzara el proyecto de ley que realiza mejoras al Fondo Común Municipal. - ¿Cómo impactaría la eliminación del pago de contribución a la primera vivienda en el Fondo Común Municipal? - “Hay 260 comunas en Chile que reciben más aportes del fondo común que de sus ingresos propios permanentes. Entonces, las fuentes de financiamiento del fondo común son clave para mantener ese mecanismo de distribución. Si se elimina sin buscar nuevas fuentes de ingresos, el pago de contribuciones de primera vivienda se estaría quitando un aporte importante, que es el 60% del fondo común municipal. Cualquier discusión sobre buscar mecanismos para mejorar el sistema de contribuciones debe incluir nuevas fuentes de financiamiento si se quisiera eliminar totalmente la contribución a la primera vivienda. Nosotros, como gobierno, presentamos una propuesta para incorporar nuevas fuentes de financiamiento al fondo común municipal, mejorando además el mecanismo de exención del pago de contribuciones a personas mayores”. - ¿A menos de cinco meses de finalizar el mandato, es viable su concreción? - “Se presentó en mayo pasado y está en tramitación en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara (…) Lo importante es poner el foco en el centro: si se va a hablar de eliminar la contribución de la primera vivienda, hay que proponer nuevas fuentes de ingresos, porque efectivamente es el 60% del fondo común municipal (…) No olvidemos que las comunas con mayores ingresos en pago de contribuciones y patentes comerciales son porque tienen más concentración de viviendas de alto valor y más instituciones dispuestas a pagar su patente en esa comuna. Hay comunas que dependen más del 90% del fondo común municipal. Entonces, si se elimina la contribución sin nuevas fuentes de financiamiento, se desfinanciarían totalmente algunas comunas”.   Puerto Edén y pendientes  - ¿Qué medidas se podrían tomar para agilizar la concreción del Plan de Zona de Rezago de Puerto Edén? - “Nosotros solo hacemos las evaluaciones intermedias. Nos parece importante que, dado que el avance ha sido bajo, esta evaluación intermedia se haga relativamente rápido durante el próximo año. En función de ello, si hay que modificar carteras o indicadores, y si es necesario prestar asistencia técnica para mejorar los flujos de trabajo, también estamos disponibles para ayudar”. - ¿Cuál es el gran pendiente en materia de descentralización del gobierno de Boric? - “Seguimos insistiendo en tramitar el proyecto de Ley de Regiones Más Fuertes, que le da un marco importante al funcionamiento de los gobiernos regionales. Tenemos un acuerdo con los gobernadores para emitir las indicaciones que se deben tramitar. Entendemos que en este momento el Congreso está enfocado en la Ley de Presupuestos, etcétera, pero siempre hemos hecho el llamado a retomar la tramitación del proyecto”. - ¿Qué escollos han existido en la tramitación de la Ley de Regiones Más Fuertes? ¿Existe un trabo en el Congreso? - “No diría que hay una traba en el Congreso, sino que es una discusión larga, no fácil de dar, y que es una etapa que, de aprobarse, le daría un estatus de autonomía mayor a los gobiernos regionales, al mismo tiempo que se pone foco en el control”.  

La Escuela de Concentración Fronteriza Dorotea se convirtió en el escenario de una jornada que mezcló deporte, recreación y camaradería, al recibir a delegaciones de Villa Cerro Castillo, Seno Obstrucción y, por primera vez, a la Escuela Profesor Miguel Montecinos de Puerto Edén. La actividad forma parte de los Juegos Deportivos y Recreativos de Escuelas Rurales y continuó la experiencia iniciada el martes 28 de octubre en Villa Cerro Castillo. Cerca de 50 estudiantes participaron en juegos de coordinación motora con pelota, mini básquetbol, hándbol y voleibol. La profesora Julia Ramos valoró la magnitud del encuentro: “Estamos muy emocionados de poder reunir a tantos estudiantes en torno a la amistad, el deporte y la recreación. Para nosotros, es un sueño hecho realidad ver a niños de escuelas tan alejadas como Puerto Edén y Villa Seno Obstrucción compartiendo en nuestra cancha”, señaló. Durante la ceremonia inaugural en el nuevo gimnasio de Dorotea, la profesora Ruth Ángel Moreira, encargada de la Escuela Profesor Miguel Montecinos de Puerto Edén, hizo un llamado para que su establecimiento sea la próxima sede de los juegos. “No pongan como excusa la lejanía de la escuela y véanlo como una experiencia única e irrepetible para los niños y niñas que pueden asistir”, enfatizó, invitando a planificar con tiempo la visita a la isla.

