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“El juez Aceituno va a tener que resolver casos de acoso sexual sobre los cuales él mismo ya ha sido condenado”

Por La Prensa Austral domingo 15 de marzo del 2020

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El Código del Trabajo entiende el acoso laboral como toda conducta que constituya una agresión u hostigamiento reiterado en contra de una determinada persona. Estas acciones pueden ser ejercidas no sólo por el empleador, sino también por otros trabajadores o pares, a través de cualquier medio presencial u online.

En Chile no contábamos con datos sobre la incidencia de estos comportamientos en los lugares de trabajo; sólo con cifras de denuncias ante la Inspección del Trabajo.

El año 2019, las denuncias de abusos laborales y sexuales, según la Dirección del Trabajo aumentaron en un 17% respecto del mismo período del año 2018, alcanzando un total de 1.380 casos, 1.069 de ellos de acoso laboral y un total de 311 que tuvieron que ver con acoso sexual.

De acuerdo a nuestra legislación laboral, la denuncia de acoso se puede realizar en primer lugar en la empresa y si ella no responde o no entrega garantías de protección o confidencialidad, están las instancias de Tribunales y la Inspección del Trabajo.

Icare y ChileMujeres durante el año 2019, realizaron la primera encuesta sobre acoso en los lugares de trabajo, donde un 53% de las empresas encuestadas declararon haber tenido casos de acoso laboral y el 37% de acoso sexual en los últimos 5 años.

A raíz de esto, muchas organizaciones han realizado distintos protocolos para evitar el acoso en universidades y empresas. Uno de los casos más reciente es la firma del convenio entre el Colegio de Abogados de Magallanes A.G. y la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (Anejud) Magallanes, quienes hicieron público su colaboración y asesoría legal en materias de acoso sexual y laboral, impulsada por el traslado del juez Pablo Aceituno a la Región de Magallanes.

El juez Aceituno fue trasladado a Porvenir, tras la sentencia de la Corte Suprema, donde el profesional es sancionado por acoso sexual contra una funcionaria, en tiempos que era juez titular del Primer Juzgado de Letras de San Fernando. Según la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, esta medida fue realizada para proteger a la víctima y que es la primera vez que la Corte Suprema adopta una medida de protección de este tipo.

El secretario del Colegio de Abogados, Benjamín Sagredo Reyman, indicó que “llama la atención el comunicado que recibimos que no da respuesta frente a los planeamientos y a la política de género, y también la omisión respecto a otros detalles que producen indignación. El magistrado recibió una remuneración que incrementa su estipendio por una asignación de zona, sino que además recibió una asignación que viene dada por el traslado, es decir, recibe una especie de bono luego de ser sancionado”.

El vicepresidente del Colegio de Abogados, Mauricio Sandoval Romero, manifestó que a raíz de la preocupación que ha generado el caso del juez Aceituno, concluyeron en realizar algunas medidas prácticas y concretas en materia de vulnerabilidad en derechos fundamentales.

“Esto no es un reproche. Su sentencia va de la mano con su ejercicio profesional, él va a tener que conocer y resolver casos de acoso sexual y vulneraciones de derechos, sobre los cuales él mismo ya ha sido condenado. Este reproche no va en abstracto con la idoneidad moral que uno pueda exigirle a un funcionario público, sino que va en específico a las competencias que él debe tener para que haya legitimidad en lo que resuelve. Como mencionamos anteriormente la región de Magallanes no es una judicatura de castigo”, declara Sagredo.