Lucas Ulloa Intveen [email protected]   Con el retiro de la Adenda por parte del gobernador regional, el Convenio de Programación Minsal-Gore Magallanes mantendrá su vigencia solo hasta el próximo año. Son 31 iniciativas las que abarca este acuerdo y representa una inversión total que supera los 175 mil millones de pesos, con una estructura de financiamiento que establece que el sector Salud aporte la mayor parte, con el 61,5%, mientras que el Gore Magallanes aporta lo restante. Sin embargo, la ejecución de la cartera es lo que ha tensionado las relaciones institucionales. A través de la Ley de Transparencia, la subsecretaría de Redes Asistenciales entregó el estado de avance de los proyectos al mes de agosto de 2025. El informe muestra que 5 de las 31 iniciativas se encuentran catalogadas oficialmente como terminadas. Entre las concluidas figuran la reposición del Cesfam Thomas Fenton, la construcción del Sar Juan Damianovic y proyectos de Atención Primaria, además de la adquisición de equipos e insumos Covid-19. Por otro lado, dentro del proyecto “Plan de Reposición Urgente de Equipos Médicos” se incluye instrumental de alto costo que también fue entregado, como el acelerador lineal y el resonador magnético. La misma situación rige para el proyecto “Reposición y adquisición de equipos asociados al Plan Nacional de Cáncer”, ambos reportados como “entregado/en proceso de compra”. A pesar de los avances, el documento de Transparencia evidencia que una parte significativa de las iniciativas (15) se encuentra estancada en las etapas iniciales de formulación y estudio, sin alcanzar la madurez necesaria para la ejecución. La subsecretaría aclara que todas las iniciativas que no tienen un código Bip asignado se encuentran en la “fase de formulación e ingreso al Sistema Nacional de Inversiones (SNI)”, careciendo de información financiera para registrar a la fecha. En razón de lo anterior, la tabla entregada lista al menos 15 proyectos sin código Bip. El grupo incluye iniciativas de alta relevancia, como la adquisición de equipamiento médico digital, salas cuna, normalización y construcción del segundo Cesfam Damianovic y las cuatro bases Samu (norte, sur, Porvenir y Puerto Natales). Algunos proyectos con código Bip, como la reposición de la Posta de Salud Rural de Villa Dorotea, la reposición de la Posta de Timaukel, la normalización del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Etapa I del Hospital Clínico, y proyectos de ampliación del Cesfam (Dr. Mateo Bencur y Carlos Ibáñez), se encuentran en la etapa de “estudio sin Rate” (sin Resultado de Análisis Técnico-Económico favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia), lo que confirma que el proceso de formulación técnica es la principal causa de ralentización en la mayoría de la cartera de inversión. Para profundizar en las razones por las que muchos de estos proyectos no han avanzado, El Magallanes contactó y entrevistó a representantes del Servicio de Salud Magallanes y del gobierno regional, quienes explicaron sus posiciones y posturas. “Factores externos” Desde el Servicio de Salud Magallanes (SSM), la directora Verónica Yáñez recordó que este convenio inició en pandemia y “han sido diversas las situaciones, como indicaciones de la Ley 21.331 del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental, directrices del nivel central en cuanto a proyectos de las bases Samu o factores externos a nuestra gestión y accionar, que han ralentizado la ejecución del gasto sectorial, llevando a un gasto equitativo 50/50 al día de hoy”. Respecto del retiro de la Adenda de salud, que extendía el convenio y sus montos, Yáñez reforzó que se “proponía un 73% sectorial y 27% FNDR, concentrando el mayor monto sectorial en el proyecto de salud mental y geriatría, que alcanza los (M$) 63.774.390”. Por otro lado, Laura Montenegro, jefa del Departamento de Estudios e Inversiones de la Subdirección de Recursos Físicos del SSM, explicó que el proceso de formulación de proyectos es “largo y complejo”. Respecto de las bases Samu que están sin código, indicó que el Minsal recién publicó la metodología para formular este tipo de bases a mediados de año y están realizando un estudio a nivel nacional sobre la necesidad de estas, que debe concluir dentro de este año para poder presentar los proyectos. En cuanto a las salas cuna de Puerto Williams y el hospital Porvenir, la explicación es que estos proyectos quedan obsoletos por una mayor participación y presencia de Junji e Integra en los territorios. El proyecto de construcción del edificio de Salud Mental y Geriatría, con RS desde 2022, tuvo que ser reevaluado. La iniciativa fue retirada de Contraloría debido a un reclamo de consejeros, ya que la forma de tratamiento atentaba contra la Ley 21.331. Esto obligó a un rediseño para que la atención cerrada de salud mental quede adosada al hospital, y geriatría y hospital de día en el terreno original. Un megaproyecto que buscaba normalizar el Hospital Clínico a través de la construcción de un Centro de Diagnóstico y Tratamiento quedó en pausa por cambio de prioridades y la idea de fusionarlo con otro proyecto, según estaba previsto en la adenda ya retirada. Montenegro explicó que se ha avanzado en los módulos de la oferta y que el objetivo para 2026 es avanzar la propuesta para postular a diseño. Gore como entidad  financiera Desde el gobierno regional, la administradora Eugenia Mancilla respondió a las consultas del diario, indicando inicialmente que el aporte del Gore al convenio de programación corresponde a $82.722.016 millones, que representan un 38,5% del total. El porcentaje de ejecución de los aportes del Gore al mes de octubre de 2025 es de $19.092.331 millones, lo cual representa un avance financiero de un 54%. Mancilla explicó que “el Gore no actúa como Unidad Técnica en este convenio. Somos la entidad financiera”, aclaró. En esa línea, “implica que siempre la función formuladora de cada proyecto recae en el sector; mientras ese proceso no avance, nosotros no podemos liberar los recursos”. Más explícitamente, sostiene que “los retrasos sectoriales no dependen de que el Gore agilice procesos para liberar y transferir sus fondos”. La base para desarrollar un proyecto con fondos regionales “depende única y exclusivamente de la gestión (agilidad) que realice el sector Salud en formular el proyecto y someterlo a la evaluación económica del Ministerio de Desarrollo Social, hasta obtener la Recomendación Satisfactoria (RS) de los mismos”. “El ritmo lo pone el SSM”, plantea Mancilla en sencillo, para llegar a su madurez. Cuando se trata de grandes obras civiles, como construcción de postas y Cesfam, “las materias de salud son prioritarias”. En cambio, las iniciativas de adquisición de equipos o equipamiento “son evaluadas técnica y económicamente por este gobierno regional (…) Este tipo de iniciativa siempre tiene prioridad en su evaluación”. Mancilla fue consultada por las garantías de que las iniciativas parte del convenio sean efectivamente ejecutadas, teniendo en cuenta el plazo límite del 2026. “El gobierno regional no puede garantizar su materialización, en tanto —como señalé anteriormente— el ritmo de ejecución lo decide el Servicio de Salud Magallanes”. Al respecto, agrega que “hay un permanente diálogo por parte del gobernador y consejeros regionales con el sector, para acelerar la materialización de iniciativas prioritarias para la comunidad”. Para cerrar la entrevista, Mancilla esbozó una crítica al nivel central: “Una limitante siempre es la pertinencia técnica que otorga el Ministerio de Salud, donde muchas veces nuestras prioridades son cuestionadas o derechamente no son atendidas”.

Por Guillermo Muñoz Mieres, periodista Chile, 2025 Director: Sebastián Lelio Protagonistas: Daniela López, Avril Aurora, Amparo Noguera En Netflix Esta película no tiene nada que ver con aquella cinta alemana estrenada el año 2008 con el mismo título y que narraba el caso de un profesor que realiza un experimento pedagógico con sus alumnos para demostrar si el nazismo podía repetirse en los tiempos actuales. Al contrario, es una película chilena producida por Netflix, que estuvo algunas semanas en las salas de cine, y su título hace referencia al movimiento feminista que se toma las universidades durante el año 2018 con denuncias y “funas” contra profesores y estudiantes por acoso y abuso sexual. Lo llamativo es que el tema se aborda desde el musical, un género difícil de llevar adelante para cualquier cineasta, porque requiere, además de tener una historia y las ganas por contarla, agregar piezas musicales, coreografías y controlar un nivel de producción que se arriesga a no recibir el reconocimiento de un público que evade en ocasiones este tipo de películas con un argumento básico: “Aburren cuando comienzan las canciones”. Pero otro detalle llamativo a considerar es que está dirigida por Sebastián Lelio, un realizador que ya inscribió su nombre en la historia del cine chileno tras obtener el segundo premio Oscar para Chile por “Una mujer fantástica” (2017), además de contar en la actualidad con una filmografía de nivel nacional e internacional donde sus personajes principales son mujeres que deben enfrentar un entorno algo más que hostil, sea en Chile o el resto del mundo. Los ejemplos son varios, actrices de renombre incluidas: desde “Gloria” (2013), con Paulina García en su versión chilena y después Julianne Moore en su versión hollywoodense (Gloria Bell, 2018), sobre una mujer que se resiste a envejecer; “Desobediencia” (2017) con Rachel McAdams y Rachel Weisz, sobre dos mujeres que reencuentran su identidad sexual; o “El prodigio” (2022), con Florence Pugh como una enfermera que debe enfrentar el dogma religioso de una comunidad rural en Irlanda. Y “La Ola” puede ser considerada la obra con la que Lelio retoma a Chile, donde el escenario principal son los pasillos universitarios, con estudiantes de las carreras de Música y Teatro que han decidido rebelarse contra una institucionalidad a la cual consideran patriarcal y cómplice de todo lo que acontece. Y de esa multitud surge el protagonismo de Julia Espinoza, una estudiante que solidariza con la causa feminista, pero que mantiene cierta duda y temor de revelar que ha sufrido el acoso y abuso de Max, ayudante de una exigente profesora que enseña el secreto del canto como la derrota que la voz le proporciona al viento. Para esto, Lelio despliega largos travellings de una cámara que sigue a Julia desde las salas a los pasillos y, desde allí, al patio de la facultad, con coreografías de gran nivel, discursos y cánticos que aluden a los acusados, pero también donde tienen espacio para defenderse y sembrar el manto de una duda. “La Ola” avanza entre la intimidad de Julia y las asambleas universitarias, con un relato que adquiere cierto tono onírico y diálogos que se expresan con cierta ambigüedad, donde si bien está en primera línea la seriedad del tema, también puede existir espacio para la ironía. Sin embargo, a pesar de este recurso narrativo, la película no esconde esa amargura que, de vez en cuando, expone e identifica al cine chileno, donde apenas se permite un chiste, menos en doble sentido, y un relato que sutilmente roza con el terror. Si bien son escasos los precedentes, “La Ola” es la mejor película musical chilena realizada hasta el momento. Puede atrapar de principio a fin sin problema, pero aunque suene superficial, dentro de tantas coreografías y cantos, carece de una o más composiciones musicales que la hagan memorable. No es un tema menor. Algunas películas musicales lo han logrado. Y si bien tener un hit no hace una buena película musical, por este detalle “La Ola” puede terminar como lo que llega finalmente a las costas de Magallanes cuando se anuncia que viene un tsunami.

Con ocho candidatos en carrera y un electorado fatigado, la atención se centra en la seguridad, inmigración y recuperación económica.   En una elecciones con la polarización como telón de fondo, más de 15 millones de chilenos concurren a las urnas en unas elecciones donde la extrema derecha y el oficialismo, encabezado por la militante comunista Jeannette Jara, como favoritos para pasar a segunda vuelta. La contienda se da en un clima de fatíga electoral de una población que en los últimos cinco años ha concurrido en ocho ocasiones a las urnas, y en una creciente sensación de inseguridad Los comicios se producen además en un contexto inédito, donde por primera vez el voto será totalmente obligatorio después de la promulgación de una ley en 2022 que a su vez estipula multas para quienes se ausenten de la votación. Anteriormente el sufragio sólo era mandatorio para los electores que se hubieran inscripto previamente.  Para los comicios de hoy el padrón se compone de 15,6 millones, por lo que los expertos calculan que entre 5 y 6 millones de chilenos votarán de manera obligada por primera vez en una elección presidencial. Con la carrera dominada por la discusión sobre la seguridad, la inmigración y la recuperación económica, ocho candidatos aspiran al sillón presidencial. La contienda se centra en el pulso entre la comunista Jeannette Jara, que encabeza la candidatura única del oficialismo y lidera las encuestas de intención de voto, y varios líderes prominentes de la derecha que aspiran a cambiar el rumbo ideológico. Desde 2006 el poder ha oscilado entre la izquierda y la derecha y ningún presidente ha sido sucedido por alguien de su misma línea política. Para ser elegido cualquiera de los candidatos debe alcanzar más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, de lo contrario se realizará una segunda vuelta el 14 de diciembre. A diferencia de la coalición de izquierda, la derecha nunca celebró primarias y su apoyo se ha fragmentado. El exdiputado José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano y que se postula por tercera vez a La Moneda, lidera el bloque opositor y se ha alternado con Jara en la cabeza de los principales sondeos. Sin embargo, ha perdido respaldo en las últimas semanas, así como la candidata de la derecha tradicional Evelyn Matthei, quien estuvo en la delantera de las encuestas en los primeros meses y cayó al cuarto puesto. Mientras, otros candidatos como el diputado ultraderechista Johannes Kaiser, del Partido Libertario Nacional, han ganado terreno con discursos que prometen mano dura contra el narcotráfico y avalan la expulsión de migrantes sin papeles. Hace cuatro años —cuando el saliente presidente Gabriel Boric se impuso a Kast— los comicios estuvieron centrados en la agenda de valores y libertades individuales tras las masivas y violentas protestas de 2019 y 2020 que demandaban cambios estructurales como una reforma de pensiones, la sustitución de la Constitución redactada durante la dictadura militar (1973-1990) y mejoras en la salud y educación. Pero la aparición en los últimos años de fenómenos hasta entonces desconocidos, como el ingreso de bandas del narcotráfico, el consecuente aumento de la violencia y una inmigración irregular sin precedentes, ha generado un cambio en las preocupaciones del electorado y moldeado también los discursos políticos.  Así, los candidatos han centrado sus programas de gobierno en los llamados “temas de contingencia” que aspiran a transmitir tranquilidad a los ciudadanos, pero en los que queda poco o nulo debate sobre temáticas como los derechos reproductivos, la política ambiental o los derechos de la comunidad LGBTI, indígena y otras minorías. Tampoco se han abordado en los debates y las campañas proyectos en materia de política exterior o fomento a la educación.      Las claves de la jornada  Las elecciones de este domingo estarán marcadas por cinco claves esenciales, según expertos. La primera es la composición del Congreso, donde el equilibrio entre oficialismo y oposición definirá mayorías y reconfiguraciones internas, especialmente en un escenario fragmentado en cuatro bloques. La segunda es la participación, influida por el voto obligatorio y por el comportamiento electoral de comunas con alta población migrante. En tercer lugar, destacan los votos nulos y blancos, que podrían crecer ante la amplia oferta parlamentaria y el cansancio ciudadano. La cuarta clave es el voto escondido, difícil de medir y potencialmente decisivo en un contexto con más outsiders y candidaturas tradicionales tensionadas. Finalmente, en una derecha dividida en tres, será determinante el rol de los alcaldes en la movilización.

El Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Tomás Alejandro Aguirre Martínez a 7 años de prisión efectiva como autor del homicidio simple de Heberth Sánchez (19), repartidor de delivery. El hecho ocurrió en diciembre de 2022 en la comuna de Ñuñoa. La sentencia representa menos de la mitad de la pena de 15 años de presidio que había solicitado el Ministerio Público. El imputado, de 29 años, cometió el crimen luego de que el repartidor, de nacionalidad venezolana, llegara a un edificio de Avenida José Pedro Alessandri para entregar un pedido. Aguirre Martínez bajó desde su departamento en el sexto piso para recibir la hamburguesa que había solicitado. Al momento del encuentro, el condenado comenzó a insultar a Heberth Sánchez por la demora en la entrega y lo empujó repetidas veces. Acto seguido, Aguirre Martínez agarró un cuchillo que llevaba escondido detrás de su espalda y apuñaló en el tórax al joven repartidor. La víctima falleció casi al instante a causa de un shock hipovolémico. Las investigaciones revelaron que, incluso antes de la llegada del repartidor, el agresor lo había increpado y amenazado a través de la aplicación Rappi por la demora del pedido. En la determinación de la pena, el tribunal consideró que el acusado resultó responsable de un “delito consumado de homicidio simple, contemplado en el artículo 391 N°2 del Código Penal, el cual se encuentra sancionado con la pena de presidio mayor en su grado medio”. No obstante, la sentencia aplicó una rebaja. El fallo explica que “conforme a este último, que consigna, ‘Se aplicará asimismo la pena inferior en uno, dos o tres grados al mínimo de los señalados por la ley, cuando el hecho no fuere del todo excusable por falta de alguno de los requisitos que se exigen para eximir de responsabilidad criminal en los respectivos casos de que trata el art. 10’”. La defensa de Aguirre Martínez presentó atenuantes que el tribunal acogió. La resolución señala que “concurriendo en el caso una disminución de la imputabilidad que, como se anotara, se encuadra en lo previsto en el artículo 11 N°1 en relación con el 10 N°1 y 73, todos del Código Penal”. El tribunal fundamentó la reducción de la pena en los problemas de salud mental y consumo de drogas del condenado. biobiochile.cl

Mujer fue formalizada por estafa.   Por estafa y falsificación o uso malicioso de instrumento privado fue formalizada una mujer en Villa Alemana. Esto, tras ser sorprendida inventando una grave enfermedad de su hijo para pedir dinero en su colegio.  Ocurrió en el Colegio Nuevo Milenio de la citada comuna y entre los elementos que la acusada usó para pedir dinero asegurando que su hijo debía ser operado de manera urgente por una afección grave en su corazón estuvo un bono PAD que correspondía a una atención previa y que no tenía ninguna relación con el supuesto mal que tenía el niño.  La Estrella de Valparaíso señala que tras la formalización, la presidenta del Centro General de Padres, Fabiola Ávila, señaló que si bien no alcanzaron a entregar los dineros solicitados a la mujer, sí pudieron averiguar que sería una práctica que habría realizado previamente en otras instancias.  A Avila y el resto de los apoderados les llamó la atención que mientras pedía dinero también la acusada hacía viajes fuera del país. “Vimos que ella se iba de vacaciones al Caribe con su familia, que obligaba a uno de sus hijos a grabar para mandar información (...)”, detalló. Junto con aquello, aseguró que esperan que el tribunal decrete una sanción ejemplificadora.  Por su parte, el abogado patrocinante en esta causa, Cristián Canifrou, remarcó que las sospechas de los padres y apoderados y que llevaron a presentar la querella se basaron en el comportamiento de la imputada. Esto se gestó “ante la insistencia y la celeridad que ella pedía respecto a estas ayudas”.  “La directiva del Centro General de Padres hizo algunas consultas con el organismo por el cual ella había acompañado documentos y se logra establecer que esta documentación era completamente falsa, se pone en conocimiento del colegio y la imputada inmediatamente retira a los hijos del colegio y termina el año escolar para ella”, acotó.  Para el 18 de diciembre próximo quedó fijada la audiencia para debatir salida alternativa o acuerdo reparatorio. El plazo de investigación es 60 días y la imputada quedó sin cautelares. Emol

En marco de la guerra en Bosnia, occidentales ricos pagaron por apostarse en las colinas que rodeaban la ciudad para disparar a los civiles por mero ocio. Durante casi dos años el escritor italiano Ezio Gavazzeni recabó datos y testimonios que, a su parecer, prueban que occidentales ricos pagaron para “cazar” civiles durante el asedio de Sarajevo, unos hechos que investigan los fiscales: “He demostrado que no era una leyenda urbana”, asegura a EFE. “Aunque la investigación vaya mal, aunque en el peor de los casos los italianos que participaron en ello estén muertos, puedo afirmar que estos hechos ocurrieron, que no se trató de una leyenda urbana. He entregado evidencias importantes”, afirma por teléfono el escritor desde su casa de Milán (norte). Gavazzani, junto a los abogados Nicola Brigida y Guido Salvini, entregó al fiscal milanés Alessandro Gobbis todos los documentos que sostendrían que durante el cruento sitio de Sarajevo, entre 1992 y 1996, occidentales ricos pagaron por apostarse en las colinas que rodeaban la ciudad bosnia para disparar a los civiles por mero ocio. Las pruebas, explica, son básicamente testimonios y desde el pasado octubre se encuentran en poder de la Fiscalía, que ya se dirigió al Tribunal de La Haya para pedir la declaración de un bombero estadounidense que ha venido sosteniendo la misma tesis. El escritor asegura que en esta práctica salvaje participaron “numerosos” italianos pero cree que, “estadísticamente”, al menos un tercio ha muerto y el restante tienen entre 65 y 82 años de edad. Naturalmente no da nombres, pero alberga la “esperanza” -y recalca esta palabra- de que los fiscales localicen vivo a alguno de estos “francotiradores” para que sean juzgados, ya que los casos agravados de homicidio como este no prescriben en el ordenamiento italiano. “Espero que se identifique a 2 o 3 personas con vida”, augura. Su investigación ha dado la vuelta al mundo y el escritor confiesa sentirse “estresado” por la avalancha de llamadas que recibe cada día: “Pero me alegra que mi trabajo dé resultados”, reconoce, aunque lamentando no haber tenido listo un libro que vender sobre el tema. Tras conocerse la apertura de la investigación en Milán, un militar y agente de inteligencia del ejército bosnio, Edin Subasic, reveló en una radio de su país que durante el asedio supo de la presencia de italianos adinerados que se sumaron a estas “cacerías”. El abogado Brigida, que formó parte del juicio por los desaparecidos italianos del Plan Cóndor y que ha ayudado al escritor a recopilar la información, ha explicado que los occidentales ricos accedían a la zona a través de la ciudad italiana de Trieste, en la frontera con Eslovenia y puerta de acceso a los Balcanes. Esta “caza de civiles” por millonarios extranjeros ya había sido denunciada en el documental “Sarajevo Safari” (2022) del director esloveno Miran Zupancic, sosteniendo que estos ‘cazadores’ procedían de Italia, Estados Unidos o Rusia, aunque sin aportar nombres. Y en noviembre de 2022 la Fiscalía de Bosnia-Herzegovina se abrió a analizar las informaciones de esta película tras una denuncia interpuesta por la entonces alcaldesa de Sarajevo, Bengamina Karic. Emol

"Antes te robaban el teléfono; ahora te cortan un brazo por él", dice Nur Faride, una joven chilena en Santiago. Así comienza un artículo del diario británico The Economist titulado "Chile se encamina hacia un giro brusco a la derecha". En su publicación, The Economist aborda los días previos a las elecciones presidenciales y parlamentarias que se realizarán este domingo en Chile, en donde destacó que "la delincuencia y la violencia son la principal preocupación de sus compatriotas". Según Ipsos, resaltó el medio un 63% de los chilenos afirma estar preocupado por la delincuencia, siendo el segundo porcentaje más alto de personas preocupadas por ello en 30 países consultados y supera a naciones con altos índices de homicidios, como México, Sudáfrica y Colombia. "La seguridad y la inmigración han dominado la campaña", resaltó The Economista, añadiendo que los aspirantes de derecha compiten por proyectar una imagen de firmeza. "La Constitución impide que Gabriel Boric, el joven presidente de izquierda, sea reelegido. La izquierda, que celebró primarias en junio, está representada por Jeannette Jara, del Partido Comunista. Al ser la única candidata de izquierda, Jara parece encaminada a ganar la primera vuelta", dice, agregando que, sin embargo, es improbable que alcance el 50% de los votos necesario para ganar directamente, y probablemente tendrá dificultades en la segunda vuelta del 14 de diciembre contra el candidato de derecha más popular. En ese sentido, resalta que el rival más probable de Jara es José Antonio Kast, quien ya perdió frente a Boric en 2021 y hoy aparece fortalecido en un electorado más escorado hacia la derecha. The Economist señala que el líder republicano ha suavizado su "conservadurismo moral" para concentrarse en seguridad e inmigración, a las que culpa del deterioro del orden público. Promete un "gobierno de emergencia", cierre de fronteras mediante "zanjas, muros y drones" y la detención y deportación de inmigrantes irregulares. Según el medio, la estrategia de Kast se apoya en ejemplos externos, como el del salvadoreño, Nayib Bukele. Aunque los datos muestran que la tasa de homicidios cayó de 6,7% en 2022 a 6,0% en 2023 y podría acercarse a 5% este año, el discurso de mano dura domina, según la publicación. Los expertos citados en el artículo, afirman, sin embargo, que "las personas nacidas en el extranjero cometen menos delitos que los chilenos”, aunque estuvieron “ligeramente sobrerrepresentadas" en homicidios en 2022. El artículo también subraya que, dentro del sector, Kast disputa apoyos con Evelyn Matthei, exalcaldesa de Providencia y representante del establishment de centroderecha.  "Lideró encuestas durante meses, pero ha sido desplazada por la contundencia discursiva de Kast en materia de seguridad". También destaca la irrupción el diputado y exyoutuber Johannes Kaiser, aún más a la derecha, y menciona algunas medidas que ha defendido el candidato libertario, como reinstaurar la pena de muerte. The Economist señala que, de confirmarse las encuestas, tanto Kast como Matthei derrotarían con holgura a Jara en segunda vuelta, mientras que Kaiser abriría la incertidumbre. Lo que sí parece claro es que la derecha podría obtener una mayoría, aunque fragmentada, en ambas cámaras, algo inédito desde el retorno a la democracia. Según el artículo, un eventual triunfo de Kast o de otro candidato de derecha en diciembre "podría llevar a Chile a un nuevo rumbo". Emol

El Juzgado de Letras del Trabajo de Arica condenó a las Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae) por el despido indebido de operador de máquinas que viajó por un día al extranjero estando con licencia médica psiquiátrica. La empresa había afirmado que el funcionario, que viajó por el día a la ciudad peruana de Tacna, había faltado a la probidad y que tuvo una "conducta inmoral" al salir de su domicilio durante su reposo psiquiátrico, lo cual fue descartado por el tribunal. El juez Fernando Morales explicó en el fallo que "aquel reposo no implica que el trabajador deba estar encerrado en su casa o en el lugar indicado en la licencia médica, sin oportunidad de salir de allí, nunca y por todo el período del descanso". "La licencia médica no es una orden de arresto domiciliario total para el trabajador, ella no contiene la idea de reclusión, de confinamiento, de aprisionamiento. Debe entenderse que la licencia médica contiene el derecho del trabajador de ausentarse del trabajo para recuperar su salud, y que para ello se dispone de un período de tiempo de reposo en un lugar determinado, pero en caso alguno como una medida de reclusión o encierro permanente por ese lapso", se lee en el documento. De esa forma, se zanjó que "la forma como el trabajador hace uso de ese reposo o descanso es privativo suyo en cuanto se genera en el ámbito de su vida privada, fuera del contrato de trabajo, y por tanto para el empleador no puede tener ninguna significación, ni directa ni indirecta, el uso de la licencia médica". Para el tribunal, el viaje del funcionario "en caso alguno puede conformar una falta de probidad suya en el desempeño de sus funciones, puesto que ese día, y los días anteriores y posteriores, el contrato de trabajo, en cuanto a sus efectos, estaba suspendido, y por tanto ninguna obligación sujetaba al trabajador a su empleador, por lo que no pudo existir falta de probidad en relación a funciones de las que estaba dispensado, liberado". El fallo establece que no hay pruebas de que su viaje a Tacna y que la empresa estatal "acreditó lo infundado de esas causales; lo desprolijo de la carta de despido; la falta de hechos concretos y ciertos; la ausencia de pruebas suficientes; asimismo, la omisión en que incurrió la empleadora de una investigación interna pese a lo ordenado por la Contraloría General de la República; y, el abusivo alcance y evidente tergiversación que la empresa le dio a las instrucciones del organismo contralor". Por todo ello, se resolvió acoger la acusación de despido indebido por parte del trabajador contra Famae. Como consecuencia, se estableció que la compañía deberá dar una indemnización sustitutiva de aviso de despido por la suma de $1.019.104 y otra de $9.171.936 por los años de servicio del funcionario. Emol

La Fiscalía Oriente informó ayer que el médico Leonardo Alfredo González Castro quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva tras ser formalizado por fraude de licencias médicas falsas. De acuerdo con el Ministerio Público, el imputado extendió 27.727 licencias médicas entre 2021 y 2025, defraudando un total de $13.265.032.420. El Fiscal de Alta Complejidad Oriente suplente, Cristóbal Salazar, explicó en un punto de prensa que "creo que pudimos detallar de forma clara al tribunal los antecedentes que dan cuenta de la existencia de del delito de emisión de factura falsa, fraude de subvenciones, como también el delito de lavado de activos". La investigación surgió tras una denuncia de la Contraloría General de la República, que detectó a funcionarios públicos viajando al extranjero o asistiendo a casinos mientras estaban con licencia médica. Salazar afirmó que el acusado "es el mayor gran emisor a nivel nacional, de acuerdo a los parámetros que se establecen", detallando que emitió en junio y septiembre de 2024 más de 1.600 licencias médicas, lo que es el "estándar a nivel anual para poder establecer si un médico es gran emisor o no". Sobre el modus operandi, el persecutor señaló que "ofrecen licencias médicas por diversos medios, como internet, las que tienen un monto asociado, el cual pagan las personas y obtienen la prestación". Agregó que "se dio cuenta de que existían diversos funcionarios públicos que se beneficiaron de las licencias emitidas por este gran emisor". Se indaga si el acusado contó con la colaboración de capturadores, pues terceras personas recibían las transferencias de los compradores. El tribunal fijó un plazo de investigación de 100 días. Emol

El Cuarto Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago condenó al exdirector general de la PDI, Héctor Espinosa, como autor de los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. Además, a su esposa, María Magdalena Neira, quien era funcionaria del Servicio de Impuestos Internos (SII), también se le imputó el delito de lavado de activos. Además se resolvió que "se acoge la demanda civil interpuesta por el Fisco de Chile, por el monto total demandado, con los reajustes y costas que serán indicados en la sentencia". La Fiscalía solicita un total de 20 años de prisión para el exdirector de la PDI: 10 por malversación de fondos públicos, 5 por falsificación de documentos y otros 5 por lavado de activos. En tanto, para Neira, se solicitan 5 años por el delito de lavado de activos. En tanto, la lectura de sentencia se fijó para el 1 de diciembre. Acusación Según la acusación del Ministerio Público, Espinosa habría sustraído, entre 2015 y 2017, al menos $146 millones desde dependencias institucionales en Santiago. Además, mientras mantenía el alto cargo en la PDI, habría entregado declaraciones falsas a la Contraloría General de la República respecto al uso de fondos reservados entre 2015 y 2017. Espinosa afirmó haber utilizado esos fondos al tenor del artículo 6 de la ley 19.863, pero de acuerdo a la Fiscalía, estos eran sustraídos y usados para fines personales. Respecto al delito de lavado de activos, se le acusó realizar "maniobras para ocultar el origen ilícito de los fondos" junto a su esposa. Emol